Izquierda Unida, a través de sus diputados Enrique Santiago y Félix Alonso en el Grupo Plurinacional Sumar, ha registrado sendas iniciativas en el Congreso dirigidas al Gobierno en funciones relativas a casos de corrupción aparecidos recientemente en los medios y que afectan presuntamente a un significativo número de mandos y agentes. En ellas plantean, entre otras cuestiones, si el Ejecutivo piensa “remodelar la estructura orgánica de la Guardia Civil para que la unidad de asuntos internos del Cuerpo cese en su dependencia actual de un general para hacerlo directamente de su director general o de la Secretaría de Estado de Seguridad, en aras de garantizar su independencia y la diligencia debida en sus investigaciones”.
En concreto, los parlamentarios de IU resumen que tanto el denominado ‘caso Cuarteles’, surgido del ‘caso Mediador’, en el que se investigan presuntas irregularidades en obras realizadas en hasta 13 comandancias de la Guardia Civil, como la ‘Operación Grapa’ o el ‘caso Uniformes’, donde se investiga a una veintena de personas, físicas y jurídicas por presuntos amaños en contratos relacionados con uniformes del Instituto Armado, “ponen de manifiesto la ausencia de controles internos, el incumplimiento de las obligaciones en materia de transparencia y la inexistencia de canales que permitan a sus miembros denunciar prácticas corruptas o irregularidades que se produzcan en el Cuerpo”.
Esto es así en la práctica a pesar de que todo ello debería existir ya y la normativa en vigor obliga a través de la Ley 2/2023, de 20 de febrero, reguladora de la protección de las personas que informen sobre infracciones normativas y de lucha contra la corrupción.
En las iniciativas que impulsa IU se constata que más allá de estos casos “ya judicializados”, existen muchos otros que “ponen de manifiesto esa falta de transparencia, control y canales de denuncia internos”. Por ejemplo, el caso de la licitación de gorros para la especialidad de fiscal y fronteras, una prenda que no está regulada ni en el Real Decreto de Uniformidad, ni en la Orden General donde se regulan todos los uniformes de la Guardia Civil.
El proceso de licitación, en el que ya se ha contratado directamente la fabricación del 15% de prendas a una empresa privada, los diputados firmantes han constatado que “ha sido objeto de reclamaciones ante el Consejo de Transparencia y se están encontrado dificultades en el acceso de la documentación”.
A Enrique Santiago le consta también que “la Asociación Unificada de la Guardia Civil ha expresado su queja y ha reclamado en reiteradas ocasiones que se cumpla lo establecido en la Ley 2/2023 (que permite crear sistemas internos de información para que los miembros de cualquier entidad u organización trasladen quejas o denuncias)”, aunque hasta la fecha “siguen sin ponerse en marcha estos sistemas, ni se tiene una previsión pese a conocerse que estén dando algunos pasos en ese sentido”.
Por ello Santiago pide explicaciones escritas al Gobierno de “¿por qué no ha procedido a la implementación efectiva de un sistema interno de información en el plazo establecido en la Ley 2/2023, de 20 de febrero, reguladora de la protección de las personas que informen sobre infracciones normativas y de lucha contra la corrupción?” o si piensa dar pasos concretos a partir de esta norma para poner en marcha “un sistema internos de información que permita a los miembros de la Guardia Civil trasladar quejas o denuncias ante supuestas irregularidades o hechos delictivos”.
En esta línea, reclama que Interior concrete si ha hecho “algún nombramiento relacionado con el sistema interno de información de la Guardia Civil” y, de ser así, si hay “interpuesto algún recurso contra este nombramiento”.
Al portavoz de IU en el Congreso le preocupa en especial si se va a cambiar y mejorar “la normativa interna que regula el derecho de representación en aras de garantizar que las asociaciones profesionales de la Guardia Civil puedan tener acceso a los informes, licitaciones y tramitaciones relacionadas con la Subdirección de Apoyo”.
Entrando en casos concretos de supuesta corrupción, como el que tiene que ver con la fabricación de gorros, Enrique Santiago interroga al Ejecutivo “¿por qué se realizó una contratación directa a una empresa por el 15% de la totalidad de gorros que se querían adquirir previa a la licitación de ese contrato?” y si esta contratación “podría suponer una ventaja para la empresa que los fabricó, participando meses después en la licitación con pleno conocimiento de los costes de producción de este artículo”.
Por su parte, una vez que la Fiscalía Anticorrupción señala que diversos agentes de la Guardia Civil perpetuaron durante años un sistema corrupto de compra de uniformes, el diputado por Tarragona Félix Alonso plantea al Gobierno si ha abierto o lo va a hacer, más allá de la investigación judicial, “expediente informativo al servicio de abastecimiento SABAS” u otras medidas “para que hechos como el investigado no vuelvan a suceder”.
Respecto a las compañías afectadas, pide al Gobierno que detalle qué empresas han participado en esta trama e interroga si “tiene previsto algún tipo de sanción” por su actuación.
Además, Alonso apunta al hecho de que tanto desde la Guardia Civil como desde Interior siempre han justificado el alto porcentaje de puestos de trabajo en el Cuerpo por la vía de la libre designación, muy superiores (hasta 4 veces más) a los existentes en Policía Nacional. Lo justifican por la confianza que requiere el tratamiento de esta información o los recursos que se destinan.
De ahí que pregunte si “el personal implicado en la investigación citada lo estaba en vacante de libre designación” y, de ser así y dado que esto no ha impedido la supuesta corrupción detectada, si “se está estudiando modificar el sistema de designación”.
