El portavoz parlamentario de Izquierda Unida y en materia de Interior de Unidas Podemos, Enrique Santiago, ha anunciado esta tarde en el Pleno del Congreso que su grupo va a presentar “una proposición de ley para desarrollar el artículo 38 de la Ley de Asilo para garantizar vías seguras y efectivas de acceso al asilo”. Denunció que “se nos acaba esta legislatura sin cumplir el mandato” de esta norma, por lo que ofreció a todos los grupos parlamentarios “sumarse a esta iniciativa”.
Santiago lanzó esta propuesta durante el debate de una moción del PNV para que el Gobierno explique qué va a hacer para ‘otorgar plena efectividad al procedimiento establecido a través de sus embajadas y consulados para facilitar la presentación de solicitudes de protección internacional’.
El diputado y dirigente de IU mostró con rotundidad “nuestro compromiso con los Derechos Humanos y con la protección de las personas que huyen de la persecución” y adelantó el respaldo de Unidas Podemos a la moción “porque es necesario establecer vías seguras para que las personas refugiadas puedan disfrutar de una protección internacional efectiva”.
Recordó que “España tiene ya un cupo anual de reasentamiento” y que “el Gobierno ha anunciado un acuerdo con Estados Unidos para establecer una vía complementaria al reasentamiento para inmigrantes vulnerables y refugiados latinoamericanos, en este caso”.
Valoró todo ello como “pasos positivos”, pero indicó que “hay que ampliarlos donde más riesgo sufren las personas que buscan protección en España, es decir, el norte de África”.
“Es una aspiración humanitaria ante la tragedia del desplazamiento forzado y los miles de fallecidos en las rutas migratorias, pero también es una obligación legal”, dijo. Detalló que la Convención de Ginebra de 1951 “es también ley interna en nuestro país y hay un compromiso del Estado de proteger a los perseguidos”.
Santiago denunció que “este compromiso únicamente no lo entienden los que acostumbran a perseguir a los demás o los que nunca se han tenido que exiliar”.
Insistió en que la Ley de Asilo española “contiene un mandato” para desarrollar el contenido de su artículo 38, el traslado al territorio español de quienes presentan solicitud de protección en embajadas y consulados de España.
Como experto en la materia, destacó también que el Tribunal Supremo “nos ha recordado la importancia del principio de legalidad. De eso estamos hablando hoy aquí, de cumplir la ley”, porque ese artículo 38 “remite al reglamento para establecer literal ‘las condiciones de acceso a las embajadas y consulados’ de las personas que deseen solicitar asilo y remite al ‘procedimiento para evaluar las necesidades de traslado a España’”.
Advirtió que es “la tercera vez en esta legislatura que discutimos cómo cumplir la ley de 2009, 14 años después de aprobarse” y recordó que el pasado noviembre “el ministro de Interior se comprometió ante este Pleno a aprobar la norma de desarrollo. Dijo literalmente ‘podemos hacer la reforma del reglamento que ha referido en materia de legaciones diplomáticas’, refiriéndose a nuestra petición”.
Enrique Santiago apuntó que “no existe ningún impedimento para aprobar este reglamento, al contrario, se trata simplemente de sistematizar y dar seguridad jurídica a lo que se ha realizado los últimos años, por ejemplo, desde nuestras embajadas en Islamabad o Teherán. Por seguridad jurídica, se necesita una norma que establezca el criterio a seguir por nuestros funcionarios”.
Acusó a la extrema derecha de Vox de que su posición es “pura demagogia”, ya que “reniegan de cualquier ayuda a los refugiados, criminalizan a las organizaciones que los atienden y piden máxima dureza”, eso sí, “salvo que se trate de refugiados blancos y cristianos, en ese caso sí defienden puertas abiertas y ayudas por parte del Estado”.
Para frenar lo que tacó de “demagogia xenófoba”, Santiago indicó que “quienes creemos en el derecho de asilo como mecanismo de protección a quienes sufren persecución debemos responder con normas claras, con seguridad jurídica, desterrando cualquier arbitrariedad del Estado. Solo así se constata la calidad de un Estado de Derecho”.
El artículo 38 se refiere a personas que se encuentren fuera del país de su nacionalidad, es decir, que se encuentran en tránsito o en un país que no ofrece garantías de seguridad. El portavoz parlamentario de IU destacó que esto es así “a diferencia de la anterior ley de 1984”, porque en la actual “no se trata de una solicitud de asilo por vía diplomática, sino de un mecanismo de solicitud para valorar el riesgo de la persona y autorizar su traslado a España para que, una vez aquí, formalice su petición”.
“Establezcamos en la norma -propuso- un canal seguro para que esas personas puedan hacer llegar sus solicitudes explicando la persecución que sufren”. Alegó que “no es difícil”, porque “se puede contemplar una vía telemática como las que ya existen para varios trámites de extranjería o a través de las entidades que trabajan en la atención humanitaria de las personas refugiadas, como la Cruz Roja, CEAR o agencias de las Naciones Unidas”.
Enrique Santiago entiende que estas organizaciones “pueden aportar su valoración de los riesgos de seguridad que sufren los solicitantes, criterios que ayudarán a tomar decisiones a los órganos competentes. Por cierto, un mecanismo que ya estaba establecido en la anterior ley de asilo de 1984, en su artículo 16”.
