Izquierda Unida, a través de su portavoz federal, Sira Rego, ha expresado “todo el apoyo y la solidaridad” a los/as trabajadores/as de la Administración de Justicia que hoy han iniciado una huelga indefinida.
Rego ha recordado en una rueda de prensa telemática que esta movilización se debe a la reclamación de “mejoras salariales”, pero también a la “exigencia de una participación activa” en el desarrollo y aprobación de la Ley Orgánica de Eficiencia Organizativa (LOEO).
IU ha sido la primera formación que, a través de su grupo parlamentario de Unidas Podemos, se ha reunido en el Congreso con los sindicatos convocantes del paro. Lo hizo el pasado miércoles su portavoz parlamentario, Enrique Santiago, en dependencias del Congreso, donde mantuvo un encuentro con representantes de CCOO, UGT, CSIF y STAJ para tratar este asunto y pudo conocer de primera mano sus quejas sobre las graves carencias detectadas en su interlocución con el Ministerio de Justicia.
De hecho, Santiago, registró la semana pasada una completa batería de preguntas en la que insta a los responsables del Ministerio de Justicia a que actúen y lleguen a un acuerdo con los representantes de los/as trabajadores/as. Entre otras cuestiones, plantea directamente al Gobierno si teniendo en cuenta esta huelga “convocará la Mesa Sectorial de Negociación de la Administración de Justicia para llegar a un acuerdo con las organizaciones sindicales”.
Unidas Podemos ha defendido desde el primer momento -tal y como señala el Real Decreto Legislativo 5/2015 que aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público (TREBEP)-, que las materias que pretende regular la LOEO “deben ser objeto de negociación con las organizaciones sindicales”, en especial, todas las relacionadas “con la provisión y sistemas de clasificación de puestos de trabajo, la prevención de riesgos laborales, la movilidad funcional y geográfica, y los criterios generales sobre la planificación estratégica de recursos humanos”.
A pesar del mencionado acuerdo de negociación, Justicia remitió el 13 de abril de 2022 el texto del Proyecto de Ley de Eficiencia Organizativa al Congreso sin haber convocado la correspondiente Mesa de Negociación. Ya en el Parlamento, el mes de enero pasado se publicó el informe de ponencia de esta norma para su debate en la Comisión de Justicia, que no se ha convocado aún.
