El portavoz de Interior de Unidas Podemos, Enrique Santiago, ha reclamado hoy al secretario de Estado de Seguridad, Rafael Pérez Ruiz, “más medidas y mejoras para luchar contra la corrupción” y que no se repitan los “demasiados casos de injerencia” que hubo en la etapa de los gobiernos del Partido Popular.
Santiago ha techo esta valoración durante sus intervenciones de hoy en la Comisión de Interior en las comparecencias acordadas para tener más datos sobre el denominado ‘caso Cuarteles’ de corrupción protagonizada supuestamente por mandos y oficiales de la Guardia Civil. Además de Pérez Ruiz, también ha comparecido el jefe del mando de apoyo de este Cuerpo en Madrid, el teniente general Arturo Espejo.
El portavoz parlamentario de Izquierda Unida indicó que “está muy bien” que este caso esté siendo investigado por Asuntos Internos del Instituto Armado, cuya labor consideró “encomiable”, sobre todo “porque siempre es un problema ‘quién vigila al vigilante’ y que esa vigilancia se realice con los debidos medios y eficacia”.
Sin embargo, constató “dudas y problemas” en el funcionamiento de estos mecanismos de control. “En términos generales -dijo-, en un Estado de Derecho la eficacia de estos mecanismos de control no puede depender de la voluntad del gobierno de turno, sino que tiene que haber normas que al margen de cuál sea ese gobierno permitan que especialmente los funcionarios y funcionarias que tienen que realizar las tareas contra la corrupción puedan realizar su trabajo”.
Santiago insistió en que “tenemos demasiados casos de injerencia en el combate de la lucha contra la corrupción por parte de gobiernos del Partido Popular”. Recordó como en el propio Congreso, “el inspector jefe Morocho ya nos relató el vía crucis que tuvo que soportar al frente de la UDEF (Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal) para poder investigar la corrupción de la contabilidad paralela de la financiación irregular del Partido Popular”.
A su juicio, “un sistema sólido debe de tener mecanismos y normas sólidas de investigación”. De ahí que, después de que el secretario de Estado indicara que Asuntos Internos tuvo que concluir la investigación de este caso en 2018 y tuvo que reportar sus conclusiones “al máximo nivel”, le preguntara directamente si “¿no sabía Asuntos Internos que ese máximo nivel eran parte de los investigados, en este caso el teniente general Vázquez Jaraba? Es decir, Asuntos Internos parece que reporta al general Martínez Alonso, que tiene que dirigirse al teniente general Pedro Vázquez Jaraba, que probablemente estaba en ese informe de Asuntos Internos”.
Para Enrique Santiago, “era muy previsible que al reportar a un oficial presuntamente implicado, este iba a hacer lo que hizo, ordenar que se archivara la investigación y que no continuara”.
Se felicitó por el hecho de que la investigación se pudiera retomar posteriormente gracias a una denuncia anónima a través de un correo electrónico anónimo y dijo que “puedo llegar a la conclusión de que haya sido el sistema un tanto pedestre que han tenido que utilizar los propios funcionarios de Asuntos Internos para que se volviera a reabrir la misma investigación”.
El portavoz de Interior de Unidas Podemos se refirió al hecho de que “estamos ante una investigación que da la impresión que afecta no a cualquier tipo de delincuencia, sino que parece que hablamos de una estructura criminal bien estructurada”. Basó su apreciación en que hasta ahora “al menos un capitán, un comandante, dos tenientes coroneles, un coronel, un general y un teniente general, más dos empresarios”, están supuestamente vinculados a este caso, “además de que han sido unas actuaciones de corrupción que han afectado al menos a nueve comunidades autónomas”.
Como ya hizo el pasado lunes en la comparecencia del ministro de Interior, Fernando Grande-Marlaska, valoró que “esto no se puede investigar en tres o cuatro juzgados territoriales y de forma inconexa”. Entiende que deben cumplirse el artículo 17 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, para que se puedan agrupar los delitos claramente conexos, cometidos por las mismas personas, la misma organización delictiva y que tienen analogía y relación entre sí, y el artículo 65 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, de tal manera que sea la Audiencia Nacional la que instruya esta causa.
Como también intentó con Grande-Marlaska, interrogó también al ‘número dos’ de Interior sobre si “la abogacía del Estado está personada en la causa en representación del ministerio y la Guardia Civil, o solo está personada como acusación la Asociación Unificada de la Guardia Civil (AUGC)”, a la que aprovechó para “felicitarles por el trabajo que están realizando en defensa del honor, de la eficacia y del buen nombre del Cuerpo”.
Insistió en conocer si “¿han solicitado ya los servicios jurídicos las debidas inhibiciones y acumulaciones para que esto se investigue con garantías en la Audiencia Nacional?”, ya que entiende que es donde claramente hay medios para que la investigación avance mejor.
Enrique Santiago consideró que “hay que tomar medidas para reformar el funcionamiento de la cadena de mando, para evitar injerencias contrarias a la ley que puedan darse en supuestos como éste” y también “para que se garantice que en supuestos de corrupción no hay impunidad cuando la propia investigación depende de una cadena de mando que puede estar implicada, como parece que aquí ocurre, en las actividades delictivas”.
Los posibles cambios a adoptar también deben alcanza a “la definición de obediencia debida y diferenciar la que tiene que ver con el servicio, qué alcance tiene, y respecto a la defensa de la legalidad. Y quizá haya también que precisar la definición de exención de responsabilidad criminal del artículo 20 de nuestro Código Penal, cuando exime de responsabilidad criminal al que obra en cumplimiento de un deber y en ejercicio de un cargo, en un supuesto como este. Nos toca ser mucho más precisos”.
Explicó que hace poco se aprobó la ley 2/2023 de protección de las personas denunciantes de corrupción y se preguntó si “estas previsiones de protección solo alcanzan a los guardias civiles o a los policías cuando conozcan los hechos de corrupción al margen de las investigaciones que realizan”.
Animó también a que en este combate de la corrupción “tengan un papel las asociaciones profesionales”, que los cuerpos policiales dejen de regirse por el Código Penal Militar y que pueda haber también sindicatos en la Guardia Civil, igual que los hay en la Policía Nacional.
Recordó que la AUGC ha planteado un Código de Buenas Prácticas de Lucha contra la Corrupción y “animó” a que se ponga en práctica o que se trabaje en este sentido. Incluye crear una “Comisión de Trabajo en seno del Consejo de la Guardia Civil” para evaluar los privilegios injustificados, la revisión de las normas que regulan la elección de oficiales generales para que se garanticen los principios de igualdad, mérito y capacidad”.
La Dirección General de la Guardia Civil “debe contar con un gabinete civil de su elección y confianza”, porque no puede organizarse como si fuera una unidad militar; debe haber un “sistema de auditoría interna eficaz de los contratos de obras” y “una nueva ley orgánica que regule los derechos y deberes de los miembros de la Guardia Civil”, además del fin de determinados privilegios. Puso el ejemplo de cómo el teniente general detenido, ya fuera del servicio activo de la Guardia Civil, seguía teniendo un coche oficial, con un agente como chofer, y vivía en un piso de este Cuerpo.
