La derogación de los puntos más lesivos de la denominada ‘ley mordaza’, la Ley de Protección de la Seguridad Ciudadana impuesta por el Gobierno del Partido Popular en 2015, ha decaído esta mañana después de que los grupos independentistas de ERC y Bildu decidieran sumar sus votos a los de la derecha y ultraderecha del PP y Vox, ante el regocijo de estos últimos con aplausos y vítores incluidos de sus diputados al término de la Comisión de Interior.
Antes de la votación, Enrique Santiago, portavoz parlamentario de Izquierda Unida y portavoz de Unidas Podemos durante los más de tres años que ha dudado la negociación de este asunto había asegurado en su intervención que “tenemos al alcance de la mano acabar con la ‘ley mordaza’ del Gobierno de Rajoy y sería un drama dejar caer hoy la reforma cuando queda todavía tiempo para seguir construyendo acuerdos las próximas semanas”.
“Ningún demócrata y nadie de izquierda lo entendería”, indicó a manera de resumen, por lo que pidió “el apoyo a todas las fuerzas democráticas y de izquierdas para continuar trabajando”. ERC y Bildu estaban más pendientes de las bancadas de PP y Vox.
El informe que se aprobó en la fase de Ponencia en febrero fue rechazado entorno a las 12,45 horas por 19 votos en contra y 18 a favor. De esta forma, los más de 60 cambios pactados en el texto de la norma durante meses entre los grupos de izquierda se fueron por el desagüe, al decaer la reforma y ser imposible enviar el dictamen del informe al Pleno del Congreso por la suma de votos de derecha, ultraderecha e independentistas catalanes y vascos.
Enrique Santiago explicó de forma pormenorizada durante su intervención que “en la ponencia aprobada ya se ha recuperado la inmensa mayoría de los recortes de libertades que introdujo el Gobierno de Rajoy”.
“Además -detalló-, también ha caído la mordaza contra la protesta social: han desaparecido las sanciones por ocupaciones de oficinas públicas o bancarias, desaparece la sanción por protestas ante o en infraestructuras si no suponen riesgo grave para las personas, se reducen las responsabilidades de los convocantes de manifestaciones por actos de terceros o las cuantías económicas de todas las sanciones”.
El portavoz parlamentario de Izquierda Unida y responsable de Interior del grupo de Unidas Podemos siguió desgranado los avances que se había alcanzado y que el tacticismo electoral de algunos ponía en peligro. Destacó que “por primera vez se establece un criterio de ponderación en las sanciones, pagarán más quienes más ingresan y menos quienes menos ingreses, por ejemplo, los pensionistas”.
Valoró también como “un cambio radical del modelo de convivencia ciudadana”, que se pudiera sustituir “la sanción por acciones de restauración, de reparación del daño causado, actuaciones reducativas y actos de mediación y conciliación”.
Enrique Santiago volvió a tender la mano, igual que Unidas Podemos ha hecho durante meses al ser prácticamente el único grupo que ha presentado decenas de textos con propuestas para consensuar las diferentes posturas, y recordó que “hoy estamos ante un trámite más que no debería ser el último. El procedimiento legislativo permite seguir trabajando sobre las cuatro cuestiones sobre las que hoy presentamos enmiendas transaccionales susceptibles de trabajarse y mejorarse, muy similares, por cierto, a las que acaban de presentar Bildu, Junts y ERC”.
Detalló de manera pormenorizada y pública, lo que otros han eludido en todo este proceso, que “la enmienda sobre desobediencia que hoy traemos nada tiene que ver con la actual regulación, imprecisa, además de considerarse leves conductas que ahora eran graves” y que “la enmienda pendiente sobre faltas de respeto también es más garantista y objetiva. No son sancionables las expresiones o actos irrelevantes de disconformidad, ni el ejercicio de la libertad de expresión, que se refuerza como derecho fundamental, evitando sanciones arbitrarias o desproporcionadas”.
“Sigamos trabajando, señorías -incidió-, conforme a los criterios que ayer mismo recibimos por parte de las organizaciones de Derechos Humanos. Para eso traemos una propuesta en la que por primera vez en España ordena regular el uso del material antidisturbios mediante protocolos, con participación de la sociedad civil y expertos, obligando a utilizar siempre los que resulten menos lesivos, incluyéndose la prohibición de cualquiera de estos medios. Esta remisión legal no existe hoy en ninguna ley de policía en todo el territorio del Estado”.
Y señaló también que “traemos una propuesta sobre regulación del acceso a frontera de extranjeros, es decir, traemos propuestas sobre los cuatro asuntos que a algunas fuerzas les parece que son el centro de la Ley de Seguridad Ciudadana”.
“En Unidas Podemos creemos que el centro de esta ley y sus aspectos más lesivos son otros: los referidos a la protesta social, los derechos de reunión, manifestación y expresión, es decir, los que ya se han modificado en la ponencia”, dejó claro.
Ante el desconocimiento general y determinadas manipulaciones propiciadas por algunos, Santiago comentó que “no creemos que asuntos que se regulan por otras leyes de policía -las pelotas de goma ni se mencionan en la Ley de Seguridad Ciudadana- o en leyes de extranjería, aun siendo muy importante, deban considerarse el núcleo de esta ley. No puede ser que por estos aspectos pueda decaer esta reforma”.
En un tono más político, Enrique Santiago había iniciado su intervención explicando que “la lucha por las libertades públicas y los derechos humanos siempre ha recaído sobre los demócratas y, en especial, sobre la izquierda. Las derechas han sido liberticidas por definición y cada vez que gobiernan o suprimen los derechos o los restringen al máximo”.
No dejó de recordar y advertir que “la derecha y la ultraderecha trabajan intensamente para impedir la aprobación de la reforma. Recordemos que ha sido en la misma sede del PP en la calle Génova donde se han reunido los sindicatos policiales contrarios a la reforma con la máxima dirección de la derecha española para planificar las movilizaciones contra esta reforma, incluyendo toda la posible desestabilización que sean capaces de organizar. Hoy mismo están concentrado en la puerta del Congreso pidiendo que se hunda este proyecto”.
Para evitar que la “coalición de fundaciones y sindicatos ultraderechistas, Jusapol y los partidos de derecha y ultraderecha alcancen su objetivo de dejarnos cinco años más con la ‘ley mordaza’ del Gobierno de Rajoy, creemos que tenemos que continuar dispuestos a seguir construyendo acuerdos hasta el último momento, y ese último momento no es hoy”, dijo.
“No soportan -insistió- que se haya acabado la criminalización del derecho de reunión y manifestación, con las limitaciones a la libertad de expresión e información, no soportan el cambio del modelo sancionador, la reducción de los importes de las sanciones o la incorporación de la sanción económica”.