Desde la Red de Activistas de Izquierda Unida por la Defensa del Sistema Público de Pensiones, queremos valorar positivamente el acuerdo alcanzado para la reforma del sistema público de pensiones. Consideramos que este acuerdo consolida una reforma que garantiza el poder adquisitivo de las pensiones públicas, elimina el recorte de estos como elemento de ajuste y cambia el paradigma para su sostenibilidad poniendo el foco en los ingresos.
Este acuerdo, dentro de los parámetros aceptables para Bruselas, es un paso adelante en la defensa de un sistema público de pensiones justo y sostenible. La redacción ambigua de la reforma del sistema permitía interpretaciones con muy diferentes conclusiones, y la pretensión de incrementar el período de cómputo de años para calcular la pensión de los 25 actuales a los 35 años no era aceptable para la clase trabajadora. Así, el eje del acuerdo ha pasado por mantener un sistema dual durante los próximos 20 años para que las personas trabajadoras puedan elegir si el cálculo de su pensión pública se realice con un cómputo de 25 años como hasta ahora o con 29 años, eligiendo los 27 años mejores.
Con el acuerdo alcanzado se demuestra que es posible una reforma que garantice la sostenibilidad de las pensiones públicas sin recortes de las prestaciones consolidando un mecanismo de equidad intergeneracional por la vía de obtener más ingresos fundamentalmente por parte de las empresas. Además, se garantiza la revalorización de las pensiones con el IPC, subirán las pensiones mínimas y las no contributivas hasta el 60% de la renta mediana y se mejorará la situación para las mujeres con el complemento de género y la cotización en etapas de laguna motivadas por cuidados.
Desde la Red de Activistas de IU valoramos como un paso adelante muy importante el acuerdo alcanzado entre las fuerzas políticas de izquierda que hicieron posible el gobierno de coalición y los sindicatos de clase. Sin embargo, es necesario ir mucho más allá: La reforma actual no devuelve la edad de jubilación a los 65 años que nos fue arrebatada sin diálogo y sin justificación alguna. Además, creemos que hay que abordar la vía de la obtención de más ingresos, como el necesario destope de la base máxima de cotización, para que disminuya la brecha de recaudación que existe con respecto a la medida de la Unión Europea y, por supuesto, no queremos que dentro de 20 años se amplíe el periodo de cálculo de las pensiones, siempre hemos defendido y seguiremos defendiendo la reducción de dicho periodo. Por eso, es necesario la unidad de las organizaciones políticas de la izquierda transformadora para que esta reforma sea el principio de una recuperación de derechos todavía mayor.
Garantizar pensiones públicas dignas y sostenibles es cuestión de voluntad política y de capacidad de llevarla a cabo. Ningún derecho conquistado o recuperado se podrá mantener sin movilización y sin lucha. Por ese motivo, habrá que defender esta reforma y los futuros avances en las instituciones y sobre todo, en las calles.
¡Son tiempos de organización y movilización!
