El portavoz de Interior de Unidas Podemos y portavoz parlamentario de Izquierda Unida, Enrique Santiago, ha planteado hoy al Partido Popular que si quiere hacer “creíble” que de verdad le preocupa el derecho de asilo de las personas migrantes “sean coherentes” y “se sumen a un gran consenso” en la reforma en marcha de la Ley de Protección de la Seguridad Ciudadana, más conocida como ‘ley mordaza’. Se trataría de eliminar la disposición final que impusieron en 2015 y que cumplan así su supuesta defensa “de los derechos humanos, se garantice el derecho de asilo y se establezcan las reformas necesarias” para que tragedias como la de la valla de Melilla “no vuelvan a ocurrir”.
Santiago planteó esta idea en su intervención en el Pleno del Congreso durante el debate de la moción en la que el PP ha plasmado su versión de lo ocurrido el pasado 24 de junio en la frontera melillense con Marruecos, una tragedia en la que habrían muerto al menos 23 personas migrantes, según las cifras oficiales aún sin contrastar.
“No es muy creíble la preocupación del Partido Popular por el derecho de asilo y menos utilizando 23 personas fallecidas”, explicó, antes de incidir en que “también pedimos al Partido Popular que sea coherente con el contenido de su interpelación del 21 de diciembre”, en la que la diputada y portavoz de Interior de la derecha, Ana Belén Vázquez, hoy ausente del debate, dijo literalmente que el objetivo de su iniciativa era ‘evitar nuevas tragedia humanitarias, defender los derechos humanos, garantizar el derecho de asilo’.
Enrique Santiago destacó con vehemencia que “pues muy bien, tenemos ahora la ocasión” y detalló que “de inmediato va a ir a la Comisión de Interior el debate sobre la Ley de Seguridad Ciudadana y continúa la misma disposición final que introdujo el PP”, la que abrió la puerta y pretendía legalizar las denominadas ‘devoluciones en caliente’.
“Les pedimos que se sumen a un gran consenso para, modificando esa disposición final, se cumpla lo que ha pedido la señora Vázquez: que se defiendan los derechos humanos, se garantice el derecho de asilo y se establezcan las reformas necesarias para que esto no vuelva a ocurrir. Es así como demostrará el Partido Popular su compromiso con el derecho de asilo”, resumió el portavoz parlamentario de IU.
Antes de todo, volvió a “trasladar nuestra solidaridad y respeto” a todas las víctimas de Melilla y a sus familias y recordó que “queda aún pendiente la reparación de las víctimas, aclarar el número exacto de muertos, desaparecidos y heridos, la identificación y el traslado de los fallecidos a sus lugares de origen y la puesta en libertad por Marruecos de todos los inmigrantes condenados cada uno a tres años de cárcel”.
Santiago dejó claro que desde Unidas Podemos “siempre hemos defendido el derecho de asilo y hemos rechazado las devoluciones en frontera de quienes huyen de catástrofes humanitarias”.
Recordó que “no pasó igual en El Tarajal” -el 6 de febrero de 2014 en la playa homónima ceutí, donde murieron 14 personas, además de otras 23 devueltas en caliente cuando trataban de entrar en Ceuta-, donde el PP “no asumió ninguna responsabilidad e incluso negó en un primer momento la utilización de pelotas de goma contra los ahogados”.
Insistió en que lo ocurrido en Melilla “es una tragedia repetida periódicamente en la frontera sur española”, en buena medida porque “no estamos cumpliendo ni la ley española ni la de la Unión Europea para garantizar que cualquier persona que lo necesite pueda solicitar asilo”.
Apuntó que en la valla melillense “igual que en El Tarajal, hubo muertos sin recibir ni asistencia médica de emergencia”. De ahí que “se requieren medidas concretas para que no ocurra nunca más”, porque “los refugiados africanos deben tener el mismo tratamiento que, por ejemplo, los refugiados ucranianos”.
Recordó al ministro de Interior, Fernando Grande-Marlaska, su compromiso para “garantizar el acceso a los puestos de solicitud de asilo en las fronteras, evitando que solo se pueda acceder a ellos a través del procedimiento en territorio nacional, es decir, una vez que se ha saltado la valla” y a que “en las embajadas y los consulados se puedan recibir solicitudes de asilo”.
La propia Fiscalía General del Estado indicó también literalmente el pasado 22 de diciembre que ‘si se promoviese el desarrollo reglamentario del artículo 38 de la Ley de Asilo, si se posibilitara el acceso real a la oficina de asilo del puesto fronterizo de Melilla, podrían reducirse los saltos a la valla o el número de participantes en los mismos’.
Enrique Santiago consideró “imprescindible, por supuesto”, que “se traslade a España al joven sudanés Basir, devuelto en la frontera de Melilla en junio y que el 13 de diciembre presentó su solicitud de protección internacional en la Embajada de España en Rabat. Casi dos meses después de haber solicitado asilo, ni ha sido trasladado a España, que es lo que dice la ley, ni ha recibido una sola comunicación de las autoridades españolas”.
Volviendo a las explicaciones más técnicas, indicó que el Tribunal Constitucional fijó la constitucionalidad de la disposición final primera de la Ley de Seguridad Ciudadana, esa misma “por la que el PP introdujo en la Ley de Extranjería todo lo relativo a las devoluciones en frontera”, eso sí, “siempre que se garantice el cumplimiento de las obligaciones internacionales de España, esto es, el derecho a la tutela judicial efectiva, a la asistencia jurídica gratuita y de intérprete, a la defensa en frontera, en concreto la formulación de alegaciones y la presentación de recursos”.
Estas exigencias del Constitucional, posteriormente reiteradas por el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, “dicen que son los ministerios los que deben implementar las medidas precisas para que se pueda solicitar asilo y protección en las oficinas diplomáticas o consulares españolas, o en los puestos fronterizos de Ceuta y Melilla, para que quienes intenten acceder a España mediante el salto de la valla no tengan que hacerlo por poder optar a acudir al sistema legalmente establecido”.
Por eso, propuso también a Interior que “a la mayor brevedad realice las modificaciones legales necesarias para ello, como nos dijo el pasado noviembre el ministro Marlaska que se iba a proceder de inmediato”.
