El portavoz parlamentario de Izquierda Unida y portavoz de Interior de Unidas Podemos ha destacado hoy en el Congreso la “necesidad democrática” de que “de una vez por todas acabemos con la reforma de la ‘ley mordaza’ de 2015 del Gobierno del Partido Popular, que estuvo tres años en vigor con el PP y que lleva ya cinco años más en vigor”.
Santiago ha realizado estas declaraciones en los pasillos de la Cámara Baja a la salida de la quinta reunión que ha mantenido esta mañana la Ponencia de la proposición de ley orgánica de Protección de la Seguridad Ciudadana, que lleva trabajando en la práctica desde hace más de un año para eliminar los contenidos más lesivos de la norma que impuso la derecha en su etapa de gobierno.
“Nuestra obligación es llegar a un acuerdo para poder reformarla”, destacó el diputado de IU, que ha tirado de frases célebres, entre ellas una del escritor y filósofo francés Voltaire, al recordar que “lo perfecto es enemigo de lo bueno”. Se refería así a la decisión que mantiene Unidas Podemos para “seguir trabajando” de cara a superar las diferencias que mantienen las formaciones progresistas del pacto de investidura sobre tres o cuatro puntos muy concretos.
Preguntado por estos temas, Santiago insistió en que “en este mes vamos a terminar la Ponencia -la próxima reunión está prevista para el próximo martes, día 31- y la verdad es que tener ya reformados 35 de los más de 50 artículos de la ley y más de la mitad de las sanciones pone de manifiesto que ya hemos avanzado muchísimo y lo vamos a seguir haciendo hasta el último momento”.
El portavoz de Izquierda Unida en el Congreso indicó que en el encuentro de hoy al que han asistido todos los grupos de la Cámara se han aprobado cuatro nuevas enmiendas parciales al articulado de la ley.
“Hemos avanzado -detalló- en lo que tiene que ver con las responsabilidades en las manifestaciones, para perfilarlas de una forma mucho más garantista”, además de que “por primera vez hemos incorporado en la legislación una sanción expresa para las personas que portan productos utilizados únicamente para provocar sumisión química, una sanción grave para dar mayor garantía al colectivo que está padeciendo este tipo de afectaciones, que son fundamentalmente las mujeres”.
Enrique Santiago expuso también que los avances habían alcanzado a “perfilar las competencias de los alcaldes en todo lo que tiene que ver con el ejercicio de sus funciones”, para que desde su ámbito municipal puedan sancionar supuestos como los problemas de consumo de alcohol en las calles, afectaciones al mobiliario urbano o al patrimonio municipal.