Izquierda Unida exige la tramitación como proyecto de ley del Real Decreto Ley 20/2022 aprobado el 27 de diciembre de medidas para paliar las consecuencias de la guerra en Ucrania. IU busca así “conseguir que se elimine la decisión que se incluye de eximir de evaluación ambiental a los proyectos de instalaciones de energías renovables, algo que rechazamos con rotundidad”, explica la portavoz federal, Sira Rego.
“Esta eximente no aporta ningún beneficio y va a ocasionar un rechazo aún mayor en los territorios donde se despliegan miles de proyectos, en ocasiones especulativos, sin el respaldo social necesario y sin tener el acuerdo de los municipios a los que afectan”, señala Rego.
Izquierda Unida distingue claramente que “una cosa son las iniciativas para flexibilizar los trámites que cuenten con amplio respaldo y otra bien distinta que algunas administraciones, grupos o personas vean cómo se aprueban proyectos en sus territorios y que les afectan muy directamente en nombre del ‘interés general’ sin que puedan intervenir en ningún momento”.
“Somos conscientes -expone la dirigente federal de IU- de que la lucha contra el cambio climático es una prioridad absoluta. Estamos comprometidos con la construcción de un nuevo modelo energético 100% renovable para el año 2050. Todo ello implica una verdadera revolución energética en nuestro país y en todo el mundo, con enormes retos técnicos y tecnológicos. Ambos objetivos, junto al ahorro y la eficiencia energética, es decir, el decrecimiento en el consumo energético, forman la base primordial e imprescindible de una transición energética”.
Sin embargo, esta transición “implica un ritmo que no está cumpliendo a nivel internacional, lo que pone en riesgo la única oportunidad que nos queda para salvar el planeta. Ahí entra en juego la necesidad de resolver los actuales retrasos en la tramitación de los proyectos, pero esto no se puede hacer a costa de generar inseguridad respecto al impacto que estos pueden tener en los territorios donde se instalen”, apunta Sira Rego.
Izquierda Unida considera que la evaluación ambiental “es una herramienta en ocasiones imperfecta, pero siempre imprescindible. Garantiza no solo que el impacto de una actividad como es la generación de energía eléctrica no dañe de manera irreversible el espacio en el que se desarrolla, sino que aclara qué medidas correctoras son necesarias para minimizar los impactos, incluso cuando estos no resulten alarmantes”.
Para esta formación, la implantación de las energías renovables “debe establecerse a partir de un planteamiento público, siguiendo criterios racionales, objetivos y transparentes. Debe aunar ser respetuosa con la población, que debe participar de las decisiones públicas que les afecten, y poder preservar la biodiversidad y los usos del territorio donde se instalan”.
“Nada de esto es tarea fácil -destaca Rego-, y requiere de una férrea voluntad política ajena a las presiones e intereses empresariales, en muchas ocasiones revestidos de falsos compromisos de sostenibilidad ambiental para encubrir los mismos intereses de maximización de beneficios que cualquier otra actividad económica”.
Izquierda Unida seguirá defendiendo que “los fondos públicos deben destinarse con criterios de protección ambiental claros, suficientes y firmes, e ir dirigidos a favorecer el empleo de calidad, generar un tejido productivo local estable, revirtiendo sus beneficios en toda la sociedad. No se pueden limitar a impulsar colaboraciones público-privadas, donde estos beneficios acaban privatizados, mientras las pérdidas se socializan”.
