Izquierda Unida, a través de su Comisión Internacional, “rechaza y condena de forma contundente” la “violencia política protagonizada por miembros del partido de ultraderecha Creemos y seguidores de Fernando Camacho -gobernador del departamento de Santa Cruz de la Sierra- en un nuevo intento de desestabilización golpista en Bolivia, dirigida contra el Gobierno democrático del presidente Luis Arce”.
IU ha tenido conocimiento directo y en detalle de los disturbios, graves amenazas y agresiones dirigidas contra personas pertenecientes al MAS (Movimiento Al Socialismo) y la vinculación de estas acciones a los seguidores de Camacho, siniestro personaje político detenido el pasado día 28 por orden de la Fiscalía, debido a su implicación en el golpe de Estado de octubre de 2019 contra el entonces presidente Evo Morales.
Los golpistas violentos de extrema derecha han llegado ahora a incendiar varios edificios de la Fiscalía y dependencias vinculadas con la Administración estatal en Santa Cruz, así como la vivienda del ministro Edgar Montaño. De la misma forma, invadieron las pistas de aterrizaje del aeropuerto en un intento fallido por impedir que Fernando Camacho fuera trasladado a La Paz.
Ante estos gravísimos hechos, la Comisión Internacional de Izquierda Unida manifiesta que:
1º) Rechazamos y condenamos contundentemente la violencia política de miembros del partido de ultraderecha Creemos y de seguidores de Fernando Camacho, en un nuevo intento de desestabilización golpista en Bolivia contra el Gobierno democrático del presidente Luis Arce.
2º) La detención de Luis Fernando Camacho se ha producido en el marco de la más absoluta legalidad democrática y del Estado de Derecho. No es cierto que se trate de un ‘secuestro ilegal de la policía’, como se ha dicho desde la gobernación de Santa Cruz en un comunicado, sino de una detención ordenada por la Fiscalía Departamental de La Paz, donde Camacho es investigado en el ‘caso Golpe de Estado’ por su implicación en los hechos del 20 de octubre de 2019.
El gobernador de Santa Cruz de la Sierra es perfectamente conocedor de dicho proceso, dado que la investigación se abrió el 28 de noviembre de 2020. Camacho había retado públicamente a los jueces y al Gobierno a que lo detuvieran ‘si se atrevían’.
3º) Luis Fernando Camacho fue durante el proceso electoral de octubre de 2019 uno de los principales instigadores de la violencia callejera y golpista en el país. En un Estado de Derecho como es la democracia boliviana corresponde a las autoridades judiciales la investigación de los hechos criminales y delictivos y, por tanto, es obligado que Camacho responda por esas actuaciones.
4º) Es de sobra conocido en Bolivia que la Fiscalía investiga ocho denuncias contra Camacho por éste y otros delitos, de los cuales debe responder ante los tribunales como cualquier otra persona y donde podrá ejercer su legítimo derecho de defensa. Entre otros delitos se le acusa de la promoción del separatismo y la ruptura del Estado boliviano.
5º) Izquierda Unida exige que se respete la división de poderes y la democracia boliviana, así como a sus instituciones y a la investigación de las autoridades de la Fiscalía. Un golpe de Estado y las masacres que se sucedieron después, como la de Senkata y Sacaba, son hechos muy graves contra la vida y contra la democracia que de ninguna manera pueden quedar en la impunidad.
6º) Izquierda Unida apoya decididamente al Gobierno legítimo y democrático del presidente Luis Arce ante este nuevo intento de desestabilización por parte de la ultraderecha boliviana; respaldamos a las autoridades judiciales del país y al pueblo boliviano que viene sufriendo desde hace años el golpismo y la violencia promovida por la oligarquía económica y su brazo político, la ultraderecha de Luis Fernando Camacho.
Esta violencia que busca crear una tensión política permanente en Bolivia no es nueva. La última ocasión hasta ahora fue durante el paro de 30 días que Camacho promovió en octubre y noviembre pasado en Santa Cruz, donde durante las protestas violentas de sus seguidores se llegó a quemar una comisaría y se sucedieron las amenazas y agresiones a periodistas.
