El portavoz parlamentario de Izquierda Unida y portavoz de Interior de Unidas Podemos ha pedido esta tarde a Vox que “trabajen un poco” y si quieren iniciar un “proceso legislativo” para adoptar medidas sobre la situación penitenciaria de personas condenadas por delitos de terrorismo “no olviden corregir ese tratamiento discriminatorio que suelen tener los terroristas de ultraderecha o los condenados por violencia cuando se trata de ultraderechistas”.
Santiago ha intervenido esta tarde en la Comisión de Interior del Congreso para rechazar una proposición no de ley relativa a este tema, pero presentada de forma muy genérica y vacía. Mostró “nuestro respeto a todas las víctimas del terrorismo, tanto a las víctimas de ETA como a las causadas por la ultraderecha, por el integrismo religioso o por la dictadura franquista”.
“Todas las víctimas -insistió- merecen la misma atención y el mismo respeto, a la vez que ha de garantizarse la no repetición, la prevención de cualquier comportamiento violento terrorista, el tratamiento adecuado a la víctima y la resocialización del infractor para que se incorpore a la sociedad y no vuelva a cometer ningún tipo de delito”.
Pero destacó que también deben tener el mismo tratamiento penitenciario “todos los victimarios que están cumpliendo condena”, aunque “desgraciadamente constatamos que la legislación española ha tenido en la práctica un trato discriminatorio con víctimas de crímenes contra la humanidad y de terrorismo, concretamente a las víctimas de la dictadura franquista o de las bandas terroristas de ultraderecha. No han tenido históricamente el mismo acompañamiento ni el mismo apoyo que, afortunadamente, han tenido las víctimas de ETA o del integrismo religioso”.
El portavoz de Izquierda Unida adelantó que “nuestro grupo parlamentario seguirá trabajando para que todas las víctimas tengan el mismo tratamiento”, aunque apreció que “en todo caso, en España la legislación penitenciaria se cumple. La Ley General Penitenciaria se basa en tratamientos individualizados respecto a la clasificación o la progresión de grados, que se realizan por juntas de tratamiento y controlado todo por la autoridad judicial”.
Recordó al grupo proponente que desde 2015, con la reforma que aplicó el PP, “el Código Penal ya contempla la imposibilidad de conceder libertades condicionales o ningún tipo de tratamiento beneficioso para el condenado si no ha colaborado con la autoridad o ha pedido perdón a las víctimas”.
Animó a la bancada de la extrema derecha a que “tome la iniciativa y presente una iniciativa legislativa para reformar las leyes que considere, también si quiere el Código Penal en la redacción dada por el PP en el 2015”.
Para ilustrar ese “tratamiento discriminatorio” de los condenados por delitos violentos de ultraderecha puso varios ejemplos, entre ellos el del “asesino de los abogados de Atocha, Carlos García Juliá, que salió de prisión con diez años de pena sin cumplir, tras más de dos décadas huido y sin pedir perdón a nadie en ningún momento, y esto ocurrió en 2020”.
“Ha habido otros casos de tercer grado en tiempo récord -dijo-, como los ultras condenados en el ‘caso Blanquerna’ -por el que fueron a la cárcel 14 ultras que, durante la celebración de la Diada de 2013, asaltaron el centro cultural Blanquerna, en Madrid, perteneciente a la Generalitat catalana-, uno de los cuales era casualmente militante de Vox en la población de Meco”.
