El portavoz parlamentario de Izquierda Unida en el Congreso y portavoz adjunto de Unidas Podemos, Enrique Santiago, ha advertido esta mañana que el Tribunal Constitucional puede llevar a un “choque institucional muy serio”, ya que en 44 años “no ha ocurrido nunca” lo que está pasando ahora. Dependiendo cuál sea la decisión que pueda imponer la artificial mayoría conservadora que mantienen “puede haber una clara vulneración del artículo 66.3 de la Constitución, ya que la reiterada jurisprudencia del Constitucional ratifica la inviolabilidad del Congreso”.
En una rueda de prensa en el Congreso junto al presidente del grupo parlamentario, Jaume Asens, Santiago calificó la situación de “muy grave”, dado que hay “un aparato judicial secuestrado por la derecha política”.
“Cuatro años -detalló- de secuestro del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), seis meses sin renovarse un tercio del Tribunal Constitucional, mientras observamos que es un proceso de toma de decisiones políticas una detrás de otra, sin competencia para ello, como hemos denunciado en los sucesivos escritos presentados en el Constitucional, incluidos los últimos de hoy”.
Enrique Santiago denuncia que el Constitucional “está operando sin tener competencia para ello. Solo puede operar para examinar la constitucionalidad de las leyes aprobadas. No existe en nuestra legislación un mecanismo de control previo de constitucionalidad en el proceso legislativo”.
La consecuencia de todo ello es que “se está impidiendo legislar a las Cortes, algo que cuando ha ocurrido otras veces lo hemos calificado como un ‘golpe a la democracia’. No hay precedentes en 44 años de democracia”, aseguró, mientras el artículo 66.3 de la Constitución Española “es taxativo sobre la inviolabilidad de las Cortes Generales. Además, este criterio de inviolabilidad ha sido reiterado de forma permanente por la propia jurisprudencia del Tribunal Constitucional”.
El portavoz de IU en el Congreso incidió en que “no hay precedentes en Europa que un Constitucional con una mayoría sustentada en cuatro magistrados con el mandato vencido haga esto”.
Analizó los falsos argumentos ideados por la derecha y recordó que “han venido justificando esta especie de ‘golpe’ con argumentos tan surrealista como que esto es un intento ilegal de cambiar las leyes, cuando una mayoría parlamentaria nunca es ilegítima”.
“También han dicho -añadió- que no se han permitido enmiendas, falso, como hemos acreditado en nuestros escritos. Lo que ha ocurrido es que hasta ahora no se han aprobado las enmiendas presentadas por la minoría, que es una cosa muy distinta a que no se haya permitido presentarlas”.
Y otro argumento más es que “esto es un intento de perpetuarse en el poder, lo que no deja de ser sorprendente, que se acuse al Legislativo actual o al Ejecutivo actual de querer perpetuarse cuando lo que toda España y Europa conoce es que quien pretende y viene perpetuándose es el Consejo General del Poder Judicial desde hace cuatro años con el mandato vencido o un Tribunal Constitucional que tiene un tercio de sus componentes vencidos en su mandato desde hace seis meses”.
Santiago explicó con detalle uno de los escritos registrados esta mañana ante el Constitucional, en el que Unidas Podemos reclama “ser parte, ser oídos. Que finalice esta situación de indefensión y un proceso sumario, que es lo que realmente se ha organizado ante el TC por el Partido Popular, propio de estados de excepción”.
Valoró que hoy “no hay ninguna urgencia que justifique la imposibilidad de que una parte sea oída. La solicitud de medidas cautelares ‘inaudita parte’ -hecha por el PP la semana pasada- no tiene ningún sentido en estos momentos, ya que la votación se realizó el pasado jueces en el Congreso y no se va a realizar hasta el próximo jueves en el Senado. Hay tiempo de sobra para garantizar el principio a un procedimiento con las debidas garantías y que se escuche a las partes”.
Detalló que el escrito también solicita al Constitucional que “se atenga a sus competencias; que examine recursos de inconstitucionalidad cuando esté aprobada la ley porque, en todo caso, no sabemos cómo va a quedar aprobada; que no cause un daño irreparable a la sede de la soberanía popular”.
“Y, desde luego -apostilló con ironía-, que nos expliquen cómo ha sido esa ‘casualidad’ de que la ponencia ha correspondido al magistrado Arnaldo. Es el mismo que en las grabaciones de la ‘causa Lezo’ aparecía moviéndose para colocar fiscales afines a los acusados del PP o que aparecía también en el sumario del ‘caso Palma Arena’ donde se investigaban cohechos y otros delitos vinculados al PP”.
Denunció que “lo cierto es que el PP va a ser el ‘ponente’ en este procedimiento ante el Tribunal Constitucional con esta forma de designar ponencia que no sabemos cómo ha sido. Por eso es aún más procedente la solicitud de recusación que presentamos y hemos vuelto a interponer. Es obvio que los señores García-Trevijano y Narváez, magistrados designados por el anterior Gobierno, tienen un interés directo en este pleito”.
Santiago argumentó que ambos magistrados “cesarían si se aprobara la ley; debían haber cesado hace seis meses” y recordó que “por cierto, el señor García-Trevijano es el que, negándose a convocar el Pleno del Tribunal Constitucional en el que debían examinarse los requisitos de idoneidad de los magistrados que les tienen que sustituir ya designados por el Gobierno, ha impedido la renovación al menos en ese componente”.
En respuesta a las preguntas de los periodistas sobre qué cree que puede pasar cuando el Alto Tribunal decida prefirió señalar que “esto tiene una solución muy sencilla: que el Tribunal Constitucional deponga su actitud y actúe conforme a las leyes”.
“Debe respetar lo que establece el artículo 10 de la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional sobre sus competencias. Si pretende meterse en complejos escenarios jurídicos en los que nunca nadie ha sido capaz de meterse, al menos que lo haga respetando una regla básica del Estado de Derecho como es la igualdad de partes y la posibilidad de que cada parte pueda defenderse”, dijo.
“El colmo -insistió- es que el Tribunal Constitucional pretenda afectar a la inviolabilidad del Congreso sin ni siquiera dar oportunidad a que los legítimos representantes de la soberanía nacional y popular, los grupos parlamentarios y sus diputados y diputadas, puedan hacerle llegar sus argumentos”.
Recalcó que el Constitucional “no puede instalarse en un procedimiento sumario. Es decir, este choque de legitimidades lo está organizando con una actitud muy irresponsable y en sus manos está normalizar la situación y que todos nos atengamos a lo que indica la Constitución”.
