La diputada de Izquierda Unida en Unidas Podemos, Roser Maestro, ha mostrado hoy en el Pleno del Congreso el “más absoluto rechazo” del grupo parlamentario a la propuesta lanzada por el ministro José Luis Escrivá para ampliar a 30 años el periodo de cálculo de la pensión.
“Las pensiones -ha asegurado Maestro- se van a seguir defendiendo. Basta ya de criminalizar y penalizar a la clase trabajadora; basta ya de penalizar a quienes llevan más de 40 años trabajando para que después se le impongan todo este tipo de medidas; basta ya de atacar a la clase trabajadora. Garanticemos las pensiones como hay que hacerlo, de una manera suficiente y con transferencias. Hágase ya la auditoría al respecto”.
La parlamentaria intervino en el debate del dictamen de la Comisión Mixta para las Relaciones con el Tribunal de Cuentas en relación con la Declaración sobre la Cuenta General del Estado de 2020 y la resolución adoptada por dicha comisión. Centró buena parte de su discurso en las pensiones y ella misma indicó al resto de grupos intervinientes que “me gustaría detenerme en un punto que me sorprende que no se haya tratado con anterioridad aquí, como es la situación de la Seguridad Social y todo lo que refleja”.
Tras indicar que hablamos de “un patrimonio negativo neto por cuarto año consecutivo que asciende a 68.049 millones de euros”, la diputada valenciana de IU detalló que “todo este reflejo que recoge la Cuenta General de concesión de préstamos del Estado a la Seguridad Social no es más que una ficción contable. Se conceden préstamos a tipo de interés cero que se van prorrogando indefinidamente y que nunca son, evidentemente, devueltos. Lo que se hace es trasladar ese déficit del subsector Estado a la Seguridad Social”.
“Ya está bien de maquillaje”, exigió, “dejemos claro que la aportación de esos recursos del Estado debería realizarse sencillamente como transferencias a través de los Presupuestos Generales. Es muy importante que el Estado asuma por fin los gastos impropios que se van cargando a la Seguridad Social de manera sistemática y que las transferencias dejen de considerarse préstamos para no generar esa deuda”.
Maestro denunció que “sabemos que a algunos grupos les importa bien poco que se esté reflejando esta ficción contable, porque ya sabemos que a la derecha por norma general demostrar que la Seguridad Social no es suficiente y no es garantía para cubrir todos sus ingresos es la puerta que necesitan para seguir con su oleada de privatizaciones”.
Advirtió que son unas privatizaciones “que acaban normalmente la mayoría de ellas en adjudicaciones a sus allegados o amiguitos”.
La también portavoz de Unidas Podemos para las relaciones con el Tribunal de Cuentas recordó cómo “el propio Pacto de Toledo, en su última revisión, ya emplazaba al Gobierno a acabar con este déficit de la Seguridad Social y solicitaba que lo hiciera antes de que termine 2023. Insistía en aclarar que gran parte de ese desequilibrio contable se debe a la asunción de gastos impropios que no le corresponden a la Seguridad Social”.
Avisó que “se está incumpliendo la Disposición Adicional Sexta (de la Ley 21/2021, de 28 de diciembre, de garantía del poder adquisitivo de las pensiones y de otras medidas de refuerzo de la sostenibilidad financiera y social del sistema público de pensiones) que recoge la necesidad de una auditoría sobre la financiación de los gastos de naturaleza contributiva y no contributiva de la Seguridad Social, que ya tendría que estar realizado”.
Para Maestro, con esta auditoría “lograríamos reflejar que existe un superávit contable real en la Seguridad Social, tal y como ya ha avanzado en otros informes el Tribunal de Cuentas”, y serviría también para “desmontar esa supuesta quiebra del sistema público”.
“Algunos grupos nos creemos enormemente no solo la suficiencia de nuestro sistema público de pensiones, sino volcarnos completamente con ella, garantizando los recursos suficientes y unas pensiones presentes y futuras más que dignas”, apostilló.
Roser Maestro había iniciado su intervención recordando que la cuenta general sobre la que se debatía, la de 2020, “es la de la pandemia”, ya que “hablamos del año de la pandemia, con unos Presupuestos prorrogados con todo lo que esto supuso”. No obstante, valoró satisfecha que “sí que encontramos una opinión favorable del órgano fiscalizador, a pesar de algunas deficiencias”.
Apuntó también la “necesidad de agilizar los plazos de rendición de cuentas, sobre todo para poder valorarlas con un poco más de cercanía al ejercicio fiscalizado”.
La parlamentaria indicó también que el presupuesto de 2020 “además de ser el de la pandemia, tuvo que hacer frente a todas sus consecuencias sanitarias, sociales y económicas. El impacto fiscal de todas estas medidas desplegadas por el Gobierno es más que evidente y los déficits presupuestarios no pueden ser más que continuados con un incremento de la deuda pública”.
“Esto nos lleva -destacó- a recordar la necesidad de que se aborde una reforma fiscal que asegure una mayor progresividad y suficiencia en los ingresos públicos”.
En la misma línea, recordó que el escudo social desplegado por el Gobierno de coalición “se orientó a paliar todos los efectos negativos de la pandemia, muy particularmente lo que respecta a nuestro tejido productivo” y destacó que “hubo medidas extraordinarias con un coste cercano a 97.000 millones de euros, de apoyo a la liquidez, adaptación de jornada, teletrabajo, los ERTEs, el sostenimiento de rentas familiares o ayudas a los autónomos”.
