El portavoz de Interior del grupo de Unidas Podemos y portavoz parlamentario de Izquierda Unida, Enrique Santiago, ha asegurado esta tarde en el Congreso que “no bastan las buenas intenciones para ser eficaces, sino que hay una obligación de tomar medidas concretas” en todo lo que tiene que ver con la situación de las personas migrantes que permanecen en los Centros de Internamiento de Extranjeros (CIEs) Por ello, ha defendido que “sin ambigüedades y sin espacios vacíos, con claridad normativa”, se apliquen “todos los controles y con toda transparencia para que no exista ningún tipo de ‘agujero negro’ en nuestra democracia” debido a este asunto.
Santiago intervino durante el debate de una iniciativa sobre los derechos de las personas derivadas a los CIEs y, entre las medidas concretas que reclamó que “se deben garantizar correctamente” enumeró “la comunicación de los abogados con la misma amplitud que hay en un procedimiento penal; que se puedan conseguir los partes de atención médica y garantizar la atención médica necesaria, y garantizar la normal asistencia de las organizaciones especializadas, y que ello no dependa, por ejemplo, de la decisión del director del CIE”.
Para el portavoz parlamentario de IU, la proposición no de ley defendida por ERC “aborda una realidad incuestionable como es la carencia de mecanismos eficaces de protección de los derechos humanos de las personas que se encuentran internadas en los CIEs, que no lo están allí por cuestiones de seguridad, sino atendiendo exclusivamente a su situación administrativa”.
Valoró que “no es cuestionable no haya este problema”, ya que “todos los años se reiteran las denuncias de los afectados, algo que puede considerarse parcial, pero es que esta situación se refleja en las recomendaciones expresas de los juzgados encargados del control de los CIEs, en las recomendaciones del Defensor del Pueblo y también en las de las organizaciones acreditadas que trabajan en estos centros”.
Santiago aseguró que “no nos cabe duda que la intención del Ministerio de Interior es prevenir cualquier situación de negación de derechos, de malos tratos, garantizar una asistencia sanitaria en condiciones y cumplir con la normativa de protección internacional que garantiza el derecho de asilo”.
Destacó que cuando se habla de una medida “tan extrema” como es la privación de libertad de una persona por la comisión de una infracción administrativa, “estamos ante una de las situaciones de mayor vulnerabilidad que se puedan pensar”.
A su juicio, “lo que corresponde, puesto que aquí no vamos a aprobar hoy el contenido de ningún protocolo, es que se escuchen estas recomendaciones de los jueces y del Defensor del Pueblo, básicamente, que se revisen las quejas, se consensuen soluciones y se avance en la aprobación ya de un protocolo lo más pronto posible”.
