El portavoz adjunto de Unidas Podemos y portavoz parlamentario de Izquierda Unida, Enrique Santiago, ha explicado hoy sobre la negociación en marcha en el Congreso entre los distintos grupos del pacto de investidura para acabar con los aspectos más lesivos de la Ley de Seguridad Ciudadana -más conocida como ‘ley mordaza’ tras los graves recortes que impuso el Partido Popular en su etapa de gobierno- que “hemos avanzado mucho y tenemos ya muchos acuerdos, de hecho son muy pocos los aspectos a reformar de la ley que quedan pendientes de cerrar”. Ha advertido que “si no hay un acuerdo al final de año no es que no vaya a haber reforma, sino que se complicaría mucho por el calendario político del país”.
Santiago detalló durante la entrevista de esta mañana en el programa ‘Parlamento’ de Radio Nacional de España que la negociación se lleva a cabo en el marco del grupo de trabajo creado por estos grupos y que están actuando “muy intensamente para poder recuperar los derechos que fueron recortados por el Partido Popular en la reforma del 2015”. La derecha impuso sus cambios “para limitar el ejercicio del derecho de manifestación y la libertad de expresión en nuestro país” y, por ejemplo, “a la Prensa le afectó bastante con la posibilidad de sancionar la toma de imágenes en las manifestaciones”.
El portavoz parlamentario de IU señaló que los “preacuerdos entre la mayoría que sustenta al Gobierno de coalición en el Congreso” hay que llevarlos ahora y “activarlos en la Ponencia legislativa para sacar adelante la reforma”, una Ponencia que se ha reunido solo en dos ocasiones, la última el pasado mes de febrero.
Valoró también que “después de tres años de legislatura y siendo la recuperación de las libertades públicas un asunto nuclear del acuerdo de Gobierno de coalición, lo que corresponde es cerrarlo este año y, desde nuestro punto de vista, no ha habido justificación para que se hayan perdido casi dos años sin activar este trabajo”.
A la pregunta de cuáles son los temas sobre los que menos se ha avanzado, Santiago los enmarcó en los “vinculados a los aspectos que más sanciones han provocado en la ‘ley mordaza’ y que se han utilizado de forma más arbitraria”.
“Hablamos -expuso- de todo lo que tiene que ver con el concepto de desobediencia o faltas de respeto a los agentes de la autoridad, también sobre la utilización de material antidisturbios y con cuestiones relacionadas con el consumo de drogas blandas”.
Para el diputado que negocia esta importante reforma en nombre de Unidas Podemos, “no entendemos que sea sancionable y que sea una falta de respeto el tono con el que, en el marco por ejemplo de una manifestación, alguien se dirige a un funcionario de la autoridad; otra cosa distinta es cualquier tipo de insulto u ofensas. Pero esos límites no están en la ley y hay que precisarlos para que no pueda haber utilizaciones arbitrarias”.
“También hay que equilibrar -añadió- el necesario respeto a las indicaciones de las fuerzas del orden público para mantener la convivencia ciudadana, pero que eso no se convierta en la limitación al ejercicio de derechos. Un derecho no se puede limitar porque lo decida un agente de la autoridad puntualmente en una determinada situación”.
Enrique Santiago reconoció que sobre todas estas cuestiones “hay distintos puntos de vista”, incluida la “reticencia de los funcionarios que están encargados de hacer cumplir la ley”. Para ilustrarlo, puso a su interlocutor en la entrevista el ejemplo de que “ustedes los periodistas entienden claramente que no era sensato que fuera sancionable difundir imágenes de intervenciones policiales, que lo que hacía era impedir el normal desarrollo del trabajo de los medios de comunicación. Es algo que muchas veces desde las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado se quiere que se restrinja, pero tiene que prevalecer el derecho a la libertad de información”.
Frente a las críticas interesadas desde distintos ámbitos y la utilización partidista de la derecha y la ultraderecha de este asunto, Santiago recordó “todos los esfuerzos que ha hecho este Gobierno” para mejorar la situación y el trabajo de los/as agentes, incluidas las subidas salariales a los/as miembros de los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado.
En este sentido, detalló que “entre las subidas de IPC de más de un 9% para funcionarios que se han acordado y la actualización de salarios a Policía y Guardia Civil, con este Gobierno se van a subir un 35% aproximadamente los salarios”. Valoró que “las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado tienen que entender que en una democracia su función es garantizar los derechos de los ciudadanos, no optar por restringirlos con un falso entendimiento de que así pueden hacer mejor su trabajo”.
