El portavoz parlamentario de Izquierda Unida en el Congreso, Enrique Santiago, ha reprochado a “las tres derechas de Colón” su alianza en la defensa de una “legislación liberticida para impedir la libertad de expresión en nuestro país”, que incluye querer mantener a ultranza los denominados ‘delitos de ultraje a España’, incluidas las injurias a la Corona.
El también portavoz adjunto del grupo de Unidas Podemos ha intervenido en el debate en el Pleno del Congreso sobre la propuesta proveniente del Senado de ERC y EH de modificación del Código Penal para despenalizar los ahora citados delitos, así como las enmiendas a la totalidad presentadas por PP, Vox y Ciudadanos. Santiago dejó meridianamente claro que estas derechas “siempre han considerado que las libertades públicas son una seria amenaza a sus privilegios”.
A juicio del diputado de IU por Madrid “no estamos en un debate de símbolos o instituciones, estamos en un debate sobre derechos y libertades”. De ahí que se encargara en recordar que “la libertad de expresión es uno de los derechos fundamentales reconocidos a todo ser humano en democracia, es un valor en sí de la democracia”, tal y como recogen la Declaración Universal de los Derechos Humanos, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, la Convención Europea de Derechos Humanos (CEDH) y la Constitución Española.
“Estamos en un debate -insistió- sobre la calidad de la democracia española”, porque en nuestro país “nos hemos acostumbrado a que se sucedan las represalias y condenas a prisión de personas por el ejercicio de la libertad de expresión, ya sea en su vertiente artística, satírica o simplemente de opinión”.
Esta es una anomalía en la democracia “derivada en buena medida de la reforma del Código Penal del Partido Popular de 2015. Una realidad que causa estupor en Europa”.
Enrique Santiago aclaró que la propuesta desde el Senado de ERC y EH Bildu “es coincidente con la Proposición de Ley en Defensa de la Libertad de Expresión que ya presentó nuestro grupo parlamentario en esta Cámara, que fue tomada en consideración en 2021 y que se encuentra en periodo de enmiendas”.
Esta iniciativa de Unidas Podemos ya contempla “la derogación de los decimonónicos delitos denominados de ‘ultraje a España’, un tipo que, por cierto, protege los símbolos del Estado y de las comunidades autónomas. En caso de derogarse, la derogación afecta tanto a la rojigualda como a la senyera; no se pongan nerviosos”, indicó a la triple bancada de la derecha.
Santiago incidió en que los miembros de la Casa Real “ya disfrutan de protección frente a estas infracciones. No va a desaparecer la protección contra los insultos en el Código Penal”, gracias a los hasta “12 tipos penales que están incluidos” en el mismo. “No creo que la monarquía esté tan débil que necesite este tipo especial reforzado”, sentenció con ironía.
“Pero nuestra proposición de ley va más allá y aborda la derogación de otros delitos que han sido utilizados para cercenar el derecho a la libertad de expresión: las denominadas injurias al Gobierno o los denominados delitos contra los sentimientos religiosos o de escarnio público”, detalló.
Para el portavoz adjunto de Unidas Podemos, “ya existen sobrados mecanismos legales para proteger cualquier derecho de las personas que se vieran afectadas por vulneraciones de sus derechos a cuenta de expresiones, por ejemplo el derecho de rectificación o la protección del derecho al honor”.
“La democracia -insistió- no necesita la legislación liberticida impuesta por la derecha. Las tres derechas de Colón -PP, Vox y Ciudadanos- muestran claramente su alianza para impedir la libertad de expresión. Siempre han considerado que las libertades públicas son una seria amenaza a sus privilegios”.
Enrique Santiago analizó brevemente las enmiendas a la totalidad de los tres partidos de derechas. La del PP “propone mantener tal y como están las criminalizaciones de la libertad de expresión y desatender todas las reclamaciones de Europa”.
La de Vox “más radical y extremista en su empeño de acabar con las libertades, propone el endurecimiento de las penas a los delitos que impiden la libertad de expresión, por ejemplo, subir hasta tres años de prisión por una crítica a la Corona”. En este punto interrogó con vehemencia “¿tres años de cárcel por decir que el rey cobraba comisiones y que eso es corrupción? ¿Tres años de cárcel?”.
Sobre la enmienda de Ciudadanos reconoció que “viene a reconocer que la prohibición de criticar a una familia con abundantes escándalos de corrupción es realmente exagerada”, pero también “acepta la eliminación de las penas de prisión y propone su sustitución por multa”. Por ello la tachó de “propuesta cobarde”, lo que “sigue sin ser admisible porque la sanción penal por conductas ligadas a la libertad de expresión no puede existir en una democracia”.
Dio por sentado que “en democracia no pueden ser delitos comportamientos que contienen una finalidad cómica” y puso el ejemplo de la revista ‘El Jueves’, que fue condenada por estos delitos, o “el ridículo espantoso de abrir un procedimiento penal por pitadas al rey en un partido de futbol” o “la condena por la crítica que hizo el entonces alcalde de Puerto Real -José Antonio Barroso-, condenado en 2009 por calificar deleznable que no se pudiera hablar de los negocios ilícitos del rey”.
“¿Esa afirmación es un ataque a España, como usted ha dicho?”, preguntó al portavoz del PP, a quien recordó que “es mucho más grave que un general en retiro se pronuncie y amenace con fusilar a 26 millones de españoles por pensar de otra forma”, una conducta que “está impune a fecha de hoy precisamente por mor de la libertad de expresión”.
Para Santiago, “puede haber expresiones que resulten desagradables, groseras o incluso hirientes, pero eso no alcanza para anular la obligación de la democracia de aplicar el principio de ‘mínima intervención del Derecho Penal’”.
Valoró también que “la amenaza de sanción a la libertad de expresión impide el debate público y la libre participación política de la ciudadanía”, como ha señalado de forma reiterada el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, del que recordó que “nos condena a España reiteradamente por mantener el delito de ‘ultraje a España’ y que considera injustificable que España castigue el agravio al rey”. El Consejo de Europa también recuerda el difícil encaje democrático de las injurias a la Corona, por afectar a la libertad de expresión.
Enrique Santiago concluyó su intervención reprochando a las derechas que “inventen ataques a la democracia para incumplir la ley y la Constitución española, negándose por ejemplo a renovar el Consejo General del Poder Judicial”, todo ello mientras “recurren a Europa para justificar su incumplimiento de la ley, al tiempo que desprecian a las instituciones europeas a la hora de garantizar los derechos que exigen”.
