Ante la inminente estancia temporal en nuestro país de Juan Carlos de Borbón, planeada como un viaje lúdico para asistir a una actividad deportiva, según informa un reducido entorno de amistades que ejerce el papel de fuente ‘oficial’ de su persona, Izquierda Unida considera necesario abrir de una vez el debate sobre la necesaria e ineludible rendición de cuentas y explicaciones exhaustivas del anterior jefe del Estado, así como el alcance de la inviolabilidad y la no exigencia de responsabilidades que la Constitución otorga al rey, pero que se ha hecho extensiva también a su padre, todavía rey emérito.
La ciudadanía ha podido conocer las corruptelas protagonizadas por el ex jefe del Estado antes y después del ejercicio de su cargo. Que Juan Carlos de Borbón no haya sido procesado para responder ante la justicia de las actuaciones supuestamente delictivas que se le atribuían, publicadas además con profusión de detalles, no se ha debido a su inexistencia, como falsamente nos quieren hacer creer. Tal y como reconoce la propia Fiscalía, esto ha sido posible por la prescripción de varios de estos delitos -en algunos casos debido a una falta de diligencia judicial poco entendible-, y en el resto gracias precisamente a esa inviolabilidad de la que disfruta por la interpretación que las instancias judiciales de nuestro país hacen de las actuales normas legales.
Dicho con otras palabras, por mucho que intenten convencernos de lo contrario Juan Carlos de Borbón no puede ser juzgado como cualquier otra persona en España, un principio incompatible con cualquier sistema democrático, y sigue gozando de los mismos privilegios que el actual jefe del Estado, aunque no lo sea desde 2014.
El todavía rey emérito ha estado huido de nuestro país desde agosto de 2020 hasta hoy, principalmente tras conocerse la existencia de dinero de dudosa procedencia en cuentas en el extranjero y la posibilidad, nunca concretada, de que la justicia pudiera reclamarle algún tipo de responsabilidad, tanto dentro como fuera de nuestras fronteras. En estos casi dos años ha tenido tiempo de culminar sendas regularizaciones fiscales, que suman cerca de cinco millones de euros, calificadas oficialmente como ‘voluntarias’ y ‘espontáneas’, pero realizadas mientras recibía al menos tres notificaciones de la Fiscalía de que estaba siendo supuestamente investigado.
Dada toda esta situación, Izquierda Unida seguirá haciendo uso de las vías legales a su alcance, como ya hizo el pasado mes de abril presentando una demanda ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos por la vulneración de derechos por parte de la justicia española tras negarse a investigar durante cerca de tres años la querella presentada contra Juan Carlos de Borbón.
La Monarquía evidencia cada vez con mayor claridad que es una institución anacrónica y antidemocrática, al margen de que hay múltiples episodios históricos de sobra conocidos que han llevado a que la corrupción forme parte de su ADN.
Desde Izquierda Unida defendemos que el único futuro democrático posible es una República plural, federal y social. Luchamos por un proyecto de país en el que todos y todas seamos verdaderamente iguales. De ahí que nos sumemos a las convocatorias democráticas que se realicen en el Estado para seguir denunciando que nadie puede quedar al margen de la ley.
Seguimos luchando por la Tercera República
