El responsable federal de Programa y de Argumentario de Izquierda Unida, Carlos Sánchez Mato, ha expuesto hoy la “necesidad de investigar lo que ha ocurrido en la Sareb, donde cerca de 12.000 millones de euros públicos han sido volatilizados por las decisiones del PP hace 10 años”, fecha de su creación en la etapa de gobierno de la derecha.
Para el dirigente federal de IU es “imprescindible” que el Congreso de los Diputados investigue estos hechos “porque no puede irse de rositas quien ha sido responsable de ese enorme quebranto de dinero público”.
Sánchez Mato ha hecho estas declaraciones a los medios tras registrar a media mañana una iniciativa parlamentaria del grupo de Unidas Podemos en la Cámara Baja sobre el también conocido como ‘banco malo’, del que los máximos responsables del PP aseguraron que no iba a costar ‘ni 1 euro’ de dinero público. El registro oficial del texto lo realizaron los/as diputados/as del grupo confederal Pilar Garrido y Rafa Mayoral, y también estuvo presente Alejandra Jacinto, portavoz y secretaria de Vivienda de Podemos.
Con esta iniciativa, Unidas Podemos reclama que la Sareb se convierta en una herramienta pública para garantizar el derecho a la vivienda a través de la integración de su actual parque en el parque social.
Carlos Sánchez Mato insistió en denunciar que esos miles de millones “que se han ido aparentemente por el sumidero” han acabado finalmente “en bolsillos de las elites de este país, es decir, no se han perdido, porque hay quien ha hecho gigantescos negocios con estas pérdidas públicas”.
“Además -destacó- está el drama social que hay que paralizar de inmediato de los desahucios que se producen en viviendas en general pero, sobre todo, en las viviendas propiedad de la Sareb”, todo ello junto a “los quebrantos producidos en la gestión de esa sociedad”.
El dirigente federal de IU advirtió también sobre algunas de las decisiones tomadas en el seno del ‘banco malo’, una de las grandes apuestas de los máximos responsables económicos del Partido Popular para salir de la crisis la década pasado y cuyas consecuencias se arrastran desde entonces y durante décadas, debido a los casi 35.000 millones de deuda que lastra la entidad.
Sánchez Mato explicó que “además de traspasarse los activos a un precio sobrevalorado, lo que ha causado muchas pérdidas”, los responsables de la Sareb contrataron “un derivado que nos ha costado 4.000 millones de euros”.
“Cuando los tipos de interés bajaban el PP, esos ‘buenos gestores’ lo que hicieron fue contratar una ‘clausula suelo’ que nos ha costado esos 4.000 millones de euros, prácticamente el doble de lo que se ha invertido en el Ingreso Mínimo Vital el año pasado”, apuntó.
Alejandra Jacinto, por su parte, señaló que “si la Sareb va a convertirse en una herramienta pública sus viviendas deben serlo también. El ‘banco malo’ es una oportunidad para ampliar el parque público de vivienda. Si se trata de una sociedad pública y la deuda computa como déficit público, sus viviendas deben ser incorporadas al parque público”.
De hecho, en la iniciativa registrada hoy y ante la próxima titularidad pública de la Sareb Unidas Podemos reclama paralizar los procedimientos de desahucio de las viviendas propiedad de la sociedad. También se plantea agilizar los convenios con las comunidades autónomas y las corporaciones locales para que puedan gestionar las viviendas en sus ámbitos de actuación y destinarlas al alquiler social, con carácter permanente y por un periodo indefinido, entre otras medidas.
El diputado de Unidas Podemos Rafa Mayoral destacó que “seguimos reclamando la devolución del rescate bancario, en dinero o en ladrillos. Es un escándalo que el resultado de la crisis financiera sea concentración bancaria, beneficios astronómicos para los bancos y abusos a los consumidores. Es hora de poner pie en pared. Que la Sareb se ponga al servicio del pueblo y los bancos devuelvan lo que deben”.
Pilar Garrido, diputada de Unidas Podemos y su portavoz en la Comisión de Vivienda del Congreso, explicó que la Sareb “no puede seguir siendo un instrumento al servicio de las políticas económicas de la ministra Calviño. Debe convertirse en un instrumento para hacer realidad el derecho a una vivienda digna que reconoce la Constitución. Las viviendas que tiene son de todos y todas, las hemos pagado y bien caras todos los ciudadanos y ciudadanas de este país. No se puede especular y seguir haciendo negocio con esas viviendas, no se puede consentir ni un solo desahucio más. Exigimos a la ministra Calviño que respete el artículo 47 de la Constitución”.
Además de ver lo ocurrido con los fondos de la Sareb, Unidas Podemos reclama que la sociedad sea “transparente”, algo para lo que resulta imprescindible conocer todos sus activos en propiedad. A día de hoy siguen siendo desconocidos hasta para los ministerios que tienen competencias relacionadas, como Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, y Derechos Sociales y Agenda 2030. La iniciativa incluye la propuesta de que se fiscalice y controle la actividad de la entidad a través de la participación de dichos ministerios en el Consejo de Administración y los organismos de seguimiento.
🗣️ @carlossmato: con lo ocurrido con la Sareb, 12.000M€ euros públicos volatilizados por las decisiones del Partido Popular. El parque de viviendas debe ser público, y los responsables no pueden irse de rositas.#SAREBViviendaPúblicaYa 📝 https://t.co/bdVbbgAJsh pic.twitter.com/YMsRL9Zbjc
— Izquierda Unida🔻 (@IzquierdaUnida) February 17, 2022