La diputada de Izquierda Unida y secretaria primera de la Comisión de Defensa del Congreso por el grupo de Unidas Podemos, Roser Maestro, ha registrado una batería de iniciativas parlamentarias para saber la situación laboral del personal que realiza sus tareas profesionales en el Hospital de la Defensa Gómez Ulla, en Madrid, y para conocer de primera mano hasta dónde llega la precariedad en las contrataciones.
Maestro dirige estas iniciativas tanto al Gobierno como a la Administración General del Estado sobre el mayor hospital militar en España, que depende del Ministerio de Defensa pero que desde 2007 mantiene un convenio con la Comunidad de Madrid por el que también funciona como centro hospitalario civil de referencia de la sanidad pública madrileña para los distritos de Latina y Carabanchel. Este acuerdo, firmado en su día por las entonces ministra de Defensa, Carme Chacón, y presidenta madrileña del PP, Esperanza Aguirre, ha ido renovándose en la práctica más allá de los 10 años iniciales previstos.
Entre los datos concretos que reclama la diputada de IU está conocer el número de personas trabajadores civiles que trabajan en el centro “desglosado en personal fijo, temporal y personal eventual”.
Roser Maestro sale así al paso de la falta de información oficial contrastada y de distintas denuncias por parte de representantes de los/as trabajadores/as. “Estos indican que de las más de 2.200 personas que supuestamente trabajan a diario en el hospital -el dato tampoco ha podido ser confirmado oficialmente- cerca de un 90% lo haría de forma temporal, entre contratos de ‘interinidad’ o como ‘personal eventual’, lo que en este último caso afectaría a cerca de 4 de cada 10 profesionales”, advierte.
La secretaria primera de la Comisión de Defensa por Unidas Podemos solicita también para aclarar cualquier duda el “convenio actualmente en vigor entre la Comunidad de Madrid (CAM) y el Ministerio Defensa por el que se permite que el Hospital de la Defensa Gómez Ulla atienda a varias áreas de salud civiles, indicando si sigue vigente el firmado en 2007, si ha habido modificaciones o si se tiene previsto actualizaciones”.
Distintas informaciones señalan que la Comunidad de Madrid habría abonado a Defensa a través del Servicio Madrileño de Salud (SERMAS) cerca de 400 millones de euros desde la entrada en vigor de este acuerdo. De ellos, algo más de 51 millones corresponderían exclusivamente al año 2021, el primero completo de la pandemia de Covid-19. Unidas Podemos no tiene constancia oficial directa de a qué partidas concretas se destina esta importante cantidad dentro del funcionamiento interno del centro, lo que también intenta resolver.
Además de estas solicitudes de informes y datos a la Administración, Roser Maestro ha dirigido una serie de preguntas directamente al Gobierno tras conocer que en las dos últimas convocatorias de empleo público al Gómez Ulla “y a pesar que estos procesos están destinados al personal civil, sin embargo se están teniendo en cuenta las condecoraciones o medallas a la hora del concurso de méritos”, cuando hasta ahora no se hacía mención a este tipo de distinciones militares para sumar puntos en la oferta de empleo público.
Por ello, la diputada valenciana de Izquierda Unida pregunta al Gobierno “¿qué ha motivado el cambio de criterios respecto a las anteriores convocatorias?”, si se ha considerado “a la vista de las controversias surgida por la aplicación de estos criterios no incluirlos en las próximas convocatorias” y, en todo caso si se ¿ha considerado incluir otros criterios más acordes al derecho constitucional de igualdad, mérito y capacidad?”
