La eurodiputada y portavoz de la dirección federal de Izquierda Unida, Sira Rego, ha dirigido desde el Parlamento Europea una iniciativa a la Comisión Europea para que explique de forma detallada cuál es su posición sobre las instalaciones ganaderas conocidas como macrogranjas y valore “su impacto ecológico y qué modelos de ganadería considera la Comisión que son los más apropiados para cumplir con los objetivos de sostenibilidad, calidad y bienestar animal”.
Entre los puntos que Rego pide que aclare y especifique la alta institución europea para su mejor conocimiento público está también saber “¿qué medidas concretas va a impulsar la Comisión de cara a hacer frente a los efectos nocivos que provocan estas macroinstalaciones y así implementar las recomendaciones aprobadas por el Parlamento Europeo en su informe 2020/2085(INI)?”
La portavoz federal de Izquierda Unida lleva a cabo esta inicativa tras denunciar ayer en rueda de prensa telemática el “ruido y el desorden” provocados de forma deliberada por la derecha y la extrema derecha en nuestro país, comandadas por el PP, a través de un “bulo” creado e impulsado para atacar al ministro de Consumo, Alberto Garzón. Éste denunció en una entrevista en un medio británico el grave problema que genera el boom de las macrogranjas en el medio rural.
Se da la circunstancia de que no contentos con utilizar la mentira y la difamación, y pasando por encima de la realidad evidente y cualquier explicación objetiva, desde el PP han llegado a negar incluso la existencia de macrogranjas en nuestro país.
Uno de los dirigentes de la derecha que niega que existan las macrogranjas es Alfonso Fernández Mañueco, el candidato del PP a la Presidencia de Castilla y León y uno de los primeros impulsores del bulo contra Garzón. Se da la circunstancia, como ya han explicado los medios de comunicación, que hace ya dos años la propia Consejería de Fomento y Medio Ambiente de la Junta de Castilla y León, con Fernández Mañueco al frente del Gobierno, informaba de la existencia de 631 macrogranjas (540 porcinas y 91 avícolas) y 81 en trámite entonces en esta comunidad.
Por su parte, y según datos publicados también ya hace más de dos años, el Ministerio para la Transición Ecológica detectó en Castilla y León cerca de un centenar de acuíferos afectados o en riesgo de estarlo por aportación de nitratos de origen agrario: 96 afectados y 14 en riesgo. Estas aguas se encontraban principalmente en las provincias de Burgos, Segovia y Valladolid, aunque no se libraban el resto.
Ante situaciones de este tipo, parece que conocidas por todo el mundo salvo por los dirigentes de la derecha y la ultraderecha, Sira Rego no ha olvidado incluir entre las cuestiones que quiere que especifique la Comisión Europea “¿En qué situación se encuentra el proceso judicial iniciado por la Comisión contra España ante el incumplimiento de la normativa comunitaria sobre nitratos?”
