Izquierda Unida espera contribuir a que se puedan introducir mejoras sustanciales específicas durante su desarrollo parlamentario en el texto del real decreto-ley por el que se adoptan medidas urgentes de prevención y contención ante la sexta ola de la pandemia por el COVID-19, aprobado en el Consejo de Ministros extraordinario del pasado jueves, día 23.
A tal fin, una vez analizadas las medidas que contiene ese decreto-ley, aprobado tras la XXV Conferencia de Presidentes celebrada telemáticamente el día 22, IU plantea una completa batería de propuestas para que, en coordinación con las comunidades autónomas (CC.AA.), contribuyan a revertir el incremento de contagios en nuestro país frente al avance a nivel mundial de la variante Ómicron.
Medidas sociosanitarias:
• Es imprescindible desburocratizar los procesos de baja laboral desmarcándola de la Atención Primaria y facilitando que ésta se produzca de forma telemática durante toda la nueva ola.
• Potenciar el teletrabajo como se realizó durante la primera ola.
• Instaurar protocolos de ventilación cruzada en todos los establecimientos públicos. Las administraciones locales pueden jugar un papel importante adaptando esto a las necesidades de cada municipio.
• Adoptar las medidas necesarias para garantizar una ventilación adecuada en los medios de transporte público o recomendar el uso de mascarillas FPP2 en las mismas cuando no sea posible.
• Instaurar protocolos estrictos de ventilación cruzada o forzada cuando no sea posible la cruzada en los centros de trabajo para garantizar entornos seguros de trabajo.
Profesionales de la sanidad:
• Readmisión del personal despedido tras el fin del estado de alarma y habilitación de una bolsa estatal de contratación para todo el personal sanitario y no sanitario.
– Deben ser contratados directamente por los servicios públicos de salud.
• Habilitación de contratos COVID de al menos 2 años de duración, contemplándose una prórroga por otros 2 años.
– Debe mantenerse una plantilla estable durante todo el período pandémico y los años posteriores.
– Los/as profesionales llevan muchos meses haciendo un esfuerzo ingente sin que se haya visto recompensado a través de sus contratos. Es necesario proteger sus derechos laborales y esto es imposible sin una mínima estabilidad.
– Estos contratos de ningún modo deben utilizarse como simple paliativo de una necesidad cronificada de aumento de la plantilla estructural de los servicios sanitarios en diferentes CC.AA.
• Redistribución de las plantillas en función de las necesidades. Aumento del personal y del presupuesto en toda la red de Atención Primaria, haciendo especial énfasis en la sanidad rural.
– La Atención Primaria está totalmente desbordada a pesar de que es la base del sistema de salud, también en la lucha contra el COVID. Debemos llegar cuanto antes al objetivo de que el 25% de los recursos se destinen a AP.
– El refuerzo de la Atención Primaria es necesario también para garantizar la atención a toda la patología no COVID, que sigue existiendo y no se puede desatender.
• Contratación inmediata y significativa de personal para labores de rastreo, incluida la recontratación de personal despedido, así como epidemiólogos de campo. Debe estudiarse, si resulta necesaria, la contratación centralizada a nivel estatal de rastreadores para apoyar los rastreos en las CC.AA.
– No se puede sobrecargar aún más al personal de Atención Primaria con las labores de rastreo.
Gestión asistencial
• Sacar de forma urgente las vacunaciones de los Centros de Salud, ya que causan importantes colapsos que imposibilitan su correcto funcionamiento. Deben habilitarse otros lugares adecuados en los barrios y espacios públicos..
– En el ámbito rural, teniendo siempre muy en cuenta la estructura territorial de cada zona, estas medidas deben atenerse a las necesidades de la población, la edad y las dificultades de transporte. Es importante la flexibilidad en la atención de algunos grupos de población especialmente vulnerables o con problemas de salud y/o movilidad.
• Se debe potenciar la presencialidad asistencial en Atención Primaria y fomentar las urgencias ambulatorias (urgencias Atención Primaria) para patología menor no COVID y para sintomáticos leves.
– La presencialidad permite una detección precoz de complicaciones COVID, lo que posibilita tratar antes, evita ingresos hospitalarios y reduce la estancia media.
– Las urgencias ambulatorias descargan la demanda de la urgencia hospitalaria, facilitando así la atención, disminuyendo costes y mejorando la asistencia.
• La gestión de la atención sanitaria de las residencias de mayores debe pasar de manera temporal a ser controlada directamente por los servicios de Atención Primaria de cada CC.AA.
– En modo alguno se plantea restringir el desarrollo con normalidad de la vida diaria de las personas residentes. Hay que cuidar que estas personas tengan garantizados sus derechos fundamentales, aumentar la dotación de personal por ley y legislar al respecto con un marco garantista a nivel estatal.
• Test de antígenos en farmacias.
– Su uso, que es siempre orientativo, debe ser un recurso realizado por personal adecuado para garantizar una correcta técnica y una notificación temprana de la sospecha. Para ello, recomendamos que sea exclusivamente el personal de las farmacias el que los realicen.
– Debe favorecerse una redistribución efectiva de las adquisiciones para que no se den acaparamientos ni especulación.
Información:
• Se debe garantizar una adecuada información pública a la población para limitar los efectos que produce la información no veraz. Debe aumentarse la capacidad de las líneas telefónicas habilitadas en cada CC.AA, así como el uso de aplicaciones móviles y webs oficiales de apoyo a la población. Es fundamental que la ciudadanía disponga de información clara, fiable, accesible, objetiva y seria sobre los cambios en los protocolos, resolver dudas, centros a los que acudir, etc.
