Consideramos que esta celebración resulta útil para la mayor visualización social de las personas con diversidad funcional. Pues no parece lógico que un colectivo tan amplio, de unos 4 millones de nuestra ciudadanía, tenga tan escasa presencia pública. y tan insignificante participación política.
A este objetivo hay que incorporar siempre una perspectiva de género, a fin de que las mujeres con discapacidad participen activamente en la inclusión social de todo el colectivo.
En tal sentido valoramos los siguientes aspectos como prioritarios en el momento actual:
1º. La inclusión educativa, con apoyo académico, pedagógico y social de calidad, es el primer eslabón de la cadena para fomentar una incorporación social efectiva. Extremo que nuestro sistema educativo no resuelve adecuadamente, con lo que se limita esa capacidad de superación e inclusión social, que el alumnado con necesidades especiales necesita. A ello contribuirá de manera relevante la incidencia de la atención temprana generalizada como punto de arranque de una atención social integral.
2º. La accesibilidad universal y el diseño para todos constituye un objetivo básico envolvente, para que la autonomía personal de las personas con diversidad funcional se abra camino en una realidad bastante insensible al problema, a pesar de los avances normativos existentes. Por ello, los poderes públicos deben garantizar las medidas destinadas a implementar esta solución, evitando los incumplimientos fehacientes de la legalidad, tal como ha ocurrido con el fiasco del 4 de diciembre de 2017, fecha límite para la accesibilidad de todos los edificios y espacios públicos, al incumplirse de manera ostensible esta previsión legal.
3º. El acceso a un empleo digno sigue siendo el elemento más deficitario del panorama social de la discapacidad, es obvio que, ante la problemática general del empleo en nuestro país, la inclusión laboral de las personas afectadas precisa unas políticas públicas incisivas para afrontar este reto. Sin despreciar el papel de la iniciativa social en esta materia, pero entendiendo siempre que el acceso al empleo ordinario es la meta coherente de las políticas de integración laboral. Es imprescindible garantizar en ese proceso una rehabilitación funcional adecuada, tanto en aspectos relativos a la movilidad, como en relación con las habilidades para la vida diaria y la adaptación a los puestos de trabajo.
En este contexto, denunciamos las graves franjas de precariedad que padecen las personas trabajadoras con discapacidad en diferentes ámbitos laborales. Sin que la fortaleza de algunas organizaciones empleadoras de la discapacidad, como la ONCE, garantice en absoluto la calidad del empleo de dichos trabajadores, especialmente en el colectivo de discapacidad intelectual.
4º. Los avances legislativos recientes, al calor de la aplicación en nuestro país de la Convención Internacional de Derechos de las Personas con Discapacidad de Naciones Unidas, deben servir para que de manera creciente se respete al máximo la voluntad de las personas con diversidad funcional, propiciando una autonomía real en todas las dimensiones de su vida. A tal fin, entendemos que las administraciones públicas deben ser las auténticas garantes de esa independencia personal, descartando que otras organizaciones puedan sustituirlas en esa función tutelar, cuando resulte precisa.
5º. Finalmente, apostamos por una verdadera democratización en el seno del sector de la discapacidad, facilitando que sus organizaciones sean transparentes y participativas, con objeto de que puedan representar las verdaderas demandas de sus colectivos, muy por encima de los intereses corporativos o patronales de las mismas. En este caso, estimamos que la interlocución exclusiva del conglomerado ONCE/CERMI debe abrirse a otras corrientes de opinión dentro del sector, para asegurar una pluralidad ineludible en nuestro sistema democrático.
Madrid 3 de diciembre de 2021.
Fdo.: Área Federal de Bienestar Social de IU.
