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El diputado Bustamante plantea al Gobierno que la localidad de Numancia de la Sagra, nombre impuesto por los golpistas en 1936, recupere el de Azaña que tuvo durante ocho siglos

El diputado de Izquierda Unida en el grupo de Unidas Podemos Miguel registra en el Congreso una iniciativa para que el Ejecutivo se pronuncie sobre si es de aplicación la ley en vigor sobre Memoria Histórica para facilitar el cambio de nombre del municipio toledano y pregunta directamente si “¿piensa adoptar alguna actuación encaminada a recuperar el histórico nombre de Azaña y que se deje de exaltar al regimiento golpista que asaltó el municipio el 18 de octubre de 1936?”

El diputado de Izquierda Unida en el grupo de Unidas Podemos Miguel Ángel Bustamante ha registrado hoy una iniciativa para que el Gobierno se pronuncie sobre si va a aplicar la ley en vigor sobre Memoria Histórica para que la localidad toledana a la que las tropas golpistas de Francisco Franco impusieron en 1936 que cambiara de nombre y pasara a denominarse Numancia de la Sagra pueda recuperar su denominación original de Azaña, topónimo del que existen indicios al menos desde el siglo XII.

Bustamante ha formalizado esta mañana el registro de la iniciativa en el Congreso acompañado por Marisa Pombo, concejala de Unidas Izquierda Unida-Podemos en Numancia de la Sagra, además de Juan Ramón Crespo y Jorge Vega, coordinador general de IU Castilla-La Mancha y miembro de la Diputación Provincial de Toledo, respectivamente.

El parlamentario explica que “los militares golpistas decidieron que el pueblo de Azaña perdiera el nombre que había tenido durante siglos simplemente porque coincidía con el del presidente de la Segunda República contra la que se habían levantado en armas”.

En su pregunta por escrito que dirige al Gobierno plantea directamente si “¿piensa adoptar alguna actuación encaminada a recuperar el histórico nombre de Azaña y que se deje de exaltar al regimiento golpista que asaltó el municipio el 18 de octubre de 1936?”

Ese 18 de octubre de 1936 la localidad de Azaña fue asaltada por tropas al mando del militar golpistas Jesús Velasco. Según los datos conocidos por los documentos de la época, al día siguiente se comunicó a sus habitantes que ‘recogiendo el sentir popular del pueblo’ se solicitaba a ‘Su Excelencia el Jefe del Estado’ que en lo sucesivo pasara a llamarse Numancia de la Sagra, nombre del regimiento que había ocupado el pueblo.

Para Miguel Ángel Bustamante, “no cabe ninguna duda de que el cambio de la denominación tan solo buscaba ocultar el nombre del entonces legítimo y legal presidente de la República Española y exaltar los valores del ejército golpista, además de evidenciar la ignorancia de quienes imponían ese cambio”.

El diputado de Unidas Podemos recuerda que en la ley de memoria en vigor -Ley 52/2007, de 26 de diciembre, por la que se reconocen y amplían derechos y se establecen medidas en favor de quienes padecieron persecución o violencia durante la guerra civil y la dictadura- “ya se recogen una serie de medidas en relación con los símbolos conmemorativos de la guerra civil y la dictadura para evitar cualquier exaltación de la sublevación militar. Estamos convencidos que este caso encaja totalmente ahí”.

“Se trataría -señala Bustamante- de aplicar la Memoria Histórica para rectificar el atropello que supuso la imposición de símbolos golpistas por parte del bando que luego mantuvo una dictadura durante casi 40 años y suprimió la legalidad democrática y constitucional existente durante la Segunda República”.

Hasta ahora, tal y como ha indicado en legislaturas anteriores, el Gobierno mantiene la idea de que para tramitar un cambio de nombre en casos concretos como el de Azaña/Numancia de la Sagra no es de aplicación la ley de Memoria Histórica, sino que las competencias para el cambio de denominación de los municipios están establecidas en la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases del Régimen Local, así como en la normativa autonómica aplicable.

Miguel Ángel Bustamante completa su iniciativa interesándose también por conocer si “¿tiene la intención el Gobierno de realizar algún tipo de actuación para desagraviar a las víctimas del franquismo desde los conceptos de verdad, justicia, reparación y garantía de no repetición, después de que durante 45 años desde la llegada de la democracia no se haya hecho nada a este respecto?”

La primera referencia documentada conocida del pueblo de Azaña data de 1158, según una publicación de Julio González. En marzo de ese año, Sancho III cede cinco yugadas de tierra en la ‘aldea de Azania’ a cambio de la ‘mitad de Ciuelos’, que el rey entregó a los hermanos de la recién fundada Orden de Calatrava, presidida por el abad Raimundo de Fitero y el monje guerrero de la Bureba Diego Velázquez, que se habían comprometido a defender la plaza de la antigua Oreto. El historiador Jaime Ferreiro Alemparte añade en un artículo publicado en ‘El País’ el 2 de febrero de 1980 que en 1176 el rey Alfonso VIII da a la catedral de Toledo dos villas, a saber, ‘lleskes et Fazaniam’.

Según el ‘Diccionario Geográfico-estadístico-histórico de España y sus posesiones de Ultramar’, publicado por Pascual Madoz entre 1845 y 1850, que en 16 volúmenes describe todas las poblaciones de España, señala a Azaña como un ayuntamiento de la provincia y diócesis de Toledo, partido judicial de Illescas. Añade, entre otras cosas, que ‘bañan la villa dos arroyuelos, el uno que baja del término de Illescas, seco la mayor parte del año, pero perjudicial en sus avenidas, causando daños en las huertas y sembrados inmediatos, y hasta entrándose por las calles, y el otro viene de Yuncos’.

Según Asín Palacios, Azaña procede del árabe as-saniya, ‘la aceña’ o ‘la noria’ (‘Contribución a la toponimia árabe de España, 2.ª ed., Madrid Granada, 1944, p. 79. Cfr. González Palencia, Mozárabes, IV, 90, nº 115)

En el ‘Diccionario Geográfico de España’, publicado desde 1956 a 1961, y dedicado por los editores ‘al Excelentísimo Señor don Francisco Franco, Jefe del Estado Español’, no aparece ya el nombre de la villa de Azaña. Se silencia el nombre primitivo igual que hizo el ‘Índice toponímico del atlas nacional de España’, publicado por el Instituto Geográfico y Catastral en 1965.

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