Izquierda Unida, a través de su Red de Activistas por la Defensa del Sistema Público de Pensiones, muestra su “total respaldo” a la movilización convocada a nivel estatal en Madrid para el próximo sábado, día 16, por el conjunto de coordinadoras, plataformas y mareas del Estado, en la que esta formación participará ampliamente con un cortejo propio.
IU, como ha hecho siempre, se opone a cualquier medida que pueda contribuir “a la privatización de las pensiones públicas en cualquiera de sus modalidades”, a la vez que apuesta por “una reforma del mercado laboral hacia condiciones de trabajo estables y dignas que puedan garantizar el pleno empleo como pilar fundamental de nuestro Sistema Público de Pensiones”.
Esta formación entiende que apoyar las reivindicaciones para mejorar las condiciones laborales de la clase trabajadora de hoy “que serán pensionistas en el futuro, repercutirá directamente también de forma positiva en las pensiones del presente”.
La Red de Activistas de Izquierda Unida por la Defensa del Sistema Público de Pensiones valora de forma “muy positiva” el acuerdo sobre pensiones alcanzado hasta el momento, ya que “posibilita la derogación de los principales recortes que el sistema ha soportado en los últimos años y busca reforzar la sostenibilidad futura de las pensiones con el incremento de los ingresos de la Seguridad Social”.
En este sentido, destacan la eliminación de los aspectos más lesivos de la reforma de pensiones impuesta desde el Gobierno por el Partido Popular, “entre ellos el índice de revaloración del 0,25%, recuperándose ahora el IPC como referencia, la derogación del denominado ‘factor de sostenibilidad’, la equiparación de las pensiones de viudedad de las parejas de hecho con matrimonios o el blindaje de la ‘cláusula de salvaguarda’”.
Izquierda Unida considera que todos estos avances “son fruto de la presión ejercida en la calle por los movimientos sociales en defensa del Sistema Público de Pensiones, además del trabajo realizado por Unidas Podemos en el Congreso junto a la labor de los sindicatos de clase en la mesa negociadora”.
No obstante, señala que hay que mantener las reivindicaciones frente a aspectos negativos como “el endurecimiento de las condiciones para la jubilación anticipada con la aplicación de coeficientes reductores para desincentivarlas, el mantenimiento de la jubilación a los 67 años o la posible ampliación del periodo para el cálculo de la pensión”.
“Todas estas medidas -valora IU- imposibilitan el disfrute de una vejez digna y, al mismo tiempo, abocan a nuestra juventud al desempleo y a la precariedad”.
De la misma forma, la Red de Activistas de Izquierda Unida por la Defensa del Sistema Público de Pensiones apunta que es necesario que la lucha continúe “en relación a otros puntos que se han aplazado o se pretenden introducir en la reforma, y ante la desconfianza que provocan ciertas declaraciones realizadas por el ministro José Luis Escrivá”.
En esta línea van la sustitución del ‘factor de sostenibilidad’ por un ‘mecanismo de solidaridad intergeneracional’, “denominación muy llamativa e incluso ilusionante, pero de cuyo alcance exacto poco se conoce, aunque podría utilizarse como un instrumento que limite las pensiones públicas dependiendo de parámetros que no incluyan elementos sociales y de justicia con los mayores”, detalla.
También pueden encajar ahí el impulso a los planes de pensiones privados de empresa, gestionados por aseguradoras y entidades bancarias, que implican la transferencia de dinero público a manos privadas, o el destope de la base máxima de cotización.
Frente a estos aspectos negativos, la Red de Activistas por la Defensa del Sistema Público de Pensiones exige “el cumplimiento de los acuerdos de gobierno en materia de pensiones”. Reitera su apoyo al grupo parlamentario de Unidas Podemos y a sus ministros y ministras para que “permanezcan vigilantes e intransigentes en el Gobierno con esas ‘líneas rojas’ que no se han de traspasar en la tramitación legislativa de estos aspectos más complicados”.
Respalda también “una auditoría pública de las cuentas de la Seguridad Social para, en aras de la transparencia democrática, determinar el importe de la deuda del Estado con la Seguridad Social y acabar así con el discurso interesado sobre la insostenibilidad del sistema. Es necesario que se determine de una vez qué importe de nuestras cotizaciones se ha destinado a financiar inversiones y políticas ajenas a la Seguridad Social”.
