Hoy 28 de septiembre, Día de Acción Global para el Acceso al Aborto Legal y Seguro, desde IU queremos denunciar el estigma que esté continua teniendo en nuestra sociedad y como se incumple el acceso a todas las mujeres que lo necesiten.
El derecho a una maternidad libre y responsable ha sido una constante en el movimiento feminista que se dejó la piel para evitar la reforma que pretendía realizar el PP de la mano de Gallardón y que llevó a su dimisión.
Desde IU trabajamos y denunciamos la necesidad de que la Interrupción voluntaria del embarazo fuera un derecho que no necesitara de tutelas y que la maternidad fuera una opción que no pusiera en riesgo la vida de las mujeres ni sus proyectos vitales.
También trabajamos junto al movimiento feminista para que la ley que regulaba el aborto incidiera en varios aspectos que se quedaron pendientes como que la interrupción voluntaria de embarazo (IVE) dejará de estar tipificada como delito dentro del Código Penal, y pasará a estar regulada como el derecho que tienen las mujeres a interrumpir voluntariamente un embarazo y a decidir sobre su maternidad.
Así como que la práctica de la interrupción voluntaria de embarazo se garantizara a través de la red sanitaria pública para lo que era necesario una regulación de la objeción de conciencia que precisara sus límites y que que no pudiera ser invocada de forma colectiva por los centros sanitarios, garantizando que todos los centros públicos dispusieran de los equipos necesarios para atender la demanda de aborto de las mujeres, de forma que la objeción de conciencia de los profesionales no fuera un impedimento para el acceso de la mujer a una IVE como está sucediendo.
Estos aspectos que no se consiguieron, nos ha llevado a la situación actual que supone el incumplimiento de la Ley 2/2010, de 3 de marzo, de salud sexual y reproductiva y de la interrupción voluntaria del embarazo , que aunque reconoce «a todas las mujeres por igual el acceso a la prestación, con independencia del lugar donde residan». Miles de mujeres que deciden interrumpir voluntariamente su embarazo son obligadas cada año a desplazarse a otra provincia e incluso cambiar de comunidad autónoma debido a que los servicios de salud no llevan a cabo esta práctica sanitaria en los lugares en los que viven. Una discriminación geográfica que se da de diferentes formas y a la que la opacidad institucional dificulta poner cifras exactas, pero que constituye uno de los obstáculos del acceso al aborto en nuestro país incluso más de diez años después de la puesta en marcha de la última Ley del Aborto, y 35 años de la primera ley de aborto en nuestro pais.
Hasta doce provincias, junto a Ceuta y Melilla, no han notificado interrupciones voluntarias del embarazo en los últimos cinco años, a las que hay que sumar los territorios que solo hacen una parte de las intervenciones. Las razones que señalan las consejerías apuntan especialmente a que, en estas provincias, «no existen clínicas privadas» con las que concertar la prestación. Y es que según el informe sobre Ios datos de IVE de 2019, más del 85 % de las IVEs en todo el Estado se han llevado a cabo en un centro privado.
Urge incluir la formación del personal sanitario en técnicas IVE en las facultades de medicina y enfermería; incluir como una enseñanza más para que las y los profesionales que practican la interrupción del embarazo dejen de estar estigmatizados dentro del sector sanitario. La IVE debe ser un servicio más dentro de la atención de los derechos sexuales y reproductivos para que no se vuelva a repetir lo acontecido en Madrid donde la objeción total del servicio obligó a la mujer a cerrar su tratamiento con la clínica concertada a pesar de que existía riesgo para ella lo que a nuestro modo de ver es maltrato institucional y la vulneración de la ley del aborto.
Según el informe sobre IVE del ministerio de sanidad en 2019, el 90% de las Interrupciones Voluntarias de Embarazos realizadas han sido a petición de la mujer y de éstas el 71% en las primeras semanas. La decisión sobre la maternidad es una decisión importante y difícil que las mujeres llevan a cabo con responsabilidad por lo que se debe velar para que no se obligue ni se chantajee a la mujer para que lleve adelante un embarazo no deseado que implica un compromiso para toda la vida y en el que subyace el cuestionamiento de la capacidad de las mujeres para tomar decisiones sobre su propia vida.
La actuacion de los lobbys provida que pretenden chantajear a la mujer para que cambie su decision haciendo campañas en las puertas de las clinicas son otra agresion machista mas hacia las mujeres, presionandolas para cumplir un mandato de genero que no tiene en cuenta su contexto ni su realidad, dando informacion falsa y desde una concepción paternalista y patriarcal que infunde a la mujer la obligación de la procreación para sostener un sistema que la utiliza y la explota para ello.
Por ello, estaremos muy atentas a la tramitacion en el Congreso de la proposición de leydestinada a acabar con el acoso que sufren muchas mujeres y profesionales a las puertas de las clínicas donde se practican abortos. Según una encuesta de la Asociación de Clínicas Acreditadas para la Interrupción del Embarazo (ACAI), el 89% de las mujeres que se han sometido a la intervención se han sentido acosadas y el 66% amenazadas, dado que grupos religiosos y ultras protagonizan una 100 acciones de hostigamiento al año, en las que usan fotografías, fetos de juguete o acusan a las mujeres de asesinar a niños.
Y por esto mismo, insistimos en la necesidad de que dichas intervenciones se realicen en la sanidad pública donde se dificultarian este tipo de actuaciones de acoso.
Además del asunto pendiente de las menores de edad que necesitan el acompañamiento de su tutor, suponiendo un paso atrás en el reconocimiento de nuestra capacidad de decisión. Son adultas para asumir la crianza pero no para decidir no llevarla a cabo. Así como el de las mujeres sin residencia legal y sin acceso a tarjeta sanitaria que quedan fuera del acceso universal a la salud
Desde la Red feminista de IU mantenemos la necesidad de incidir en garantizar el acceso al aborto de las mujeres y seguiremos trabajando para garantizar unas condiciones de vida digna que permita a las personas y a las mujeres desarrollar su proyecto personal fuera de la precariedad. Igualdad real y condiciones de vida digna son las bases para mejorar y posibilitar una crianza que responda a las necesidades y proyectos de todos y todas, junto a una educación afectivo sexual con un enfoque integral desde una perspectiva feminista, métodos anticonceptivos y prevención de enfermedades de transmisión sexual que a día de hoy siguen siendo imprescindibles.
Compartimos la necesidad de abordar la reforma de la ley de salud sexual y reproductiva para corregir todas estas cuestiones, así como abordar la gestación subrogada y evitar las situaciones de explotación reproductiva y la violencia obstétrica que es necesario visibilizar para poder revertirla de forma efectiva.
Porque las mujeres sabemos lo que implica la maternidad, no necesitamos tutelas ni chantajes para tomar nuestras decisiones y asi garantizar una maternidad responsable y un aborto seguro y gratuito en la sanidad publica.
¡Aborto libre,seguro,gratuito, para todas y en la sanidad publica!
