El coordinador federal de Izquierda Unida, Alberto Garzón, ha defendido esta mañana la postura que mantiene desde el inicio esta formación para poner en marcha una “reforma estructural” del mercado energético y que esté “mucho más regulado”, y poder proteger así a las familias trabajadoras y a las empresas frente al aumento desorbitado del recibo de la luz.
Durante su intervención para presentar el Informe Político al inicio de la reunión que celebra hoy la Coordinadora Federal de IU -máximo órgano ejecutivo de dirección- el también ministro de Consumo indicó que se necesita “audacia y valentía” para tomar medidas que incidan en un efectivo descenso del precio de la luz y hacer frente a un mercado que tachó de “oligopolio”, dominado por solo tres compañías, y en el que “muy pocos deciden por muchos”.
“Izquierda Unida lo ha tenido siempre muy claro -incidió-; uno de los problemas del mercado energético es que es un oligopolio dominado por tres grandes empresas multinacionales que tienen una capacidad y un dominio sobre el mercado abrumador y, por lo tanto, no se puede hablar de un mercado plenamente competitivo”.
Garzón explicó que la subida del precio de los suministros básicos “dificulta la vida de la clase trabajadora”, al tiempo que afecta de forma muy negativa a la actividad de las empresas. Esto pone a prueba la capacidad de cualquier gobierno a la hora de ser “activo” y de poner en marcha soluciones.
Reprochó al Partido Popular, cuyos máximos dirigentes llevan semanas tratando de sacar rédito partidista de este encarecimiento de la energía, no solo que “no acometiera ninguna reforma estructural” cuando estuvo en el Gobierno, sino que “incluso las dificultó”.
El responsable federal de IU recordó algunas de las medidas ya aprobadas por el Ejecutivo de coalición, como la importante bajada del IVA o el impulso a las energías renovables, que aún deben completarse con otras para reducir la factura eléctrica y ajustar “los grandes beneficios de las compañías” que conforman ese oligopolio energético.
Reivindicó de nuevo la “propuesta histórica de Izquierda Unida” de crear una empresa pública de energía como “instrumento público de contrapeso al poder del oligopolio”, lo que facilitaría alcanzar un mercado “plenamente competitivo” frente a la “anomalía” de esas empresas que copan el suministro energético. Esto debe ir acompañado de una regulación más estricta para fijar el precio de las fuentes de generación de energía, en referencia a la nuclear y la hidroeléctrica.
