En Unidas Podemos vemos con preocupación la voluntad del Consejo Europeo de reeditar y actualizar la declaración de Malta que firmaron los Estados miembros en febrero de 2017 en La Valeta. Aquella declaración fue una marcada apuesta por la criminalización de las personas migrantes y refugiadas, las deportaciones masivas, el refuerzo del modelo de la Europa fortaleza en el Mediterráneo y la búsqueda de acuerdos con terceros países como Libia, Turquía y Marruecos, para impedir por todos los medios que esas personas pisen Europa.
Cuatro años después, podemos afirmar que este tipo de políticas migratorias sólo generan el sufrimiento, la explotación y la muerte de miles de personas cada año en nuestras fronteras marítimas y terrestres. Desde 2017 han muerto 8.055 personas y miles han desaparecido tratando de llegar a nuestras costas según los datos de la Organización Internacional de las Migraciones. Esto, a pesar del blindaje del Mediterráneo y del Egeo que la UE ha puesto en marcha con la Agencia Frontex.
La clave está en que Frontex, tal y como ha quedado demostrado en numerosas investigaciones periodística e informes de ONGs, está fomentando si no participando directamente en devoluciones en caliente en el mar. La Agencia está siendo investigada por esas devoluciones en caliente por la Oficina para la Lucha contra el Fraude de la UE, tiene abiertos varios procesos en el Tribunal de Justicia de la UE y ha sido objeto de una investigación por parte del Parlamento Europeo.
A las prácticas contrarias a la legislación internacional de Frontex se le suman los acuerdos de la vergüenza con países como Turquía y Marruecos y el chantaje al que está sometiendo Bruselas a los países empobrecidos para contener la migración. Este chantaje consiste en supeditar los fondos de cooperación a la firma de acuerdos para admitir a las personas deportadas desde Europa o a cortar el tránsito de las personas migrantes y refugiadas.
La declaración de La Valeta hacía además una defensa cerrada de la colaboración con Libia y sentaba las bases para la formación de los guardacostas libios. Frontex y la guardia costera libia colaboran a diario en la devolución en caliente de personas migrantes y refugiadas en el Mediterráneo. Esas personas son devueltas a capitales de Estados fallidos que, como Kabul y Bagdad, han sido consideradas seguras por la UE.
El nuevo Pacto de Migración y Asilo propuesto por la Comisión Europea pretende convertir a la UE en una agencia de deportación masiva, permitiendo, además, que los países que se nieguen a acoger, puedan compensar su insolidaridad pagando vuelos para deportar. Esta medida es injusta con los países que conformamos la frontera Sur y sólo responde a las exigencias de la extrema derecha, cuando lo que se necesita es solidaridad y un reparto justo de las responsabilidades de acogida.
Por todo esto, creemos que la única declaración de Malta posible es aquella que cambie definitivamente el rumbo de las políticas migratorias de la UE, poniendo el acento en un cuerpo civil y público de búsqueda y rescate en el mar, y abriendo vías legales y seguras para llegar a Europa con la concesión de pasaportes humanitarios en origen. Creemos que el Gobierno de España puede tener un papel clave en esta apuesta por una política migratoria humana y debe presionar en el Consejo para que la agenda de la extrema derecha europea deje de imponerse.
