La Organización Mundial de la Salud define la salud como un concepto global, entendido no sólo como ausencia de enfermedad, sino también como bienestar físico, mental y social. Y hoy, en el día Mundial de la Salud y tras un año de pandemia, debemos repensar cómo garantizar el acceso a la salud para toda la población.
La pandemia ha evidenciado los problemas en el Sistema Público de Salud tras décadas de políticas neoliberales: recortes, falta de personal, saturación de los servicios y precariedad laboral. Pero para abordar esta precariedad debemos entender que ocho de cada diez sanitarias son mujeres en la Unión Europea.
Por otro lado es urgente analizar los contagios con enfoque de género. En España el 78,8% de las enfermeras de Atención Primaria son mujeres, pero no sólo eso, sino que una parte del personal estuvo indebidamente protegido y el 73,6% del personal sanitario que tienen o tuvieron la enfermedad son mujeres. Ello se debe, también, a que realizan trabajos de atención directa a las y los pacientes, con lo cual, la falta de protección las afectó más que al resto. Es importante tener en cuenta las declaraciones de ONU Mujeres, que destaca el caso de España por la brecha de género en las infecciones en la primera línea en un informe titulado: «COVID-19 y género: ¿qué sabemos; qué necesitamos saber?».
Sin embargo, en estos informes apenas se habla de la problemática de las mujeres que trabajan en sectores dedicados a los cuidados en otros ámbitos, como las cuidadoras de residencias, las mujeres de los servicios de ayuda a domicilios o las limpiadoras de los hospitales y centros de salud. En estos casos, estas trabajadoras más precarizadas siguen siendo olvidadas al no añadir al enfoque de género el de clase. Estos servicios, además, suelen estar gestionados por empresas privadas, donde priman los beneficios económicos frente a la calidad asistencial o la salud laboral. Las cuidadoras del SAD, por ejemplo, carecieron de cualquier medio de protección hasta bien avanzada la primera ola, y a día de hoy, siguen sin estar debidamente protegidas. Queda patente, por tanto, la importancia de desvincular estos sectores, precarizados y feminizados, del ámbito privado. Los cuidados y lo sanitario no puede estar a cargo de quien prioriza el beneficio económico.
No podemos olvidar que este modelo low cost impacta en las necesidades y dignidad de las personas que necesitan esos cuidados, que somos todas a lo largo de la vida, ahora más evidente en el contexto de la pandemia. Es urgente una revisión que dignifique y revalorice también otra gran parte de los cuidados que están sustentados en el sector del empleo de hogar y cuidados, aún más vulnerado, en el que las trabajadoras, muchas de ellas migrantes están, o en la economía informal o las que están contratadas no tienen reconocidos sus derechos, al no estar integradas en el Régimen General de la Seguridad Social.
Por otro lado, las consecuencias económicas y sociales de la pandemia las sufrirán de forma más aguda las mujeres, precisamente por la precarización laboral, la brecha salarial, que tiene como consecuencia bases de cotización más bajas, que influyen el cobro de los ERTES, y porque aún hoy, son las mujeres las que mayoritariamente se dedican al cuidado de las familias. Una carga que ha aumentado durante la pandemia.
La responsabilidad del cuidado en los hogares está desarrollada fundamentalmente por las mujeres. Las tareas de cuidados en los hogares son muchas y le destinamos gran parte de nuestro tiempo fuera de la jornada laboral y es un trabajo monótono y repetitivo, sin vacaciones ni tiempo libre. Esta sobrecarga de cuidados ocasiona en las mujeres estrés crónico e incremento de problemas músculo-esqueléticos entre otros.
Las consecuencias se plasman en un estudio de la Universitat de València, de los muchos que hay sobre “La sobrecarga de las cuidadoras de personas dependientes”. Las cuidadoras están sometidas a graves riesgos sobre su salud mental, como trastornos depresivos y desequilibrios emocionales, sexuales, malestar psicológico y tasas elevadas de depresión y estrés. La mayor incidencia de los trastornos de salud mental que trae consigo la atención de la población dependiente se ve corroborada por el mayor uso de medicación psicotrópica entre las cuidadoras. La prescripción de fármacos para la depresión, la ansiedad y el insomnio es hasta 3 veces mayor que en el resto de la población.
En la Encuesta Nacional de Salud se evidencias resultados parecidos. Las mujeres mayores solicitan más consultas médicas y reciben más tratamientos que los hombres , teniendo más prescripciones médicas de psicofármacos. La gran mayoría de las prescripciones están realizadas por atención primaria y en muy raras ocasiones por especialistas.
Los hábitos saludables, constituyen un mecanismo de amortiguación de los efectos negativos provocados por la crisis de cuidados, en la medida en que pueden contrarrestar el estrés de la persona cuidadora y frenar el deterioro de su salud. La menor prevalencia de prácticas preventivas entre las mujeres cuidadoras, ha sido descrita relacionando el menor tiempo dedicado al autocuidado.
Para que se contemple nuestra salud desde un enfoque integral se debe incorporar la dimensión bio-psico-social no solo desde una perspectiva medicalizada. Necesitamos disponer de la información necesaria para tomar decisiones sobre nuestros cuerpos e impulsar la investigación médica desde un enfoque no androcéntrico, que ponga las necesidades de las mujeres entre sus objetivos.
Pero en la base de nuestras condiciones de vida se encuentra el actual modelo de cuidados injusto e insostenible basado en la invisibilidad y la explotación de las mujeres. Debemos trasladar a la sociedad el debate social sobre cómo abordamos esta urgencia social, apostando de manera clara por la corresponsabilidad con los hombres, las empresas y el Estado a todos los niveles y revalorizando este trabajo que remunerado o no, es imprescindible para la vida.
