El portavoz adjunto y de Interior de Unidas Podemos, Enrique Santiago, ha logrado sacar adelante hoy en el Congreso una iniciativa para acabar con la situación de “colapso y de enormes retrasos” en las oficinas de atención a personas extranjeras, heredada de la etapa de los Gobiernos del PP, debido a la absoluta “escasez de recursos y falta de personal suficiente”, además de un incremento de las solicitudes de usuarios.
La iniciativa aprobada, pese a que PP y Vox volvieron a unir sus votos para rechazar mejoras en la vida diaria de las personas extranjeras en España, promueve entre otras cuestiones que se dote de “recursos tecnológicos y humanos necesarios” para llevar a cabo las tareas requeridas.
Entre las medidas concretas recogidas en el texto están seguir trabajando para que ‘la expedición de la Tarjeta de Identidad de Extranjero se haga en el momento de la toma de huellas, de la misma manera que ocurre con el Documento Nacional de Identidad’ o considerar la posibilidad de asignar ‘cita para la toma de huellas en la policía automáticamente con la resolución favorable. De la misma manera, ante la caducidad de la tarjeta de larga duración o de la tarjeta permanente, proceder a la asignación automática para la toma de huellas’.
Unidas Podemos ha plasmado en la proposición no de ley aprobada las demandas de numerosos colectivos para que se prorrogue ‘la vigencia de los documentos dada la imposibilidad o dificultad para conseguir cita, aun habiendo pasado varios meses e incluso, teniendo en cuenta la casuística de quiénes tenían cita que fue cancelada y no les ha sido posible conseguir otra’. Esta prórroga, publicada originalmente el 20 de mayo en el BOE mediante Orden Ministerial (SND/421/2020), ‘deberá tener vigencia durante el tiempo que duren las dificultades para obtener citas’.
Enrique Santiago apuntó al hecho claro de que los problemas se han agravado por la situación de pandemia, arrastrando unos efectos que “nos preocupan porque suponen un menoscabo en los derechos y libertades de personas migrantes, tal y como han advertido las entidades sociales”.
Señaló que las dificultades alcanzaban a numerosos trámites, desde conseguir “los permisos iniciales, como a las modificaciones o renovaciones de las autorizaciones de residencia, de residencia y trabajo, y de las autorizaciones de larga duración, reagrupaciones familiares”, entre otros trámites.
Santiago puso el ejemplo de personas extranjeras “que realizan funciones esenciales en materia de cuidados, que se quedan sin poder renovar la documentación, y las consecuencias las padecen ellos y también los españoles y españolas a quienes cuidan”.
“Hay incluso autorizaciones de regreso o cartas de invitación que se ven afectadas -enumeró-, y la falta de documentación dificulta el acceso a un puesto de trabajo, a mantener los que se tienen, a la formalización de contratos de alquiler, operar una cuenta bancaria o cualquier otro trámite administrativo”.
El también portavoz parlamentario y responsable federal de Justicia e Interior de Izquierda Unida denunció que existe un “mercado paralelo de citas previas que se están vendiendo, dependiendo de las ciudades, por 200 ó 300 euros a través de intermediarios o incluso en Wallapop”, y que se está extendiendo a las citas de la Dirección General de Tráfico o incluso al Servicio Público de Empleo.
Advirtió de que la situación general denunciada “no afecta solo a las oficinas de extranjeros, sino que tiene también su reflejo en las oficinas de expedición de DNI” y recordó que el personal no policial de la Dirección General de Policía que forma parte del Cuerpo de Administración General del Estado “se encuentra por segundo viernes consecutivo en situación de conflicto laboral hasta que se solucionen estas cuestiones”.
Enrique Santiago indicó que “no puede ser que tenga que haber policías realizando tareas propias de personal no policial o que haya ciudades grandes donde hay muchos puestos de trabajo pendientes de cubrir. Es necesario abordar estas medidas y contar con los presupuestos necesarios para hacerlo”.
Aceptó una enmienda parcial del Grupo Socialista y agradeció una enmienda del Partido Popular, “el problema es que como la formulan como ‘de sustitución’ no la podemos admitir porque nos obligaría a eliminar otros extremos que nos parecen también importantes y muchos más detallados para solucionar este colapso heredado desde hace tantísimo tiempo”.
La enmienda aceptada plantea “suspender la imposición de cualquier sanción” que por falta de documentación se pudiera imponer a las personas extranjeras “cuando la misma no les pudiera ser imputable y siempre que, reuniendo los requisitos que le daría derecho para acceder a ella, hubieran llevado a cabo las actuaciones necesarias a tal fin ante las autoridades competentes”.
