El portavoz adjunto de Unidas Podemos y portavoz parlamentario de Izquierda Unida, Enrique Santiago, reclama a la fiscal general del Estado que “judicialice ya” la investigación que lleva adelante la Fiscalía del Tribunal Supremo por los presuntos delitos económicos cometidos por el todavía rey emérito, Juan Carlos de Borbón. Santiago traslado a Dolores Delgado “nuestra absoluta sorpresa por la falta de acción respecto a esa investigación”, mientras “todo el país se escandaliza con cada nueva noticia de fondos millonarios, cuentas en paraísos fiscales o tarjetas black”.
“Sinceramente -reiteró durante la comparecencia de ayer tarde de Delgado en la Comisión de Justicia de la Cámara Baja-, consideramos que la Fiscalía debe judicializar esa investigación ya. Sin duda está ya nutrida de numerosos indicios y averiguaciones, tanto procedentes de la única investigación abierta con valor judicial sobre la presunta corrupción del emérito, que se está realizando en Suiza, no en España, como de los indicios y pruebas de las numerosas informaciones que van divulgando los medios de comunicación”.
El también responsable federal de Justicia e Interior de IU recordó “la información que ya podemos afirmar que obra en la Agencia Tributaria sobre ingresos indebidos del emérito por actividades económicas claramente incompatibles con cualquier función constitucional”.
Santiago incidió en que “ni la justicia española ni esta Cámara están investigando los hechos”, pese a que “es obvio su relevante interés público”, igual de obvio que “en España no puede existir ni impunidad ni patente de corso para actuaciones corruptas de nadie, menos aún entre personas dedicadas a la política, y un jefe de Estado es una persona dedicada a la política”.
“En resumen -indicó a Dolores Delgado-, la Fiscalía debe proceder de inmediato a presentar ante los tribunales de justicia el resultado de la investigación que inició en junio de 2020, para que también sea objeto de investigación en sede judicial”.
Enrique Santiago hizo durante su intervención un amplio repaso de los temas que desarrolló la fiscal general en su explicación de las Memorias de los últimos años del Ministerio Público. Así, reconoció que “nos preocupa el incremento del 12% de las calificaciones por delitos contra la libertad sexual en víctimas mayores de edad”, ya que ello “pone de manifiesto que hay un incremento de esas conductas en nuestra sociedad que debe erradicarse”.
Felicitó la actuación de la Fiscalía ante el Tribunal Supremo “para proteger a las víctimas de los delitos contra la libertad sexual cuando no hay consentimiento” y recordó tajante que “solo SÍ es Sí’.
Agradeció también la valoración positiva de la Fiscalía “sobre el anteproyecto de ley orgánica de garantía integral de la libertad sexual, que incluye el consentimiento como elemento esencial del delito de agresión sexual”.
Eso sí, el portavoz adjunto de Unidas Podemos destacó que “no salimos aún de nuestro asombro” por el informe emitido por el Consejo General del Poder Judicial “máxime cuando en el proceso judicial por violencia de género en nuestro país es prueba esencial la declaración de la víctima y no se considera una inversión de la carga de la prueba”. Hacerlo “sería constituir una especie de presunción de culpabilidad que no existe ni en nuestro proceso penal ni en ese anteproyecto de ley orgánica”.
Frente a esta actuación de la cúpula judicial señaló que “el Ministerio de Igualdad, junto a los colectivos feministas, está haciendo gran trabajo en esta línea”.
Santiago apuntó al incremento de actuaciones sexistas y de violencia entre menores y adolescentes en el entorno familiar, especialmente en el ámbito sexual. Mostró su coincidencia con lo expuesto por la fiscal general “sobre la forma de combatir la violencia de género” y reiteró “la importancia del apoyo a las leyes feministas para hacer frente a las causas de esta problemática, más allá de la respuesta penal y con una función educativa”.
Sobre la sentencia y las cuestiones del ‘Procés’, señaló que “ya hemos dicho que los problemas políticos deben solucionarse políticamente y no judicialmente”, de ahí que reprochara a Delgado los recursos desde el Ministerio Público a la excarcelación de los/as políticos/as presos/as. “Creemos -dijo- que cuando una junta de tratamiento propone un tercer grado o cuando un juez de vigilancia penitenciaria toma una resolución al respecto, no procede que por parte de la Fiscalía se contradiga ese criterio”.
Enrique Santiago mencionó también la Instrucción sobre ocupación de vivienda de 2020 de la Fiscalía en los casos de allanamiento de morada y usurpación de inmuebles. Valoró que “es un paso en la ponderación de los derechos para la salvaguarda de las personas en situación de vulnerabilidad residencial. La intervención de los servicios sociales en un paso en muy buen sentido”.
En la misma línea, indicó que “introducir la perspectiva de la atención social en vez de tratar el problema desde un punto de vista exclusivamente punitivista es un paso adelante muy importante”. Va en la línea de lo que “distintos movimientos sociales están pidiendo a este Gobierno para conseguir la regulación de los precios de alquiler y una solución al problema de la vivienda”.
Dejó para el final de su intervención reclamar a la máxima autoridad fiscal que “sea más estricta en el combate a la deslegitimación absoluta a este Gobierno”. A su juicio, “no se puede aceptar que una ex fiscal general o fiscal en activo publique un artículo diciendo que un Gobierno que ha ganado las elecciones no es legítimo. Nos parece que se ha actuado con menos contundencia de la que se debería”.
“Tampoco procede permitir situaciones de acoso al Gobierno durante meses, máxime cuando esos acosos se dan en viviendas particulares donde se está afectando incluso a menores”, dijo en referencia a las personas que rodean la vivienda del vicepresidente del Gobierno y de la ministra de Igualdad, Pablo Iglesias e Irene Montero.
Sobre los delitos de odio y la libertad de expresión, recordó que desde Unidas Podemos “ya tenemos presentada una proposición de ley para derogar los delitos sobre libertad de expresión, que espero que apoyen todos los grupos parlamentarios para que España se ponga a nivel de los países de nuestro entorno y nadie pueda ser sancionado por expresar sus opiniones”.
“Pero es evidente que el delito de odio se introdujo en nuestra legislación para proteger de agresiones a minorías y a colectivos vulnerables. No procede que la Fiscalía proponga ningún tipo de acuerdo de conformidad que tenga que ver con reconocer la categoría de minoría vulnerable a cuerpos del Estado, eso es un absoluto sinsentido”, mencionó.
Enrique Santiago reconoció que “nos preocupa la permisividad con grupos nazis y ultraderechistas” y valoró que la imagen del pasado fin de semana en Madrid “de la Policía acompañando cariñosamente a nazis que interrumpieron una manifestación por el derecho a la sanidad pública no es propia de un Estado democrático, menos cuando se detiene a un manifestante que acude a defender ese derecho a la sanidad pública”.
