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Enrique Santiago critica a Vox por esconder los “verdaderos problemas de la justicia” mientras trata de beneficiarse con sus propuestas para reformar los trámites en el Constitucional

El portavoz adjunto de Unidas Podemos denuncia en el Pleno del Congreso que es el “permanente secuestro por la derecha de los órganos constitucionales” lo que provoca la “insatisfacción de los ciudadanos y el cuestionamiento de la calidad democrática; esta es la ‘anormalidad democrática’ que tanto les escandaliza”

El portavoz adjunto de Unidas Podemos, Enrique Santiago, ha rechazo esta tarde de plano en el Pleno del Congreso la repetida propuesta de Vox para acelerar el plazo de resolución de los recursos ante el Tribunal Constitucional. Santiago desenmascaró las verdaderas intenciones del partido de ultraderecha al advertir que “lo que están proponiendo realmente es dar prioridad en la tramitación del Constitucional a los recursos de inconstitucionalidad que presentan ustedes, concretamente a sus recursos impugnando el estado de alarma y mostrando su constante negacionismo ante la gravedad de la pandemia, porque ustedes lo atribuyen a una conspiración política”. De la misma forma, criticó que la proposición no de ley de la ultraderecha “no menciona los verdaderos problemas de la justicia”, entre ellos “la falta de eficacia de una justicia politizada”.

El también portavoz parlamentario y responsable de Justicia de Izquierda Unida comenzó su razonamiento indicando a los responsables de Vox que para plantear cambios de ese calado “lo apropiado es presentar una proposición de ley y no una proposición no de ley”, mucho más cuando en la reforma de 2007 de la ley del Tribunal Constitucional “ya se introdujo la exigencia de justificación de la ‘especial trascendencia’ constitucional que hoy nos traen aquí como si fuera una novedad”.

Recordó que el Constitucional ya se pronunció sobre el tema del estado de alarma en 2016 y, más recientemente, “se ha pronunciado también sobre los recursos de Vox, desestimando las medidas cautelares previas que han pedido”.

Santiago hizo un somero repaso de polémicas recientes en el ámbito de la justicia. Entre ellas, señaló que “hoy nos causa estupor la nueva injerencia en la actividad política del presidente del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León, descalificando al partido que más luchó contra la dictadura, por la democracia y por la libertad”, en referencia al ataque verbal del magistrado José Luis Concepción contra el Partido Comunista de España (PCE).

“Nos causa escándalo -prosiguió- la mediación de un juez entre el Partido Popular y su ex tesorero para que éste se calle ante la justicia. O nos causa muchísimo escándalo el ingreso en prisión de un cantante exclusivamente por el contenido de sus letras, por muy de mal gusto que sean esas canciones”, señaló en referencia a la detención esta mañana del rapero Pablo Hasél.

Recordó que “son 150 personas, cantantes y artistas, encarcelados en España por poner tuits o hacer canciones, y eso quien lo tenía que evitar era el Tribunal Constitucional, ese es el grave problema que tenemos, que es permisivo cuando se respetan los derechos fundamentales”.

Para Enrique Santiago, el Constitucional “padece también el secuestro de la derecha. Es otro órgano constitucional al que le ha expirado el mandato y que está pendiente de ser renovado en un tercio de su composición desde 2019”.

“Mientras tanto -denunció-, nos traen una proposición no de ley para acelerar la tramitación de sus recursos, arrogándose nuevamente Vox más derechos de los que reconocen al resto de sus compatriotas y, desde luego, obvian pedir el cumplimiento de la norma constitucional de renovación”.

El portavoz adjunto de Unidas Podemos valoró que es ese “permanente secuestro por la derecha de los órganos constitucionales” lo que provoca la “insatisfacción de los ciudadanos y el cuestionamiento de la calidad democrática. Esta es la ‘anormalidad democrática’ que tanto les escandaliza” e ilustró su afirmación recordando que según el  Eurobarómetro “el 53% de los españoles no está satisfecho con el funcionamiento de la democracia”.

Santiago explicó que “es obvio para la mayoría de los ciudadanos que vivimos en una ‘democracia mejorable’. Lo que no es cierto es que vivamos en una dictadura ni en un Estado totalitario, como se han cansado hasta la saciedad de decir tanto Vox como el PP desde que se constituyó este Gobierno y desde que comenzó la pandemia”.

Indicó que “la calidad democrática también depende de la renovación en plazo de los órganos constitucionales y del respeto a los derechos fundamentales”. Sobre esta última cuestión, enumeró de nuevo casos concretos y señalados para reforzar sus palabras, “por ejemplo, tener un ex jefe del Estado fuera del alcance de una justicia y que ésta se niegue a investigarlo, mientras lo hace la justicia de otro país; esto afecta a los derechos fundamentales”.

O también “tener miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado en activo que ataquen groseramente al legislativo por presentar iniciativas que no les gustan o que den palizas a los ciudadanos o que se dediquen a perseguir a políticos en beneficio de unos partidos y en perjuicio de otros, obviamente afecta a los derechos fundamentales”.

“O tener a demasiados militares retirados que añoran el franquismo y las masacres, o nazis que añoran a las divisiones hitlerianas”, apuntó en último lugar.

Enrique Santiago lamentó que se llegue a situaciones “como que Naciones Unidas haya tenido que llamar la atención a España por los desahucios sin alternativa habitacional o por los cortes de suministros esenciales en la Cañada Real”.

El portavoz adjunto de Unidas Podemos advirtió que “cada vez que el Tribunal Europeo de Derechos Humanos resuelve condenando a España, es un fracaso del Tribunal Constitucional, que no ha corregido una vulneración de un derecho fundamental”.

Detalló que “son 62 condenas en los últimos años a España por no respetar un proceso justo, o por malos tratos o por el uso injustificado de la fuerza al disolver manifestaciones contra los recortes, o por enviar a la cárcel a personas por quemar una foto del jefe del Estado” por parte del Tribunal Europeo de Derechos Humanos.

“En todo caso -concluyó-, eso es de lo que nos tenemos que preocupar que no ocurra con el Tribunal Constitucional, de que no nos haga avergonzarnos en Europa por no ser capaces de defender los derechos fundamentales de los españoles”.

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