Este último fin de semana, en concreto el sábado día 6, se ha cumplido el séptimo aniversario de la muerte de al menos 15 personas migrantes que, en 2014, intentaban llegar a Ceuta a través de la playa de El Tarajal. Una más desapareció y otras 23 fueron devueltas de forma ilegal a las autoridades marroquíes. Agentes de la Guardia Civil usaron material antidisturbios y dispararon pelotas de goma contra estas personas cuando se encontraban en el mar para tratar de evitar su llegada a las costas.
Unidas Podemos-En Comú Podem-En Marea ha respondido a las principales demandas realizadas por las organizaciones sociales, entre ellas la obtención de visados para las familias de las víctimas del Tarajal. De esta forma, el grupo confederal llevará a través de la próxima reforma del Reglamento de la Ley de Extranjería la propuesta de que se incluya a familiares de víctimas en las fronteras dentro de la exención para la obtención de visado.
Unidas Podemos plantea esta medida, en primer lugar, para facilitar así cualquier cuestión relacionada con los procesos de identificación o los procesos judiciales relacionadas con estos casos, como podrían ser las pruebas de ADN o la personación en los mismos. Pero también por una cuestión de reparación, para facilitar todas las actuaciones en relación a la recuperación, enterramiento, repatriación y cualquier actividad relacionada con las personas fallecidas y su entorno personal y familiar.
El grupo parlamentario confederal sigue demostrando así su preocupación por la reparación de las víctimas de las fronteras y para lograr avances concretos en la memoria democrática de nuestro país, lo que incluye poner nombre a estas víctimas, investigar las circunstancias de sus muertes, informar a las familias y realizar las actuaciones necesarias para su reparación.
En el caso de las muertes en la playa de El Tarajal, a pesar de que las autoridades españolas reconocieron los hechos, la Audiencia Provincial de Cádiz ordenó el pasado 27 de julio el sobreseimiento de la causa, estimando los recursos de apelación interpuestos por la defensa de los agentes, la Fiscalía y la Abogacía del Estado. Frente a este sobreseimiento se ha planteado recurso de casación por parte de las organizaciones personadas desde el inicio como acusación: CEAR, Observatori DESC y Coordinadora de Barrios.
