El portavoz adjunto de Unidas Podemos y responsable del grupo en materia de Interior, Enrique Santiago, ha tachado de “fraudulenta” la que ha definido como “enmienda que nos obliga a debatir hoy el Partido Popular, que es literalmente y palabra por palabra el mismo texto de la Ley de Seguridad Ciudadana en vigor”, una actuación por parte de los ‘populares’ que “desprecia que el Congreso ya ha acordado su reforma, no su mantenimiento”.
Santiago aseguró durante su intervención en el Pleno para mostrar el rechazo de su grupo a las estratagemas parlamentarias del PP, que el partido que lidera Pablo Casado “nos obliga a hacer este ‘debate a la totalidad’; puede durar más o menos una hora y, atendiendo al Presupuesto del Congreso, esa hora le va a costar a todos los españoles 33.000 euros más o menos”.
“Es bastante dinero para una persona trabajadora -dijo-, considerando que el salario medio anual en España el año pasado fue de 24.000 euros, y que el salario habitual es inferior a 19.000 euros. Para el PP, sin embargo, es poco dinero. Hemos visto que el señor Martínez Almeida considera que las personas que ganan entre 32.000 y 88.000 euros al año ‘tienen problemas socioeconómicos’ y por eso ha acordado darles unas ayudas con dinero público para pagar el alquiler, a la vez que mantiene cortado el suministro de luz en la Cañada Real. Ayudas a los ricos y olvido y dolor para los pobres”.
En esta misma línea, afirmó que “imagino que los varios centenares de asesores y juristas que el Grupo Parlamentario Popular tiene en esta Cámara estarán avergonzados del ridículo realizado, solo comparable con el sonrojo que provocan las preguntas al Gobierno del señor García Ejea”.
El también portavoz parlamentario de Izquierda Unida en el Congreso se cargó de argumento para denunciar que el PP “ha copiado la ley en vigor y la ha copiado mal”, y lo detalló a renglón seguido: “han incluido artículos que no se reforman en la proposición debatida; hacen referencia a una ‘futura reforma’ del Código Penal que se aprobó en 2015; hablan de libros-registro de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado que no existen, que se han digitalizado, o de una estructura ministerial que tampoco existe. Tampoco se han molestado en considerar las modificaciones y precisiones de la sentencia del Tribunal Constitucional de 2020”.
Afeó a la bancada del Partido Popular que “actúe vergonzosamente” y que “la cultura del esfuerzo que falsamente se atribuyen solo la conocen por haberla visto en las personas trabajadoras que trabajan para ustedes. Se comportan como señoritos derrochadores de recursos, incapaces de esforzarse un mínimo en su trabajo”.
Remarcó que el voto en contra de Unidas Podemos a esta “fraudulenta enmienda” se basa en que “en una democracia la protección de la seguridad ciudadana no permite implantar un régimen de sospecha sobre los ciudadanos y sobre su ejercicio de los derechos fundamentales, como hizo el Partido Popular con la reforma del 2015, impulsada por el ministro (Jorge Fernández Díaz) que utilizaba el Ministerio de Interior para perseguir a quienes molestaban a su partido, para obstruir a la justicia y para destruir las pruebas de la corrupción del PP”.
Enrique Santiago consideró que la seguridad ciudadana es “la premisa necesaria para el pleno disfrute de todos los derechos humanos por todas las personas, y es obligación de los poderes públicos garantizarla”. De ahí que se respaldara en su día la reforma ya en fase de tramitación, a partir de una proposición de ley del PNV.
Avisó de que el objetivo de su grupo es doble, primero “acabar con el recorte de libertades públicas y derechos fundamentales que implantó el PP para dificultar el derecho a la protesta contra sus recortes sociales y el empobrecimiento de la población española durante su Gobierno”.
Recordó que esto se acentuó cuando con el Ejecutivo de la derecha se llegó en 2013 “hasta los 6.270.000 parados, el 27% de la población activa y el 55% entre las personas jóvenes, muy lejos del desagradable número de parados que hay hoy en España, en el peor momento de una pandemia mundial”.
El segundo objetivo pasa por “expandir los derechos fundamentales para garantizar una convivencia social en paz para todas”, ya que el concepto de seguridad ciudadana que defiende Unidas Podemos “es inseparable de la garantía de derechos fundamentales y de la dignidad de la persona. Por eso, la propuesta del PP, que no se engañe nadie, es volver a la negra noche de los recortes de libertades de los gobiernos de Rajoy”.
Santiago adelantó que durante la tramitación “vamos a recoger propuestas que hacen organizaciones como Amnistía Internacional, para garantizar el derecho a la intimidad y la dignidad en los registros corporales. No pueden permitirse sanciones al ejercicio del derecho a la libertad de información y de prensa, o al ejercicio de la libertad de expresión en concentraciones o reuniones”.
“Vamos a acabar en esta tramitación -siguió detallando- con las sanciones e impedimentos al ejercicio del derecho a solicitar protección internacional en frontera, para que no pase lo que pasó en el Tarajal y muertes como esas”.
El responsable federal de Interior y Justicia de IU indicó también que “vamos a eliminar sanciones al ejercicio del derecho a la manifestación pacífica en cualquier lugar y erradicaremos cualquier supuesto intermedio entre la libertad y la detención, la mal llamada ‘retención’, situación impropia de un Estado de Derecho”.
Explicó a la bancada del PP que “hemos estado años luchando desde la izquierda durante la dictadura para conquistar el derecho de reunión y manifestación, y no vamos a permitir nunca que quienes sustentaron la dictadura vuelvan a limitar o condicionar esos derechos”.
“Por eso -dijo- protocolizaremos la actuación policial en el ejercicio del derecho de reunión y garantizaremos la proporcionalidad de cualquier sanción que afecte al derecho de manifestación. Nunca más una persona pensionista podrá ser sancionada con cantidades superiores al 50% de su pensión mensual por pisar la calzada durante una manifestación. Y no podrán ser sancionadas administrativamente conductas tipificadas en el Código Penal”.
Para Enrique Santiago, la derecha española “se ha mostrado liberticida a lo largo de la historia. Solo aceptan derechos y libertades para los poderosos, mientras imponen obligaciones y recortan libertades a quienes poco tienen. No sabe contestar las reivindicaciones sociales y movilizaciones, solo piensan en recortes de libertades, en vez de atender esas demandas sociales que las motivan”.
Recordó que “el paquete legislativo represivo del PP en la era Rajoy fue impresionante: Ley de Seguridad Ciudadana, ley de reforma del Código Penal y reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal. España es el único país de la Unión Europea donde se entra en prisión por la letra de una canción”.
Santiago acabó su intervención con un llamamiento a todas las fuerzas democráticas que apoyan al Gobierno “para trabajar por la recuperación de las libertades públicas que el PP nos ha cercenado. Señores de la derecha, desistan de cortar las libertades públicas por las que tanto ha luchado este pueblo”.
