El portavoz de Interior y portavoz adjunto de Unidas Podemos, Enrique Santiago, ha trasladado esta mañana al director general de la Policía su “preocupación” por el “incremento exponencial de la violencia de la ultraderecha” y por “lo que creemos que es connivencia de algunos funcionarios de los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado con grupos ultraderechistas”. Santiago reclamó a Francisco Pardo durante su comparecencia en el Congreso una mayor “prevención” ante el “incremento exacerbado de este terrorismo de ultraderecha”, para lo que propuso, entre otras cuestiones, más colaboración con las comunidades autónomas para aplicar las nuevas normas que se aprueban sobre este grave problema.
El también diputado y responsable federal de Interior y Justicia de Izquierda Unida puso el ejemplo de la Ley de Memoria Democrática y para la Convivencia aprobada recientemente en el País Valenciano, que sanciona la utilización y ostentación de símbolos que llaman a la violencia por parte de colectivos ultraderechistas. Valoró que su efectividad “requiere una colaboración policial”, por lo que planteó a su interlocutor “si tienen previsto algún tipo de protocolo especial, así como levantar atestados policiales resaltando estas situaciones de exaltación del sistema de la ultraderecha”.
Santiago puso varios datos encima de la mesa, entre ellos cómo el Índice de Terrorismo Global de 2019 advierte de que en cinco años en Europa y en Estados Unidos se ha incrementado en un trescientos por cien el terrorismo de la ultraderecha.
También detalló la connivencia de determinados funcionarios policiales con grupos ultraderechistas de la que advirtió, como en el caso de “la denominada empresa de seguridad privada Levantina de Seguridad, que ha sido denunciada en numerosas ocasiones por vínculos con grupos antisistema de la ultraderecha”.
“Y nos preocupa -dijo- que siga habiendo personas como el subinspector de Policía Alfredo Perdiguero, que no desaprovecha ocasión semana tras semana para verter a través de las redes sociales amenazas e insultos contra dirigentes políticos, sociales y cargos públicos”. Opinó que “activistas antisistema de la ultraderecha en ningún caso pueden formar parte de la Policía de un país democrático”.
Enrique Santiago felicitó a la Policía Nacional por la operación en la localidad malagueña de Coín, donde se incautó un arsenal de armas y un “auténtico museo” de objetos de temática nazi. Inquirió sobre si están “identificados los grupos antisistema ultraderechistas a los que iban dirigidas estas armas”. Recordó la operación simultánea llevada a cabo en Austria y Alemania, en la que se incautaron 76 fusiles automáticos y otras armas de guerra, además de explosivos, a “organizaciones ultraderechistas para, dice la policía alemana y austriaca, la creación de una milicia terrorista ultraderechista en Baviera. Evidentemente, que ya en nuestro país se incauten también armas de guerra a sectores de ultraderecha en este contexto pues nos preocupa sobremanera”.
El portavoz de Interior de Unidas Podemos no perdió la oportunidad de trasladar al director general de la Policía el interés de su grupo por cuestiones aún no resueltas. Entre ellas está “el retraso en la aprobación de la ‘ley pasarela’ contemplada en la Ley 9/2015 para facilitar la movilidad real entre los cuerpos autonómicos y el de la Policía Nacional”. Recordó que “es una reivindicación laboral permanente que resulta cada vez más procedente y necesaria, y que se viene retrasando ya bastante”.
“También nos preocupa -añadió- el fenómeno localizado de la interinidad de los policías locales, especialmente en la Comunidad Valenciana, donde hay más de 1.500 efectivos con este régimen y algunos llevan hasta 15 años”. Sobre este problema, extendido también en menor medida en Cataluña, País Vasco y Baleares, indicó a Francisco Pardo que “estará seguro de acuerdo conmigo que no procede que el monopolio del uso de la fuerza y las armas lo desempeñen personas con contratos de interinidad, lo cual redunda además en un déficit de formación”.
Insistió en la necesidad de “variar el sistema de productividad de la Guardia Civil para que se rija por criterios lo más objetivos posibles. Esta es una reivindicación histórica de las asociaciones profesionales mayoritarias, igual que se adopten medidas que faciliten conciliar la vida familiar y laboral, especialmente en la Guardia Civil, porque muchas veces ese estatuto militar dificulta especialmente ese tipo de medidas”.
Enrique Santiago reclamó también “protocolos exhaustivos” que vayan más allá de una mera orden o un reglamento para el uso de armas de defensa eléctrica, “en primer lugar para dar mayor seguridad a quienes las van a utilizar y para prevenir problemas que ha habido con su mala utilización en otros países de nuestro entorno”.
Se interesó también por las “sanciones impuestas a familiares de personas internas en prisión por visitas efectuadas durante el estado de alarma” y reclamó medidas concretas para que esto no se repita cuando las comunicaciones están autorizadas por la legislación penitenciaria.
Sobre cuestiones de extranjería, el diputado de IU reclamó un claro incremento de “los recursos de atención para las citas de extranjería. Ya sabemos que han sido muy difíciles durante el estado alarma, pero se están encontrando con el mismo problema una vez normalizada o avanzada la normalización tras el momento más duro del confinamiento. Sigue habiendo problemas para conseguir citas y eso acarrea muchos problemas para la normal integración de personas extranjeras en nuestro país”.
Preguntó también “si han avanzado ya en la aprobación del protocolo sobre el cumplimiento de la sentencia del Tribunal Supremo sobre la movilidad de los solicitantes de asilo en Ceuta y Melilla admitidos a trámite”.
Dedicó especial atención a las identificaciones “por perfiles étnicos” y recordó las numerosas condenas que ya hay, además de procedimientos abiertos actualmente en el Tribunal de Estrasburgo. “Quería preguntarle -indicó al director general- si tienen algún protocolo concreto para prevenir este tipo de actuaciones. No tanto indicaciones sobre lo que hay que hacer, cualquier funcionario sabe cómo hacer las identificaciones, sino sobre lo que no hay que hacer, que probablemente sería lo que prevendría este tipo de condenas”.
Santiago se mostró satisfecho de que se haya “normalizado” la situación de los centenares de personas migrantes que llegaron a Canarias y fueron agrupados en pésimas condiciones en el muelle de Arguineguín. Valoró que “no tiene mucho sentido” que se produzca esa acumulación “cuando en el resto del Estado hay plazas de acogida disponibles”.
En este punto, propuso directamente que “sea el Ministerio del Interior el que tome la iniciativa e invite a esta Comisión de Interior a visitar las instalaciones en Canarias” para poder comprobar así de primera mano cómo se gestiona este asunto. Indicó, no obstante, que el aumento en la llegada de personas migrantes a Canarias este año “no significa ni mucho menos que el resultado global vaya a ser superior a otros años, porque en el resto de España no ha sido así. Ya veremos lo que dicen los datos”. Felicitó a los miembros de los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado “que en Canarias han lidiado con esa complejísima situación”.
El portavoz de Interior de Unidas Podemos extendió su felicitación “por las medidas tomadas en el Campo de Gibraltar”, entre ellas el incremento de 1.200 agentes con respecto al 2018 para luchar contra el narcotráfico. Valoró que de ahí “esos buenos resultados de incautación de drogas y desmantelamiento de organizaciones criminales. Sin duda este problema venía claramente originado por el recorte de medios y recursos humanos del anterior Gobierno del Partido Popular”.
