Izquierda Unida va a intensificar su actuación e iniciativas en el ámbito institucional, social y político hasta conseguir la “erradicación efectiva de la devolución en caliente de personas migrantes”, además de la “derogación de la Ley de Seguridad Ciudadana que las ampara”, un compromiso de suma relevancia recogido en el acuerdo de legislatura en vigor.
Dada su importancia para el respeto de derechos humanos fundamentales, IU traslada su “profunda decepción y preocupación” ante el fallo del Tribunal Constitucional que avala la disposición adicional primera de la Ley de Seguridad Ciudadana que regula las devoluciones en caliente en Ceuta y Melilla.
Para esta formación, “la posibilidad de que una persona perseguida pida asilo y que en su pretensión de cruzar una frontera le sean garantizados todos sus derechos, con total transparencia, no solo es una seña de identidad de los países más democráticos y avanzados, sino que también es consecuencia de los convenios internacionales de derechos humanos”.
“La trágica emergencia humanitaria que se deriva de la situación de las personas refugiadas en el mundo, cuyo número no deja de crecer, requiere solidaridad y dejar de mirar a otro lado”, señala.
Por lo conocido hasta ahora, Izquierda Unida destaca que “el Tribunal Constitucional no avala con su decisión cualquier tipo de actuación y establece unas condiciones que, precisamente, no se cumplen en los casos que se han conocido de las expulsiones en caliente”.
Incide en que el fallo del Alto Tribunal no supone dar ninguna carta blanca para este tipo de prácticas, ya que “deja claro que solo se podrían aplicar en ‘entradas individualizadas’, no de manera colectiva, y que debe haber ‘pleno control judicial’ en todos los casos, algo que es imposible de garantizar cuando se producen actuaciones de hecho y se impide a los interesados disponer de asistencia letrada durante la expulsión”. Además, se establece que todas las medidas se lleven a cabo en ‘cumplimiento de las obligaciones internacionales’, lo que no se ha producido hasta el momento.
Ante la nueva situación, IU “estudiará con detenimiento el contenido de la sentencia para valorar su alcance preciso, así como el voto particular anunciado” y, en todo caso, valora que “su constitucional no significa que una medida sea justa o que deba aplicarse necesariamente, máxime cuando está en juego la vida y la seguridad de las personas”.
Por ello subraya que, de acuerdo con la valoración colectiva en Unidas Podemos, “insistiremos en el Congreso de los Diputados y en el Gobierno en la erradicación de este tipo de prácticas, así como en la derogación de la Ley de Seguridad Ciudadana, un compromiso del acuerdo de legislatura de suma relevancia.
Izquierda Unida reclama que “el abandono inmediato de este tipo de prácticas y un giro en la política migratoria. Se debe profundizar en las medidas sociales que ha adoptado el Gobierno, lo que supondría una oportunidad para construir una sociedad más igualitaria y contribuir a un mundo más justo. Esto debe traducirse en acciones concretas en vez de en discursos retóricos”.
“No hacerlo conllevaría un grave riesgo de que salga reforzada la campaña xenófoba alentada por las derechas, en una actuación de la oposición que evidencia su falta de compromiso real con la democracia y con los derechos humanos”, advierte.
