El portavoz en temas de Interior de Unidas Podemos, Enrique Santiago, ha reclamado esta tarde en el Congreso al ‘número dos’ de este departamento, Rafael Pérez, que “por salud democrática” deben acabar en su departamento con “la existencia de unas organizaciones criminales de altos cargos de policía, que están ahora mismo investigados en la Audiencia Nacional y que vienen de larga lata”. Santiago apostilló que “no nos los estamos inventando, son los tribunales los que dicen que existen y de esto depende la democracia”.
El también portavoz parlamentario de Izquierda Unida en la Cámara Baja aprovechó su intervención en la comparecencia del secretario de Estado de Seguridad para detallar que “por si los españoles quieren saber cómo es que el Partido Popular pudo organizar la llamada ‘policía política o patriótica’ del señor Fernández Díaz, lo tuvieron relativamente sencillo porque el problema es que llegaron y se encontraron con que había una organización criminal preexistente. Lo único que tuvieron que hacer fue poner esa estructura preexistente al servicio de sus fines partidarios políticos”.
Santiago había reconocido con anterioridad al secretario de Estado que en Interior tienen una “tarea muy difícil por delante en cuestiones que tienen que ver con la salud democrática de este país”. Lo ilustró con el ejemplo del coronel Diego Pérez de los Cobos, hasta el mes de mayo jefe de la Comandancia de la Guardia Civil de Madrid y cesado por Interior, un tema que habían utilizado de forma recurrente los portavoces de otros grupos en sus intervenciones.
El portavoz de Unidas Podemos dejó claro que “tanto que se ha discutido sobre el señor Pérez de los Cobos, la discusión quedó concluida cuando los tribunales de justicia archivaron la investigación prospectiva” que había impulsado el propio coronel. Explicó que fue el mando de la Guardia Civil quien “había diseñado primero el objetivo que quería alcanzar y después de eso había articulado unas supuestas diligencias de averiguación que ni eran diligencias ni eran nada. La justicia ha ratificado que no se hizo un trabajo asumibles en un Estado de Derecho ni mucho menos”.
Con igual contundencia, Santiago indicó a su interlocutor que “no se puede permitir tampoco la penetración de grupos ultraderechistas en ningún cuerpo armado. Les pido que sean vigilantes”.
Previamente, felicitó al ‘número dos’ de Interior por la implantación del Plan de Acción de lucha contra los delitos de odio. Consideró que “hacía falta y hace falta porque estos delitos han seguido creciendo, hasta un 7% en el último año, y de una forma preocupante”.
Detalló que las principales motivaciones obedecen a razones “ideológicas, racistas, por orientación sexual o hacia personas con discapacidad” y denunció que todo ello muestra “un escenario incompatible con una cultura democrática y de tolerancia en nuestro país. Vivimos en un momento en que hay un auge del extremismo con la intención de deslegitimar la democracia”.
Para destacar la gravedad del problema acudió a la comparecencia en la Comisión de Interior cargado de ejemplos que lo ilustran, entre ellos el último informe de Europol sobre el auge de las organizaciones neofascistas, a las que la propia organización policial internacional tacha de ‘terroristas’.
Extendió su preocupación también al hecho de que “haya auténticos showmen en la Policía, aunque sean una excepción” que “incitan al odio, al racismo o a la xenofobia”. Aludió al subinspector Perdiguero e interrogó al secretario de Estado de Seguridad cómo “una persona de esas características pueda ejercer en la Policía. Les rogaríamos que tomaran medidas para que esta persona fuera apartada de una vez de cualquier tipo de responsabilidad y se abrieran los expedientes disciplinarios correspondientes”.
En materia de inmigración, Enrique Santiago felicitó a Rafael Pérez “por el anuncio de la lucha contra la trata de personas y por la especialización de los cuerpos policiales en esta materia, en especial la trata con fines de prostitución”.
Aclaró que a pesar de que hay un interés por parte de algunos partidos en “crear un alarmismo para dar la impresión de que aumenta la llegada de irregulares a España, eso no es cierto. Las cifras indican que el cierre de fronteras y el cierre de aeropuertos han reducido las llegadas, al margen de que haya rutas como el caso de Canarias, donde sí ha habido un incremento”.
No obstante, señaló al alto cargo de Interior que “no se puede permitir en estos momentos de pandemia que haya irregulares inexpulsables que estén sin un lugar donde vivir, sin un control sanitario mínimo y sin una atención social. Hay que dar una solución a esas situaciones y la mejor no es concentrarlos en lugares de internamiento, donde se pueden generalizar los problemas sanitarios”.
Santiago saludó la aplicación la semana pasada por parte de un juzgado de instrucción de Santa Cruz de Tenerife de la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea que amplía la autoridad competente para recibir solicitudes de asilo. Esto le sirvió para reprochar a su interlocutor que “creemos que la política de asilo debe de ser solidaria con las personas perseguidas y discrepamos con que esta política se construya sobre la solidaridad con el resto de países europeos. Estos países también tienen que asumir sus responsabilidades”.
Recordó al secretario de Estado que España se había comprometió con el anterior Gobierno del PP a reubicar a 9.300 personas -inicialmente fueron casi 16.000- de entre las decenas de miles de personas refugiadas que escapaban de conflictos armados como el de Siria, muchas de las cuales siguen en el campamento de Moria, en la isla griega de Lesbos. “Pese a ser un compromiso muy asumible -indicó- solo se ha cumplido con cerca de 4.500 acogidas. Si completamos este cupo de acogida seremos solidarios con estas personas, pero también lo seremos con Grecia, un país de la Unión Europea con una situación muy difícil en estos momentos”.
“Nos preocupa también -prosiguió con el tema de inmigración- que no se aplique la sentencia de los tribunales españoles sobre la libre circulación de los solicitantes de asilo en las ciudades de Ceuta y Melilla”, mucho más si se tiene en cuenta que los CETIS de estas dos ciudades autónomas, sobre todo el de la última, “están más que sobresaturados”.
El portavoz en temas de Interior de Unidas Podemos completó sus reivindicaciones al ‘número dos’ de este departamento señalándole el “colapso en las oficinas de extranjería, que se debe corregir”. Solicitó que se retomen las citas y que sean más ágiles para solventar “una doble acumulación de tareas a realizar: el procedimiento habitual, más las personas que quedaron en suspenso y se les amplio el plazo de estancia en nuestro país durante la pandemia”.
