El portavoz parlamentario de Izquierda Unida en el Congreso y responsable federal de Justicia e Interior de esta formación, Enrique Santiago, considera “lógico y acertado” que la Inspección Fiscal, órgano que investiga las actuaciones de los miembros de la carrera fiscal, “haya abierto en el ejercicio de su independencia, que respetamos absolutamente, una investigación oficial para determinar las posibles responsabilidades disciplinarias en las que pudiera incurrir Consuelo Madrigal”
Santiago hace referencia así a las diligencias informativas abiertas a Madrigal -fiscal de Sala en la actualidad y a quien el Gobierno del PP nombró fiscal general del Estado entre 2015 y 2016- de las que informan varios medios, consecuencia de un artículo de opinión publicado en mayo pasado en un medio nacional, en plena vigencia de las medidas de confinamiento contra la pandemia. La fiscal arremetía en ese texto contra el Gobierno por su gestión de la crisis del Covid-19. El Foro de Abogados y Abogadas de Izquierda interpuso una denuncia por ese ataque al Ejecutivo, incompatible con la responsabilidad de Madrigal como representante del Ministerio Público.
Para el también portavoz adjunto de Unidas Podemos, “más allá de la censura a la actuación del Gobierno, las valoraciones lanzadas suponen una incitación muy grave por parte de una funcionaria pública, mucho más en su caso, cuando tiene encargado especialmente velar por el cumplimiento de la legalidad”.
Consuelo Madrigal afirmaba en su artículo, entre otras ideas, que ‘el control de la acumulación de poder es el gran problema de la política‘ y valoró que debido al confinamiento ‘todos nos hemos empobrecido. Y, como siempre, unos pocos han hecho negocio. Pero el más sucio de los negocios es la apropiación ilícita de poder; la que aprovecha el miedo, el cautiverio y la postración de la sociedad’.
Tachó lo que hacía el Gobierno, aunque tuviera el imprescindible respaldo del Congreso, como ‘un ejercicio antidemocrático de poder’ y la ‘imposición encubierta, y sin el control interno y europeo, de un verdadero estado de excepción, en el que se restringen severamente los derechos, bajo cobertura de la prórroga del estado de alarma’.
La ex fiscal general del Estado durante el Gobierno del PP animaba también a actuar contra el actual Ejecutivo de coalición ya que ‘siempre debe frenarse la ilegítima apropiación de poder por parte de los poderes legítimamente constituidos. Algunos creen que esto solo es necesario cuando lo hace la derecha’.
Enrique Santiago valora que “las críticas a cualquier gobierno siempre son necesarias y saludables, pero dentro de los límites que establece el ordenamiento jurídico para garantizar la convivencia y el respeto a la decisión mayoritaria que la ciudadanía expresa en las urnas”. A su juicio, “la incitación a frenar a un gobierno, a ‘los poderes legítimamente constituidos’, va más allá y se produce en un contexto muy preocupante”.
Por otro parte, se da la circunstancia de que esta investigación directa sobre Consuelo Madrigal por la denuncia interpuesta por el Foro de Abogados y Abogadas de Izquierda coincide con la apertura de otras diligencias en las que también aparece como protagonista.
Según distintos medios, la Inspección Fiscal tramita diligencias de información previa para analizar los hechos desvelados por el teniente fiscal del Tribunal Supremo Luis Navajas, que aseguró el lunes en una entrevista que recibió presiones de dos compañeros ‘contaminados ideológicamente’ para que actuara contra el Gobierno por la gestión del Covid-19. Uno de estos fiscales que le presionaron fue Consuelo Madrigal.
Navajas aseguró que Madrigal fue una de esas dos personas que le abordaron en su propio despacho para ‘intentar influenciarle’ sobre el sentido que tenía que darle al informe de la Fiscalía bajo su responsabilidad sobre las querellas y denuncias interpuestas contra el Gobierno por las medidas frente a la pandemia.