El portavoz de Interior de Unidas Podemos y portavoz parlamentario de Izquierda Unida, Enrique Santiago, sacó adelante en la tarde de ayer por amplia mayoría en la comisión del Congreso vinculada a este ministerio su iniciativa para mejorar la situación de la sanidad de todas las personas vinculadas al ámbito de las prisiones, tanto la población reclusa como los/as trabajadores/as que prestan servicio en ellas.
Santiago destacó que la crisis del Covid-19 ha “puesto de manifiesto los riesgos que para el sistema penitenciario supone una epidemia”, tanto para los internos como para todas las personas que trabajan allí. Entre las medidas que planteó está conseguir un aumento paulatino “del personal médico, especialistas vía MIR, mediante oferta pública de empleo” para atajar en la práctica las deficiencias detectadas y lograr una atención “continua y de calidad, respetando las condiciones del sistema de salud público”.
La proposición no de ley que firma Enrique Santiago -registrada en mayo- reconoce el trabajo realizado desde el inicio de la pandemia por el Gobierno en el ámbito penitenciario. Destacó que la “incidencia del Covid en prisiones ha sido bastante más reducida que la media de las comunidades autónomas donde se ubican las cárceles”.
La iniciativa aprobada denuncia de forma clara el retraso de más de tres lustros que existe para aplicar la Ley de cohesión y calidad del Sistema Nacional de Salud, de 2003. La disposición adicional sexta de esa norma estableció hace 17 años -y dio 18 meses para hacerlo- que ‘los servicios sanitarios dependientes de Instituciones Penitenciarias serán transferidos a las comunidades autónomas para su plena integración en los correspondientes servicios autonómicos de salud’, todo ello siempre ‘conforme al sistema de traspasos establecidos por los estatutos de autonomía’.
Por ello, Santiago defendió cumplir con lo que marca la ley para “transferir a los servicios de salud de las comunidades autónomas las competencias sobre sanidad penitenciaria”. Indicó que “no se sabe muy bien” por qué esto no se ha hecho en todo este tiempo y consideró “urgente” que se haga ya para que se cumpla con los derechos de igualdad que marca la Constitución.
Insistió en “igualar a los profesionales sanitarios que atienden los centros penitenciarios con el resto de profesionales del sistema de salud”, porque “desgraciadamente no están equiparados ni en salario ni en condiciones de trabajo”. Esto lleva a que no se cubran las plazas que se convocan y que falten médicos/as y enfermeros/as en las cárceles.
Enrique Santiago abordó también otras cuestiones más específicas para “mejorar no solo los servicios, sino el contenido de la prestación” de los mismos. La proposición no de ley plantea en concreto que se garantice “la atención psiquiátrica de las personas privadas de libertad que lo necesiten con mayor frecuencia, incluso si ello implica la visita de psiquiatras externos”.
Recordó que hay enfermedades que tienen “especial incidencia” en las cárceles, como la hepatitis, tuberculosis, VIH, “pero sobre todo las relativas a la salud mental”. Esto “altera la convivencia en los centros, dificulta las condiciones de trabajo de los funcionarios los procesos de resocialización de los internos”, por lo que se necesita una especial inversión.
El portavoz de Interior de Unidas Podemos tocó también el tema de las videollamadas, que “se han tratado de generalizar especialmente durante la pandemia en aquellos centros que disponían de los recursos técnicos”.
Reconoció que esto “no ha podido ser así”, pero ha quedado clara la necesidad de hacerlo, primero porque no se sabe cuánto tiempo más durará la pandemia y porque así “se garantizan los derechos de los internos con sus servicios de defensa, también con sus familiares, porque repercute de forma muy favorable en la vida en los centros y permite una toma de contacto intensa y el conocimiento de los medios digitales, lo que facilita su inserción laboral”.
Calificó como “problemática de especial atención” el caso de las personas presas o sus familiares “con discapacidades auditivas” para quienes es “imprescindible tener comunicación a través de videollamadas”.
Por todo ello, el texto de Unidas Podemos finalmente aprobado incluye la autoenmienda registrada por el propio Santiago para que el Gobierno modifique el Real Decreto 190/1996 que aprobó el Reglamento Penitenciario para “incorporar el uso de las nuevas tecnologías de la comunicación y la posibilidad de la realización de comunicaciones mediante el sistema de videoconferencia”.
La iniciativa completa aprobada ayer se suma a otras que este grupo ha llevado al Congreso en los últimos meses para conseguir alternativas a los problemas de sectores específicos (centros de enseñanza, residencias, centros de salud…) agravados ahora por la crisis sanitaria, económica y social por la pandemia del Covid-19.
