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Enrique Santiago aborda en un encuentro con representantes de CCOO en instituciones penitenciarias propuestas concretas para mejorar la situación de los profesionales

Una buena parte de la reunión telemática se ha dedicado a intercambiar puntos de vista entre Unidas Podemos y sus interlocutores sobre “la consideración de los/as funcionarios/as de prisiones como ‘agentes de autoridad’, una demanda histórica de este colectivo”

El portavoz adjunto de Unidas Podemos y portavoz de Interior, Enrique Santiago, ha mantenido hoy una reunión telemática, junto a otros/as representantes y técnicos de este grupo, con representantes de la sección sindical estatal del sindicato CCOO en instituciones penitenciarias. El encuentro se ha centrado en “abordar la situación de los/as profesionales de los distintos servicios en el ámbito penitenciario, especialmente a raíz de los efectos provocados por la grave crisis generada por el Covid-19”, según señalan ambas partes.

Unidas Podemos ha querido mostrar desde el primer momento “todo su reconocimiento y apoyo al conjunto de trabajadores/es de prisiones por la complicada labor que llevan a cabo durante todos estos meses de pandemia”.

Una buena parte de la reunión, que Santiago ha calificado como “provechosa y de gran interés de cara a plantear próximas iniciativas en el Congreso”, se ha dedicado a intercambiar puntos de vista entre los interlocutores sobre “la consideración de los/as funcionarios/as de prisiones como ‘agentes de autoridad’, una demanda histórica de este colectivo”.

Este encuentro entre Unidas Podemos y representantes de CCOO en el ámbito penitenciario, previsto desde hace tiempo, se ha podido concretar al día siguiente de que Enrique Santiago lograra sacar adelante por amplia mayoría en la Comisión de Interior una iniciativa parlamentaria para mejorar sustancialmente la situación sanitaria tanto de los/as profesionales como la de los/as internos/as que comparten espacio en los centros penitenciarios de todo el Estado”.

La proposición no de ley, de cuyo contenido final tendrá conocimiento oficial el Ministerio del Interior en breve, establece entre otras propuestas que se cumpla la ley para acabar con más de 17 años de retraso en conseguir que se aplique la Ley de cohesión y calidad del Sistema Nacional de Salud, de 2003, que en su disposición adicional sexta señala que ‘los servicios sanitarios dependientes de Instituciones Penitenciarias serán transferidos a las comunidades autónomas para su plena integración en los correspondientes servicios autonómicos de salud’, todo ello ‘conforme al sistema de traspasos establecidos por los estatutos de autonomía’.

Santiago apunta que “desde Unidas Podemos esteremos vigilantes para que se pongan en marcha todos los mecanismos necesarios para que se transfieran estas competencias a los servicios de salud de las comunidades autónomas correspondientes y se cumpla así también con lo que marca la Constitución en lo relativo a igualdad de derechos y trato”.

De la misma forma, la iniciativa aprobada -elaborada desde el ámbito técnico de Izquierda Unida- insta al Gobierno a “igualar a los/as profesionales sanitarios que atienden los centros penitenciarios con el resto de profesionales del sistema de salud”. Ello supone también que se aumente el personal sanitario con vistas a que se cubran todas las plazas que se convocan ante la demanda de más médicos/as y enfermeros/as en las cárceles.

La proposición no de ley establece también la necesidad de garantizar la atención psiquiátrica de las personas presas, con especial atención a una perspectiva interseccional que preste atención a la salud mental de las mujeres en prisión. Enrique Santiago mantiene su valoración sobre que existen enfermedades que tienen “especial incidencia” en las cárceles, “entre ellas la hepatitis, tuberculosis, VIH, pero sobre todo aquellas vinculadas a la salud mental. De ahí que actuar decididamente sobre ellas contribuirá también a mejorar la convivencia y las condiciones de trabajo de todos los profesionales que trabajan en los centros”.

Unidas Podemos informó también a sus interlocutores sindicales sobre la autoenmienda que incluyó en la iniciativa -que ya forma parte del texto definitivo aprobado- para que se modifique el Real Decreto 190/1996 que aprobó el Reglamento Penitenciario para “incorporar el uso de las nuevas tecnologías de la comunicación y la posibilidad de la realización de comunicaciones mediante el sistema de videoconferencia”.

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