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Izquierda Unida exige que el Ministerio de Educación y las comunidades autónomas “acuerden de inmediato una reducción efectiva de las ratios para garantizar un curso seguro”

El Área Federal de Educación de IU señala que “el pleno derecho a la educación solo puede ser presencial, las pantallas no son escuelas”, por lo que “hay que invertir lo necesario en personal, medios y en adecuación de espacios, sin falsas medidas que luego se incumplen, propaganda o priorizando los intereses partidistas”

Izquierda Unida, a través de su Área Federal de Educación, demanda que “el Ministerio de Educación y las comunidades autónomas se pongan de acuerdo en la Conferencia Interterritorial para reducir de forma efectiva las ratios escolares como medida imprescindible para garantizar una vuelta segura a la escuela pública” ante los efectos de la pandemia del Covid-19”.

Enrique Díez, responsable federal de este área de IU, considera “urgente” que las administraciones implicadas “tomen esta decisión de manera consensuada para que todos los territorios bajen sustancialmente el número de alumnos y alumnas por aula”.

“No sólo está justificado por la alerta sanitaria del coronavirus -detalla-, sino también por la imprescindible necesidad de desarrollar una auténtica educación inclusiva, mucho más tras la situación provocada por la prolongada suspensión de las clases presenciales, que exige ahora una atención más individualizada de todo el alumnado”.

El Área Federal de Educación de Izquierda Unida reclama desde hace tiempo de forma sistemática que para mejorar nuestro sistema educativo público, como norma general, “el número máximo de alumnos y alumnas por aula sea de 25 en el Bachillerato (en lugar de los 35 actuales), 20 en la Educación Secundaria Obligatoria (en vez de los 30 actuales), 20 en la Educación Primaria (frente a los 25 actuales) y 15 en el Segundo Ciclo de Educación infantil (en lugar de los 25 actuales)”.

“Es más, estos máximos deben reducirse cuando se escolarice en dichas unidades a un alumnado con necesidades específicas de atención educativa”, concreta Díez.

Izquierda Unida considera que “ahora más que nunca el sistema educativo público debe ser protegido. Es la estructura que proporciona y garantiza el derecho constitucional a la educación, y su mayor protección debe realizarse garantizando una educación presencial segura”.

“El pleno derecho a la educación solo puede ser presencial”, apunta el Área Federal de Educación, ya que “las pantallas no son escuelas. Hay que invertir todo lo necesario en personal, medios y en adecuación de espacios, sin falsas medidas que luego se incumplen, propaganda o priorizando los intereses partidistas. Hacer una buena planificación de todo el sistema educativo garantiza una vuelta segura a la escuela”.

Izquierda Unida exige que la reunión de la ministra de Educación, Isabel Celaá, con los/as responsables de esta materia de las comunidades autónomas prevista para mañana “no sea una mera foto”. Advierte de que “las decisiones e inversiones que deben tomar y ejecutar las administraciones en los próximos días conformarán las prácticas educativas en años venideros, incluso después del fin de la pandemia”.

“Este encuentro, aunque llega tarde, puede ser la última oportunidad para que todas las comunidades reduzcan de verdad el número de alumnos y alumnas por aula y adopten las medidas presupuestarias y normativas necesarias para ejecutarlo, explica Enrique Díez. Todo ello pasa también por “aumentar sustancialmente el profesorado en la educación pública y acondicionar los espacios escolares, sociales, municipales y comunitarios existentes, además de crear aquellos imprescindibles para hacerlo realidad”.

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