El Grupo Municipalista Izquierda Unida-Podemos-Comuns en la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP), a través de su portavoz y alcalde de Rivas Vaciamadrid, Pedro del Cura, considera “imprescindible” que la futura ley del Ingreso Mínimo Vital (IMV) “destine de manera específica y clara recursos para los ayuntamientos”.
El edil de IU destaca que el IMV es “una medida histórica, un nuevo pilar del Estado de Bienestar, pero no se puede fallar en la gestión”. De ahí que detalle que “los ayuntamientos acabamos siendo la ventanilla única, y para gestionar el Ingreso Mínimo Vital necesitamos que se destinen fondos y se permita contratar personal sin que compute en el techo de gasto que impone la ‘ley Montoro’”.
Pedro del Cura hace estas valoraciones después de mantener una reunión junto a sus compañeros/as en el grupo Lidia Muñoz (alcaldesa de Sant Feliú de Llobregat) y Juan Manuel Bermúdez (alcalde de Conil de la Frontera) con la presidenta del Consejo General de Trabajo Social, Emiliana Vicente.
El encuentro se celebró a instancias del grupo municipalista para compartir información y propuestas acerca de la participación de las corporaciones locales en la gestión del IMV. Se produce, además, antes de que se cierre el convenio con el Instituto Nacional de Seguridad Social en el que trabaja la FEMP para regular la participación municipal en dicha gestión y mientras se ha constatado la necesidad de “introducir mejoras” en el debate parlamentario del proyecto de ley sobre el ingreso mínimo aún pendiente.
La representación del Grupo Municipalista Izquierda Unida-Podemos-Comuns y la del Consejo General de Trabajo Social coinciden en la “importancia” de que no se repitan errores del pasado con el IMV, como ocurrió con la Ley de Dependencia. Estiman también que esta gestión municipal en ningún caso debería “sobrecargar el trabajo de los servicios sociales de los ayuntamientos, que arrastran una crisis desde hace años”.
Emiliana Vicente, por su parte, considera que en el caso de que finalmente haya convenios con los ayuntamientos se debería asegurar la contratación de personal administrativo cualificado para tramitar el IMV, además de incrementar las plantillas de los servicios sociales. Al tiempo, estima que la función de los y las trabajadoras sociales es de acompañamiento social y situar en estos servicios la gestión del ingreso mínimo sería un “error” que podría colapsar este sistema.
Ambas partes valoran el encuentro como “muy positivo” y se han emplazado a seguir intercambiando información y propuestas sobre temas relacionados con los servicios sociales, algunos tan importantes como la necesidad de articular un modelo alternativo de residencias de mayores.