La diputada de Izquierda Unida en Unidas Podemos Roser Maestro ha garantizado hoy desde la tribuna del Pleno del Congreso que su grupo parlamentario llevará a cabo un “seguimiento exhaustivo” de la puesta en marcha y ejecución del denominado Registro de Nombres de Pasajeros (PNR en sus siglas en inglés), ya que afecta a “derechos básicos y fundamentales” y es un tema en el que todo el mundo “nos jugamos muchísimo”.
Maestro ha intervenido en el debate de totalidad del proyecto de ley orgánica que regula la utilización de datos del Registro de Nombres de Pasajeros para la prevención, detección, investigación y enjuiciamiento de delitos de terrorismo y delitos graves. Esta norma busca trasponer ahora, con retraso, una directiva de la Unión Europea (UE) de 2016, algo que debió hacer en 2018 el entonces Gobierno del PP y que no fue así “por su desidia y por la forma que tienen de entender el terrorismo”, denunció.
La parlamentaria valenciana de IU explicó la necesidad de que la izquierda esté muy vigilante con el desarrollo de esta norma. Entre otras razones, advirtió de que “podríamos vernos en la miserable situación, igual que ha hecho el presidente Trump, de que seamos las antifascistas las perseguidas y condenadas por terrorismo. Teniendo en cuenta que algunos de sus fanáticos pudieran esta incluso dentro de este Plenario, entiendo que debemos ser incluso más escrupulosas en las garantías para preservar esos derechos fundamentales”.
Roser Maestro recordó al comienzo de su intervención cómo se ha llegado hasta aquí, para que tenga que ser este Gobierno progresista de coalición el que ejecute en la práctica este mandato europeo. Explicó cómo en el sitio oficial del Departamento de Seguridad Nacional -en la vieja página del Gabinete de la Presidencia del Gobierno del Partido Popular- podía leerse aún que en relación al PNR España ‘ha sido uno de los mayores impulsores’ de este registro en la legislación europea ‘como medida que impulse la seguridad de los ciudadanos europeos’.
“Y el texto seguía aún con más autobombo”, indicó: ‘El ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz, ha defendido que el principal objetivo de los grandes sistemas informáticos de seguridad y fronteras en el ámbito de Interior debe ser el refuerzo de la seguridad de nuestros ciudadanos’.
Para la portavoz de Unidas Podemos en este debate “hoy no se pueden dejar de recordar dos cosas; la primera, de índole político: la directiva de 20016 nos daba un plazo de dos años a la hora de trasponerla y ese plazo venció en mayo de 2018. Es interesante recordar que en ese momento todavía estaba el PP en La Moncloa. Es interesante preguntarse cómo perdió dos años el PP para no trasponer algo que ellos mismos calificaban de manera constante como ‘francamente vital’”.
Con cierto tono de ironía, apuntó que “a nadie se nos escapa que sí se dedicaron a crear la tan famosa ‘policía patriótica’ y a actuar contra dirigentes políticos de grupos entonces de la oposición, algunos ahora en el Gobierno. O bien se dedicaron a reunirse en despachos de Interior y decirles ‘Hacemos una gestión. Esto la Fiscalía te lo afina’. Todas hemos oído las grabaciones, sería absurdo negarlo ahora”.
Maestro denunció que “todo esto no es más que un ejemplo palmario de la importancia real que el PP le da en la práctica al terrorismo. No se dedican más que a utilizarlo como arma arrojadiza contra todos aquellos y aquellas a quienes necesitan desacreditar su talante democrático por ser rivales políticos”. Recordó que en los últimos meses desde el partido de Pablo Casado han lanzado acusaciones de este calado contra “familiares y allegados” de dirigentes, como el caso del vicepresidente del Gobierno, Pablo Iglesias.
“La segunda cosa a recordar -dijo-, de índole económico, es precisamente que nos exponemos a unas multas de una cuantía económica muy elevada”, debido al retraso en trasponer la directiva, sanciones que pueden llegar hasta a 90.000 euros diarios. Advirtió de que “a esos que presumen de que solo ellos saben gestionar el dinero público parece que durante esos dos años o no era su prioridad, o cabe cuestionar que no fueran los mejores gestores de ese dinero, por mucho que busquen abanderarlo tantas y tantas veces. Tal vez, parafraseando su lema actual, así es como le gusta al PP ‘activar España’”.
Roser Maestro no dejó pasar la oportunidad de volver a hablar del concepto de ‘terrorismo’, lo que provocó ataques desde los escaños de las derechas. Defendió que su grupo tiene todo el derecho del mundo, acogiéndose a la “libre crítica y a la libertad de expresión en un Estado democrático”, a “entender que existen tipificaciones de ‘terrorismo’ sin serlo y a cuestionar, por tanto, tantas sentencias como entendamos que debemos hacerlo”.
En este sentido, detalló que “podríamos entender que una pelea en un bar no merece la calificación de terrorismo o que asistir a una manifestación y ejercer todos los derechos de libertad de expresión y de reunión tampoco debiera serlo”.
“Pero, de igual modo, también nos encontraríamos en la parte contraria. Les pongo ejemplos como el terrorismo machista o el patronal, que en muchos casos decimos con la boca pequeña”, señaló antes de avisar que lo seguirán denunciando “desde las instituciones, pero también desde las calles”.
Maestro recordó que Unidas Podemos, junto al PSOE, ha registrado varias enmiendas parciales que “entendemos que enriquecen enormemente el texto y que desde la ponencia podremos seguir matizando para hacerlo más garantista, con un mayor control y que pueda evitar cualquier tipo de arbitrariedades”.
De igual forma, deseó que “cuando empiece a funcionar todo este sistema la Agencia de Protección de Datos extreme al máximo todas sus precauciones” para que “sea capaz de auditarlo y fijarlo en el informe que tendrá que realizar cada año para la Comisión Europea. Ahí estaremos para fiscalizar que este cumplimiento se da de la mejor manera”.
Roser Maestro indicó también que le preocupa “puede que incluso más que al grupo que presenta la enmienda a la totalidad” que cuando entre en vigor la ley orgánica “tanto este Gobierno como cualquier otro en el futuro garanticen no solo el buen funcionamiento de la Oficina Nacional de Información de Pasajeros (ONIP), sino el escrupuloso cumplimiento de todas las normas de protección de los datos en nuestro país”.