Un total de 90 alcaldías de Izquierda Unida, En Comú y Podemos han remitido igual número de cartas a la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, donde solicitan a la también portavoz del Gobierno que de forma “extremadamente urgente” y en tanto se aborda una amplia reforma de la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera impuesta por el Gobierno del PP y en vigor desde hace ocho años “se proceda a la suspensión de las normas que se aplican ante el incumplimiento de las reglas fiscales y en concreto, de la regla de gasto, para que los Ayuntamientos podamos abordar las políticas necesarias para proteger a la población de las consecuencias de la pandemia”.
Entre los/as máximos/as responsables de los municipios que han remitido las misivas que recibirá Montero se encuentran los/as alcaldes y alcaldesas de localidades como Zamora, Rivas Vaciamadrid, Conil (Cádiz), Los Palacios y Villafranca o Arahal (Sevilla), Campillos (Málaga), El Prat y Sant Feliú de Llobregat (Barcelona), Mieres (Asturias), Totana (Murcia), Castejón (Navarra) o Mota del Cuervo (Cuenca), a modo de ejemplo.
“Compartirá conmigo -señalan a la ministra- que hay que permitir que la administración más cercana deba atender adecuadamente las necesidades de su población. Queremos unos Ayuntamientos al servicio de la gente que den respuesta a las necesidades de sus vecinos y vecinas; esperemos que el Gobierno de España también vaya en esa dirección y asuma la propuesta que le hago llegar.
Con esta actuación se cierra la campaña #EscudoMunicipal iniciada el jueves pasado a través de las redes sociales por todas las formaciones que integran el grupo confederal de Unidas Podemos. La campaña ha coincidido con la activación en el Congreso de una iniciativa parlamentaria que busca también acabar con los efectos que acarrea la regla de gasto y permitir a las administraciones públicas “abordar la crisis económica y social a la que nos enfrentamos, eliminando toda traba o condición previa tanto para la posibilidad del uso del superávit como para los destinos a los que se pueda aplicar”.
A continuación se incluye el texto que comparten las 90 cartas enviadas a la ministra María Jesús Montero:
Excma. Sra. Ministra de Hacienda y Portavoz del Gobierno
Dª. María Jesús Montero Cuadrado
Ministerio de Hacienda y Portavocía del Gobierno
C/ Alcalá, 9 28014 Madrid
Estimada Ministra Dª. María Jesús Montero:
La crisis del coronavirus y sus consecuencias sanitarias propició la declaración del estado de alarma por parte del Gobierno de España y la adopción de diferentes medidas preventivas a todos los niveles. Los ayuntamientos tenemos un papel esencial en la gestión de esta crisis, y como tal lo estamos desempeñando en la medida de nuestras posibilidades, para atender a toda la población que, de un día para otro, se ha visto inmersa en una situación excepcional económica y socialmente.
Con el objetivo de frenar este impacto social, el Gobierno de España ha articulado una serie de medidas financieras y presupuestarias para facilitar la actuación de las corporaciones locales en el ejercicio de sus competencias de protección y promoción social. Se ha permitido, por ejemplo, destinar el superávit presupuestario de las entidades locales de 2019 a financiar gastos de inversión destinados a Servicios Sociales y promoción social.
Esto permite a algunos Ayuntamientos impulsar medidas de protección y promoción social de las personas vulnerables, pero aún son muchas las Entidades Locales que no pueden acogerse a estas disposiciones normativas debido a la falta de disponibilidad de superávit, al incumplimiento del periodo medio de pago, de la regla de gasto o a otras restricciones que anteponen el pago de la deuda a poder hacer frente y dar respuesta a la crisis que estamos viviendo.
Por eso entendemos que es extremadamente urgente que, en tanto que la reforma de la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera sea realizada, se proceda a la suspensión de las normas que se aplican ante el incumplimiento de las reglas fiscales y en concreto, de la regla de gasto, para que los Ayuntamientos podamos abordar las políticas necesarias para proteger a la población de las consecuencias de la pandemia.
Vivimos una situación excepcional, la Comisión Europea y el Eurogrupo suspendieron el pasado 20 de marzo la aplicación del Pacto de Estabilidad y Crecimiento, abriendo así la puerta a que los gobiernos nacionales puedan elevar su gasto público todo lo necesario para combatir la propagación del coronavirus y mitigar sus consecuencias económicas.
También la propia Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) ha acordado con un amplio consenso flexibilizar la regla de gasto para que los Ayuntamientos podamos ‘participar en la solución de forma equilibrada mostrando como siempre hicieron su solidaridad con todas las instituciones y su vocación de atender a los ciudadanos de sus municipios’.
Compartirá conmigo que hay que permitir que la Administración más cercana deba atender adecuadamente las necesidades de su población. Queremos unos Ayuntamientos al servicio de la gente que den respuesta a las necesidades de sus vecinos y vecinas; esperemos que el Gobierno de España también vaya en esa dirección y asuma la propuesta que le hago llegar.
Sin más, le agradezco de antemano la atención prestada y quedo a la espera de sus noticias.