El responsable federal de Política Municipal de Izquierda Unida, Daniel González Rojas, considera que a día de hoy “resulta una necesidad urgente e inaplazable” que se aprueben los cambios legislativos necesarios para “modificar en profundidad la Ley Orgánica 2/2012 de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera”, ideada por el ex ministro del PP Cristóbal Montoro e impuesta por el Gobierno de derechas hace ya ocho años.
González Rojas entiende que “son las administraciones locales, sin duda las más cercanas a la ciudadanía, las que deben atender las necesidades de su población y ya han demostrado que si les dejan lo pueden hacer de la manera más adecuada”.
A su juicio, “en estos momentos de grave crisis vinculada a los efectos de la pandemia del Covid-19 es más evidente que nunca, si cabe, que se debe modificar la aplicación de la regla de gasto. Solo así los ayuntamientos podrán abordar con garantías las políticas necesarias para proteger a la población de las consecuencias del coronavirus”.
El dirigente federal de IU hace estas valoraciones en medio de la campaña #EscudoMunicipal iniciada ayer a través de las redes sociales por todas las formaciones que integran el grupo confederal de Unidas Podemos. Esta campaña coincide con la activación en el Congreso de una iniciativa que, entre otras propuestas, busca acabar con los efectos que acarrea esa regla de gasto y permitir a las administraciones públicas “abordar la crisis económica y social a la que nos enfrentamos, eliminando toda traba o condición previa tanto para la posibilidad del uso del superávit como para los destinos a los que se pueda aplicar”.
No obstante, Daniel González Rojas entiende que “no basta con permitir que los ayuntamientos hagan uso del superávit, porque hay muchísimos municipios que no cuentan con él”.
En su opinión, “los cambios que exigimos deben alcanzar a todas las normas absurdas impuestas desde distintos ámbitos durante los largos años de la anterior crisis económica no resuelta y que priorizan los intereses de la gran banca, mientras siguen sin resolver los problemas cotidianos de vecinos y vecinas”.
El responsable federal de Política Municipal de Izquierda Unida señala que “aún son muchos las corporaciones locales que no pueden acogerse a las disposiciones normativas aprobadas por el Gobierno de coalición” y, por lo tanto, “es difícil que puedan cumplir así la máxima que defendemos desde hace décadas de ‘Ayuntamientos al servicio de la gente’”.
González Rojas destaca también que “nuestra exigencias se enmarcan en los pasos que hay que dar para conseguir también la derogación de la Ley de Racionalización y Sostenibilidad de la Administración Local que también impuso el PP. Se debe aprobar una nueva normativa que conceda a los municipios la capacidad de percibir unos tributos propios mínimos”.
En esta línea se enmarca la reclamación que hace unos meses hizo llegar IU a la ministra de Política Territorial y Función Pública, Carolina Darias, durante una reunión de la Comisión Nacional de Administración Local (CNAL) -todo ello a través del Grupo Municipalista de Izquierda Unida-Podemos-Comuns en la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP)- para “poner fecha” al acuerdo en esta institución supramunicipal para derogar la citada ley, que también supone un negativo recorte de competencias a los ayuntamientos.
