El Grupo Parlamentario Confederal Unidas Podemos-En Comú Podem-Galicia en Común (UP-ECP-GeC) ha registrado una iniciativa en el Congreso para acabar con los efectos perversos que ocho años después aún tiene para las administraciones públicas, en especial para las locales, la Ley Orgánica 2/2012 de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera, impuesta en su día por el PP y una de las normas a la que se colgó la etiqueta negativa de ‘ley Montoro”.
La proposición no de ley que firma el diputado de En Comú Podem Joan Mena como portavoz sustituto plantea, entre otras cuestiones, liberar de las consecuencias que acarrea la regla de gasto en vigor y que se “permita a las administraciones públicas abordar la crisis económica y social a la que nos enfrentamos, eliminando toda traba o condición previa tanto para la posibilidad del uso del superávit como para los destinos a los que se pueda aplicar”.
Todas las formaciones que integran UP-ECP-GeC entienden que la pandemia producida por el Covid-19 “ha implosionado en una tremenda crisis sanitaria y, como consecuencia de ella, también en una devastadora crisis social que empuja a millones de ciudadanos y ciudadanas a una situación de vulnerabilidad”.
“Solo una decidida política de inversión pública -inciden- puede ayudar a contrarrestar los efectos de esta brutal crisis social”, ya que “es ineficaz que en estos momentos el dinero público esté paralizado en los bancos cuando tan necesario es invertirlo en las personas”. Denuncian que ahora, además, “los bancos pretenden cobrar a las corporaciones locales comisiones por ese dinero que está depositado y sin que se pueda gastar por esa regla de gasto”, algo que se aplicaría sobre cerca de 27.000 millones de euros inmovilizados.
Joan Mena recuerda que el PP decidió aplicar la tristemente famosa regla de gasto impuesta por la Unión Europea (UE) por la crisis de 2008 de forma “muy diferente al resto de Europa”. Así, en la UE se destinó “al conjunto de las administraciones públicas, no a cada una de ellas por separado como se impuso en nuestro país, y su incumplimiento, además, no conllevaba sanciones como las que Montoro se empeñó en aplicar a nuestras corporaciones locales”.
De ahí que Unidas Podemos-En Comú Podem-Galicia en Común plantee en la parte propositiva de su iniciativa que hasta que se logre cambiar en profundidad la ley en el Parlamento, “el Ministerio de Hacienda y la Secretaría de Financiación Autonómica y Local comunicarán a las comunidades autónomas y corporaciones locales la suspensión de las normas coercitivas que se aplican ante el incumplimiento de las reglas fiscales y, en concreto, de la regla de gasto, para que puedan abordar las políticas necesarias para proteger a la población de las consecuencias de la pandemia”.
“En este sentido -añade la proposición no de ley-, se procederá a modificar la Guía de Interpretación de la Regla de Gasto para que los gastos extraordinarios y refuerzos en la contratación derivados de la crisis en servicios sociales y promoción social, atención a las personas, limpieza, desinfección, seguridad ciudadana y materiales de seguridad de empleados municipales no computen con las reglas de estabilidad y techo de gasto”.
El diputado firmante recuerda en nombre del grupo que antes de estallar la pandemia del coronavirus la deuda de las corporaciones locales había descendido “en un 11% de media en el último año, algunas la han reducido a proporciones mínimas, incluso a cero, siendo además las administraciones públicas que más han aportado en la reducción del déficit público”. Como consecuencia de esto, “el superávit de las corporaciones locales españolas es cinco décimas superior al promedio de la Unión Europea”, detalla Mena, situándose en cerca de los 27.000 millones de euros ya citados.
Unidas Podemos-En Comú Podem-Galicia en Común Permitir completa las propuestas concretas plasmadas en su proposición reclamando “superar los límites de la masa salarial, al amparo de lo anterior, para la contratación de personal con carácter temporal y extraordinario en servicios esenciales gestionados directamente por las entidades locales”.
Además, plantea que se cree “un fondo de compensación con dotación suficiente que venga a paliar la notoria pérdida de ingresos que van a sufrir las corporaciones locales, principalmente en los conceptos de tasas y precios públicos”. Se explica que un caso singular “lo constituye el transporte urbano colectivo de viajeros: la fase de normalización va a estar caracterizada por una progresiva reincorporación de los ciudadanos a sus actividades ordinarias, con el mantenimiento de medidas de protección a la salud y distanciamiento social en el transporte, lo que sin duda supondrá una importante disminución de los ingresos por viajeros y un considerable incremento de los costes”.
Enrique Santiago, por su parte, señala como portavoz adjunto del grupo parlamentario que “estamos convencidos de que desde el Gobierno en su conjunto se entenderá que es necesario aplicar los cambios legales que las distintas administraciones demandan hace tiempo”.
Recuerda que la iniciativa registrada “responde también a las exigencias lanzadas desde organizaciones e instituciones como la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP), que ya han acordado con un amplio consenso que se flexibilice la regla de gasto”.
Santiago destaca que este es “un paso importante para contribuir a la derogación de la Ley de Racionalización y Sostenibilidad de la Administración Local, aprobada más de un año después de la anterior, y que sirvió para apretar aún más el injusto nudo que aún ahoga a las corporaciones locales de todo el Estado”.
Unidas Podemos-En Comú Podem-Galicia en Común lanza hoy una campaña a través de las redes sociales para explicar con más detalle los objetivos que persigue con estas propuestas orar la vida de la gente desde todos los ámbitos públicos.
