El eurodiputado de Izquierda Unida Manu Pineda cree que el Alto Representante de la Unión Europea para Asuntos Exteriores, Josep Borrell, “debe despertar y comprender de una vez por todas” que mientras Bruselas siga manteniendo la misma relación económica, comercial y militar con Israel, “estaremos contribuyendo como europeos al apartheid contra el pueblo palestino”. Sus declaraciones se producen después de la publicación de un extenso informe elaborado por la ONG Human Rights Watch (HRW), que concluye que el Gobierno israelí, de forma deliberada, calculada y bien estudiada, está aislando todos y cada uno de los centros de población palestinos en territorio israelí para asfixiarlos e impedir así su desarrollo.
Esas prácticas, “que en IU llevamos años denunciando, se extienden por todo el territorio, no solo afectan a las zonas militarmente ocupadas como son Jerusalén, Cisjordania y Gaza”, y se ven legitimadas, “tanto por la relación especial que mantiene la UE con Israel, como por la equidistancia que sigue manteniendo Bruselas en determinados asuntos, amparándose en que parte del diálogo para solucionar el conflicto tiene que ser, de alguna manera, dejar que Israel se siga comportando como lo hace”.
Para Pineda, el informe de HRW es especialmente importante precisamente por este tema: las políticas de apartheid de Israel “se aplican en el conjunto del territorio de la Palestina histórica”. “Los casi dos millones de palestinos y palestinas que viven en los territorios internacionalmente reconocidos a Israel, y que representan el 21% de su población, viven también una situación de violencia y discriminación sistemática” por parte de las autoridades israelíes, “a pesar de ser oficialmente ciudadanos de este Estado”.
El informe analiza las políticas urbanísticas y de vivienda israelíes, poniendo de relieve cómo el Estado “ha puesto en marcha medidas específicas para que la población palestina permanezca hacinada en pueblos y ciudades densamente habitados”. Lo que “contrasta con las políticas de expansión y desarrollo de las localidades para la mayoría judía, construidas a menudo sobre las ruinas de comunidades palestinas que fueron destruidas durante la guerra de 1948 o confiscadas posteriormente entre 1949 y 1966”, periodo en el que la población palestina de Israel estuvo bajo régimen militar.
Según el estudio, las palestinas y los palestinos representan el 21% de la población del territorio internacionalmente reconocido a Israel y, sin embargo, los municipios palestinos sólo ocupan el 3% del territorio.
Israel se dedica a rodear los núcleos urbanos palestinos de zonas protegidas o de uso militar, impidiendo su expansión y el informe estima que entre el 15% y el 20% de las casas de la población palestina en Israel carecen de permisos. “Esto significa que entre 60.000 y 70.000 hogares están en riesgo de demolición”.
El 97% de las ordenes de demolición en el territorio israelí -excluyendo Jerusalén-, se producen en los municipios palestinos. También señala como factor de esta política de apartheid la legislación que permite la creación de consejos de comunidad en los municipios más pequeños: “Esos consejos deciden quién puede y quién no puede asentarse en ellos, lo que acaba excluyendo en la práctica a la población palestina, que está privada de vivir en el 43% de los municipios de Israel”.
El informe de HRW pone el ejemplo concreto de tres ciudades en tres localidades de tres regiones diferentes: Jisr al-Zarqa, en la costa mediterránea; Qalansawa, en el centro del país; y Ein Mahel, en el norte. “A través de la historia de estas comunidades podemos ver claramente cómo estas comunidades han sido rodeadas y asfixiadas, no sólo geográficamente, sino también económicamente, impidiendo cualquier forma de desarrollo”, explica Pineda.
De hecho, continúa, “Jisr al-Zarqa, el único pueblo costero palestino cuya población no fue expulsada en 1948, es estadísticamente el municipio más empobrecido de Israel”. En todas ellas, según el eurodiputado de IU, se ha seguido el mismo modus operandi: “Confiscación de tierra municipal tras la creación del Estado de Israel para reducir al mínimo el tamaño del municipio y confiscación de tierras privadas en las décadas posteriores. Después, desarrollo de infraestructuras a su alrededor sin tenerles en cuenta. Esto, ahoga a esas poblaciones ya que las deja sin ninguna posibilidad de desarrollo económico. Por último, demoliciones sistemáticas de cualquier tipo de nueva construcción y transferencia del máximo posible de población judía para cambiar finalmente el equilibrio demográfico”.
Por tanto, “no estamos ante unas políticas que sólo tengan por objetivo la discriminación de la población palestina, sino que pretenden asfixiarla hasta expulsarla. El objetivo a medio plazo es, por tanto, consolidar la colonización del territorio a través de una nueva mayoría demográfica que acabe con la presencia del pueblo palestino”, denuncia.
El eurodiputado de IU concluye haciendo un llamamiento a la Unión Europea para que tanto ella como sus Estados miembros «reconozcan ya el Estado palestino y congelen todas las relaciones económicas con Israel hasta que su Gobierno respete la legalidad internacional, los derechos humanos y, por tanto, deje de perseguir y asfixiar a la población palestina”. En definitiva, “que los permita vivir en paz”.
