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Enrique Santiago reclama a Grande-Marlaska en el Congreso promover una “política europea de inmigración justa” en la que es “imprescindible una nueva Ley de Asilo”

El portavoz parlamentario de Interior de Unidas Podemos señala como “prioritaria” al ministro del ramo en su primera comparecencia en comisión de esta legislatura la derogación de la Ley de Seguridad Ciudadana del PP -más conocida como ‘ley mordaza’- porque “lo contrario a ello no es seguridad, sino autoritarismo”, y resalta que “defendemos una ley que garantice la prevención del conflicto social y político, y no encomiende simplemente su control a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado”

El portavoz parlamentario de Interior del grupo parlamentario confederal de Unidas Podemos y diputado de Izquierda Unida, Enrique Santiago, ha reclamado esta tarde al titular de este departamento, Fernando Grande-Marlaska, que promueva desde el Gobierno de coalición una “política europea de inmigración justa”, dentro de la que cual resulta también “imprescindible una nueva Ley de Asilo”.

Durante su intervención en la primera comparecencia del ministro de Interior en esta legislatura en la comisión parlamentaria correspondiente para exponer sus planes de gobierno, Santiago le insistió en que esa política de inmigración “justa” pasa ineludiblemente por facilitar “garantías de acceso a una frontera segura” para las personas migrantes que quieran presentar una solicitud de asilo en nuestro país, algo que, además, “es un mandato del legislador internacional conforme establece la Convención de Ginebra de 1951”.

El parlamentario de IU entraba así de lleno en las posibles consecuencias que se pueden derivar de una futura interpretación restrictiva política y judicial del fallo que hizo público la pasada semana el Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) sobre las denominadas ‘devoluciones en caliente’. El TEDH, con sede en Estrasburgo, consideró que el Gobierno español no violó la legalidad internacional cuando agentes de la Guardia Civil expulsaron ‘en caliente’ en 2014 a dos inmigrantes africanos que saltaron la valla de Melilla. Esta sentencia de la Gran Sala del Tribunal Europeo de Derechos Humanos contradice una anterior -octubre del 2017- y da carta blanca a las prácticas que aplicó el Gobierno del PP, repetidas en menor medida también por el Ejecutivo en funciones del PSOE.

“Necesitamos vías legales y seguras -recalcó Santiago- y para eso es necesario implementar el Pacto Global para las Migraciones”. En la misma línea, interpeló a Grande-Marlaska al decirle que “señor ministro, creo que ha llegado el momento de definir y desarrollar en ese marco de garantías para el derecho de asilo el concepto de persecución por pertenencia a determinado grupo social, que consta en el artículo 1 de la Convención de Ginebra y que está más que deficientemente desarrollado en nuestro país”.

Enrique Santiago detalló también que la nueva Ley de Asilo que reclama “debe eliminar cualquier mecanismo de discriminación en las solicitudes de asilo desde el primer momento y garantizar una solicitud de asilo eficaz en fronteras y consulados españoles, además de más medios económicos” para gestionar estas peticiones.

Frente a la visión catastrofista de la política de Interior expuesta en sus intervenciones precisamente por las formaciones de derecha y ultraderecha representadas en el Congreso, las mismas que apuestan por un recorte continuado de derechos y libertades, el portavoz en esta materia de Unidas Podemos reclamó al ministro que “no acepte marcos de trabajo sobre situaciones que no existen”, partiendo de que España sigue siendo uno de los 10 países más seguros.

Mostró su apoyo a las 45 medidas que Grande-Marlaska expuso que quiere sacar adelantó en esta legislatura, aunque con cierto grado de escepticismo reconoció que “ojalá se pueden llevar a cabo todas, aunque nosotros nos daríamos por satisfechos si se desarrollaran las contenidas en el acuerdo de gobierno firmado por Unidas Podemos con el PSOE”.

Santiago coincidió con el ministro en considerar “prioritaria” la “derogación de la Ley de Seguridad Ciudadana” -más conocida como ‘ley mordaza’- impuesta por el Gobierno del PP. A su juicio, “lo contrario a ello no es seguridad, sino autoritarismo”, mientras que resaltó que “defendemos una ley que garantice la prevención del conflicto social y político, y no encomiende simplemente su control a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, lo que debería ser lo último”.

En un rápido resumen de las propuestas y valoraciones realizadas esta tarde por Enrique Santiago hay que destacar su reclamación para que “no haya una penalización del derecho de huelga”, que Interior se comprometa a ser “un ministerio que se ponga al servicio de las personas más débiles” y, en ese sentido, tachó de “buena noticia” la intención de “avanzar en el desarrollo del Estatuto de las Víctimas”, si bien criticó que a día de hoy sigan existiendo “cientos de miles de casos de víctimas de la dictadura franquista sin reconocer”.

En esta misma línea, Enrique Santiago consideró un “gran noticia” que se quiera “erradicar la trata de mujeres con fines de explotación y acabar así con las redes y mafias”, por lo que animó a Fernando Grande-Marlaska a elaborar con rapidez una “Ley Integral contra la Trata de Mujeres”.

El portavoz de Unidas Podemos defendió también, al igual que hicieron otros grupos, la “equiparación salarial de los miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado”, si bien señaló que ésta “también debe llegar a otros colectivos como, por ejemplo, los funcionarios de prisiones y, dentro de ellos, también al personal sanitario”, para quienes reclamó en su conjunto una “notable mejora de sus condiciones de trabajo”.

En este punto, recordó que su grupo parlamentario ha defendido desde siempre que la “política penitenciaria debería estar en el Ministerio de Justicia y no en el de Interior”, como ocurre en la mayoría de países europeos. Apuntó también que “ningún preso debería estar sometido a medidas de excepcionalidad”, en alusión a que se perpetúe la “política de dispersión de presos vascos. No queremos esto ni para ellos, ni para los presos ultraderechistas como García Juliá”, en alusión al asesino coautor de la matanza de Atocha en enero de 1977, condenado a 193 años de cárcel y que ha permanecido fugado 25 años hasta su reciente entrega a España desde Brasil.

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