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El Grupo Municipalista de Izquierda Unida – Podemos – Comuns reclama “que se ponga fecha” al acuerdo propiciado por el Gobierno para derogar la “negativa” Ley de Racionalización de la Administración Local

Juan Manuel Bermúdez, alcalde de Conil, dirigente de IU y representante del Grupo Municipalista en la última reunión de la Comisión Nacional de Administración Local (CNAL), traslada la satisfacción por las nuevas expectativas abiertas con el actual Gobierno para avanzar en políticas que favorezcan el municipalismo, tras una última década “en la que los ayuntamientos han visto coartada su autonomía local debido a normativas que daban la espalda al municipio y a sus necesidades reales”

El Grupo Municipalista de Izquierda Unida-Podemos-Comuns en la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP), representado en la Comisión Nacional de Administración Local (CNAL) por el alcalde de Conil y dirigente de IU, Juan Manuel Bermúdez, ha reclamado a la ministra de Política Territorial y Función Pública, Carolina Darias, “que se ponga fecha al acuerdo alcanzado para la derogación de la Ley de Racionalización y Sostenibilidad de la Administración Local, que ha supuesto un negativo recorte de competencias a los ayuntamientos”.

Bermúdez puso sobre la mesa esta exigencia durante la última reunión de la CNAL, el órgano permanente para la colaboración entre las administraciones estatal y local, celebrada ayer en Madrid. El alcalde de Conil insistió en la necesidad de que se eliminen las restricciones a la contratación y solicitó información, entre otras cuestiones, “sobre las predicciones para la eliminación de las restricciones al aumento del Capítulo I, situación injusta sobre todo para los pequeños ayuntamientos y los municipios turísticos”.

Detalló en su intervención que “la tasa de reposición no ha solucionado las carencias con las que estos municipios se han encontrado por la aplicación de esta norma y se ven abocados a no poder solucionar situaciones desesperantes para la ciudadanía, aun teniendo capacidad para hacer frente a los gastos y solo por culpa de unas restricciones que no se pueden justificar en base a una situación de partida que tiene más de una década de antigüedad”.

La reunión, convocada por el Ministerio de Política Territorial y Función Pública con carácter de urgencia, contó en su orden del día con el informe sobre los objetivos de estabilidad presupuestaria y deuda pública para el conjunto de las entidades locales hasta el 2023, así como la información sobre el grado de cumplimiento de los mismos.

Juan Manuel Bermúdez trasladó también la satisfacción por parte del Grupo Municipalista de Izquierda Unida-Podemos-Comuns ante las nuevas expectativas que se abren con el actual Gobierno para avanzar en políticas que favorezcan el municipalismo, tras una última década “en la que los ayuntamientos han visto coartada su autonomía local debido a normativas que daban la espalda al municipio y a sus necesidades reales”.

“Los ayuntamientos -afirmó- tenemos capacidad económica para impulsar el desarrollo de nuestros pueblos y ciudades, y sin embargo los alcaldes y alcaldesas nos hemos convertido en meros gestores incapacitados por las leyes, sin ni siquiera poder utilizar el superávit y los remanentes de tesorería para poner en marcha iniciativas que generen desarrollo y empleo”.

Otro tema importante y que suscitó debate en la reunión fue el generado por el pago del IVA. Para Bermúdez, resulta evidente que esos fondos derivados de la liquidación del IVA debían de haber sido transferidos a las comunidades y a los ayuntamientos en el marco actual de financiación, “pero también es cierto que “si alguien no puede protestar por ello es la derecha, ya que sus partidos votaron en contra del proyecto de Presupuestos Generales del Estado para 2019 que corregía el cambio normativo aprobado por el ex ministro Cristóbal Montoro”.

De hecho, la única forma legal de resolverlo es por vía presupuestaria ya que la partida no existe al haberse producido el ajuste en términos de Contabilidad Nacional hace dos años. Montoro actuó unilateralmente y con ‘nocturnidad’ al modificar el Sistema Inmediato de Información (SII) del IVA, lo que propició en la práctica que solo se recaudasen a efectos de las comunidades autónomas 11 meses del IVA.

Ante este problema, el Gobierno ha concedido una compensación a las corporaciones locales para satisfacer la merma de ingresos por el efecto del IVA pendiente de 2017. Esto va en línea con las medidas compensatorias trasladadas el pasado viernes a las comunidades autónomas.

A los ayuntamientos se les ha elevado en una décima -hasta el 2,9%-  la regla de gasto de 2020 y se ha propuesto deducir a cada ayuntamiento de esa regla del gasto la parte correspondiente al IVA. Bermúdez valora “positivamente” el interés del Gobierno por solucionar el problema, aunque adelanta que “desde la FEMP se propondrán al Ejecutivo otras medidas que ayuden a corregir este problema”.

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