Los eurodiputados de Izquierda Unida Manu Pineda y Sira Rego han solicitado este martes a la Alta Representante de la Unión Europea para Asuntos Exteriores, Federica Mogherini, que “garantice la seguridad de todos los parlamentarios del Movimiento al Socialismo (MAS)” que están siendo perseguidos en Bolivia tras el golpe de Estado y que movilice a los Estados miembros para que “brinden protección en sus embajadas a las personas amenazadas”.
En una carta a Mogherini, Pineda y Rego muestran serias dudas de que el informe de la Organización de Estados Americanos (OEA), que a la postre fue el detonante del golpe de Estado en Bolivia, sea concluyente acerca del supuesto fraude electoral.
Los eurodiputados de IU explican que en anteriores elecciones la OEA no había mostrado ningún tipo de objeción al sistema de conteo de votos en Bolivia, que ese mismo procedimiento se utiliza en otros países como Paraguay y Uruguay y, además, citan dos estudios que rebaten con datos la credibilidad del organismo que dirige Luis Almagro.
El primero de ellos, desarrollado por el investigador de Ciencias Políticas de la Universidad de Michigan Walter Mebane señala que “solo hubo irregularidades en 274 de las 34.551 mesas de votación”, cifras que “no distan de otras que se han dado en comicios en Honduras, Austria o Wisconsin”.
El segundo, del Centro de Investigación Económica y Política, con sede en Washington, concluye que ninguno de los recuentos, “ni el rápido ni el oficial, muestran patrones extraños en comparación con la distribución del voto en elecciones anteriores”, y responsabiliza a la OEA de haber generado una situación de alarma de forma deliberada. “Las dudas sin fundamento que vertió este organismo sobre las elecciones tuvieron una influencia significativa en la cobertura mediática y por lo tanto en la opinión pública”.
La actuación de la OEA, por lo tanto, fue determinante en el golpe de Estado, la salida del país del expresidente Evo Morales, del vicepresidente Álvaro García Linera, y de otros muchos altos cargos del Estado; de la autoproclamación de la diputada Jeanine Áñez como presidenta interina; y además provocó una oleada de violencia, represión y persecución sin precedentes a dirigentes, cargos públicos y simpatizantes del MAS.
Rego y Pineda recuerdan el caso de la presidenta del Senado, Adriana Salvatierra, que fue “agredida por la Policía Nacional boliviana” y que “a día de hoy se encuentra en paradero desconocido”. “Los asesinados, heridos de bala y detenidos de forma arbitraria son numerosos. Entre esas detenciones ilegales se incluyen los miembros del anterior Órgano Electoral, quienes han sido encarcelados sin pruebas. El resto de parlamentarios y parlamentarias del MAS viven bajo la amenaza constante de ser detenidos y acusados falsamente de comisión de delitos”, señalan en su carta.
Ante esto, Pineda y Rego solicitan a Mogherini que ponga en marcha una serie de medidas indispensables para restaurar la paz en Bolivia. Entre ellas, piden a la UE que la tome la iniciativa y organice “una comisión de expertos y expertas independientes que verifiquen la existencia o no de fraude electoral” en las elecciones; que invite a los Estados miembros “a brindar la necesaria protección internacional a todas aquellas personas que hayan sido amenazadas o que tengan fundado temor a ser víctimas de persecución, asegurando su derecho a pedir asilo o refugio de acuerdo con la legislación internacional”; que adopte “las medidas necesarias para que todo acto de violencia y violación grave de derechos humanos cometidos en el contexto del golpe de Estado sea investigado de manera independiente, imparcial y en cumplimiento del debido proceso”; y que “trabaje por la protección y seguridad de los parlamentarios y parlamentarias del MAS en Bolivia y que el retorno de Evo Morales y Álvaro García Linera se pueda producir con totales garantías para su integridad”
