La diputada de Izquierda Unida y candidata número dos por Málaga de Unidas Podemos en las próximas elecciones del 10N, Eva García Sempere, fue incluida en una ‘lista negra’ por la compañía química norteamericana Monsanto -adquirida posteriormente por la multinacional alemana Bayer por 56.000 millones de euros- y clasificada en la misma con un intenso color rojo -con el que clasifican a las personas más opuestas- como ‘strongly againts’ (fuertemente en contra) por su trabajo como portavoz de IU en la Comisión de Agricultura del Congreso contrario al herbicida glifosato, comercializado por estas empresas y considerado en diversos estudios internacionales como cancerígeno.
García Sempere aparece señalada en esa misma ‘lista negra’ como ‘influencer´ (persona con capacidad de influencia por su condición de parlamentaria) y también se señalan indicaciones sobre los ‘mensajes’ que la diputada debe recibir, entre ellos ‘excluir el glifosato de la agenda política’.
La parlamentaria andaluza y responsable federal de Política Medioambiental de IU conoció que estaba incluida esta ‘lista negra’ a través del despacho internacional de abogados Sidley Austin LLP, con sede en Bruselas. Este bufete le informó por correo que actúa en calidad de representante legal de Bayer AG y de sus sociedades filiales, tras ser contratados por la multinacional ‘para realizar una investigación tras la aparición de ciertas informaciones en la prensa sobre la existencia, ámbito y uso de las denominadas listas de partes interesadas’. Estas listas las elaboró la agencia de relaciones públicas Fleishman Hillard dentro de la campaña que inició Monsanto en 2016-17 para que se renovara el uso del glifosato.
Según los datos hechos públicos, buena parte de ellos por la propia Bayer, las referidas ‘listas negras’ contienen supuestamente datos de, al menos, 1.475 personas de 10 países, incluidas 339 pertenecientes a instituciones de la Unión Europea de varias nacionalidades. En ellas se incluye a políticos, periodistas, científicos y responsables de asociaciones agrícolas en función de su posición sobre productos que contienen organismos genéticamente modificados, entre ellos el herbicida glifosato, que Monsanto comercializó bajo el nombre de Roundup.
España, con 144 nombres, es el cuarto país con más personas incluidas en estas ‘listas negras’, en una relación que abarca supuestamente a otras 466 personas en Francia, Alemania (202), Polonia (152), Reino Unido (93), Italia (51), Holanda (20), Bélgica (4), EE.UU (3), Suiza (1)
A raíz de la polémica pública suscitada por estas acciones, principalmente en Francia, Bayer empezó a tomar medidas a mediados del presente 2019 y a pedir disculpas por lo ocurrido en el país vecino. La Fiscalía francesa tomó cartas en el asunto a partir de las informaciones aportadas, entre otros medios, por el diario ‘Le Monde’ y el canal France2.
La diputada Eva García Sempere decidió reclamar a Sidley Austin LLP toda la información que manejaran sobre ella, después de que este bufete le informó de esta posibilidad tras encontrar su nombre en las listas de la compañía adquirida por Bayer en la investigación que habían abierto.
‘Además de su nombre -le indicaba el despacho de abogados- las listas pueden incluir con carácter general su título profesional, organización, información acerca de su posición con respecto a la renovación del glifosato en la UE, su posición sobre Monsanto, así como cualquier contacto que la agencia pueda haber tenido con Usted acerca de esas cuestiones’.
El despacho indica también, por un lado, que ‘hasta donde hemos podido comprobar, las listas no incluyen datos personales ‘sensibles’’, aunque dejan abierta la posibilidad de que ‘si nuestra investigación revela cualquier información adicional que nos haga modificar la afirmación anterior, se lo notificaremos debidamente’.
García Sempere ha podido comprobar también que en la información que aparece en su ‘lista negra’ se indica que entre las formas de reconducir la opinión contraria al glifosato en España está la organización de ‘talleres’ y se cita también como representante de la industria a la Asociación Empresarial para la Protección de las Plantas (AEPLA), un ‘lobby’ o grupo de presión español al que pertenece Bayer y, en su momento, Monsanto, que se encarga en la práctica de representar a los fabricantes de productos fitosanitarios en nuestro país.
El glifosato es el herbicida más utilizado en el mundo y desde 2015 pasó a ser clasificado como un ‘cancerígeno probable’, entre otros por el Centro Internacional de Investigaciones sobre el Cáncer, agencia perteneciente a la Organización Mundial de la Salud (OMS)
Dentro de las acciones puestas en marcha por Bayer para hacer frente a la crisis desatada por el uso del glifosato y las ‘lista negras’ denunciadas en Francia, la multinacional emitió un comunicado hace unas semanas a nivel europeo en el que aseguró, según los medios de comunicación de ese país, que los datos contenidos en las ‘listas negras’ no son ilegales y solo se refieren a información de acceso público.
Esta valoración de Bayer contrasta con las informaciones publicadas por los medios franceses sobre los datos manejados en las listas de ese país. Allí la denuncia apunta a la ‘recolección de datos personales por medio fraudulento, desleal e ilícito. Las investigaciones periodísticas en Francia señalan que en los archivos, además de la posición de los personas sobre el glifosato, se recogerían supuestamente datos sobre sus pasatiempos, capacidad de ser influenciados, además de direcciones y teléfonos personales.
